Trabajadores venezolanos del petróleo, siderúrgicos, del aluminio, el carbón, el tren subterráneo capitalino, de la electricidad, la educación y la salud entraron en conflicto con su patrono, el gobierno, que a su vez amenaza con militarizar servicios o enfrentarlos con unidades de inteligencia militar y policial.
El descontento y la confrontación se expresan en declaraciones y protestas a las puertas de los centros de trabajo, pero también dieron paso a una reunión de grupos sindicales que por años estuvieron en aceras políticas opuestas, la oficialista y la opositora, algo inédito en esta década de intensa polarización de la sociedad.
La primera paralización de labores fue anunciada por los sindicatos de trabajadores docentes para este miércoles, "porque la convención colectiva de trabajo tiene tres años vencida y ya basta de que hagamos un sindicalismo claudicante. Vamos a la calle", dijo Edgar Bazán, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela.
Cada mayo, desde que llegó al gobierno de Venezuela en 1999, el presidente Hugo Chávez ha decretado aumentos en el salario mínimo, y en el caso de la administración pública alzas salariales por decreto han obviado la discusión de contratos colectivos de trabajo.
El salario mínimo en Venezuela equivale a 370 dólares mensuales y, según el estatal Instituto de Estadísticas, cubre 87 por ciento de la canasta alimentaria, aunque la Federación de Maestros indica que sólo llega a 46 por ciento y según con fuentes sindicales es el salario que cobran casi la mitad de los trabajadores, en una población económicamente activa de 12,6 millones.
La perspectiva de reducción del gasto público, alzas de impuestos, mayores controles estatales sobre la economía y otros ajustes en 2009 y 2010, debido al impacto de la crisis económica global, opera como telón de fondo en la confrontación gobierno-sindicatos.
"No toleraré sabotajes. El que pare una empresa del Estado se está metiendo con el jefe del Estado y se las verá conmigo", dijo Chávez al iniciar a mediados de mes la construcción de una nueva siderúrgica en el emporio industrial de Guayana, en el sudeste del país.
El Estado es dueño en la zona de industrias de bauxita, aluminio, ánodos de carbón, mineral de hierro y oro, hidroelectricidad y acero Esta última es la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), que era del grupo argentino Techint y fue nacionalizada hace un año con apoyo de los sindicatos y tras invocar Chávez que sus ex dueños incumplían normas laborales.
Las instalaciones de Sidor son un hervidero de reuniones y asambleas obreras en torno a sus reivindicaciones, como también, en otras partes del país, centros de trabajo de las industrias petrolera y eléctrica, e instalaciones educativas y de salud.
Chávez criticó que los trabajadores de las industrias del acero y aluminio "pretendan ganar sueldos de 3.000 y 5.000 bolívares (de 1.300 a 2.300 dólares) y quieran enviar a sus hijos a colegios privados. No vamos a destinar recursos a eso en vez de a las Madres del Barrio", un programa de auxilio económico a mujeres muy pobres.
También acusó a los sindicalistas de la región, en alusión a cobros de comisiones a cambio de concesiones, de "prácticas corruptas de la Cuarta República", como denomina Chávez a los 40 años anteriores a su llegada al gobierno y en los que se sucedieron a cargo de la presidencia la socialdemócrata Acción Democrática y el socialcristiano Copei.
Por ello ordenó a la policía política (Disip) y a la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) que preparasen investigaciones sobre presuntas "mafias sindicales".
El presidente "anuncia las acciones que va a tomar como el que prepara una nueva batalla que va a emprender como militar, y nos amenaza si paralizamos las empresas básicas, pero esas ya están semiparalizadas por la falta de inversión", dijo a IPS Víctor Moreno, un ex obrero siderúrgico que preside la Federación de Trabajadores del estado de Bolívar, gran parte de la sudoriental Guayana.
"Los beneficios de que disfrutan los obreros del acero, de la bauxita, del aluminio y de Guri (gigantesca represa hidroeléctrica de la zona) son producto de largos años de luchas y sacrificios. ¿Por qué nuestros hijos no pueden aspirar a un buen colegio, como los hijos de los burócratas de Caracas?", interrogó Moreno.
También este mes, el presidente encaró un conflicto con los 3.000 trabajadores del Metro de Caracas, cuyo sindicato ha sido un tradicional bastión "chavista" y de izquierda. "Han amenazado con paralizar el Metro. Si lo hacen, lo militarizo", dijo Chávez.
El conflicto del Metro se ha hecho clave y su sindicato debió sumergirse en nuevas negociaciones con el gobierno, después de que ya había sellado y depositado en texto convenido en el Ministerio del Trabajo. Por llegar a ese convenio con el sindicato, Chávez ordenó destituir a la dirección de la corporación de transporte subterráneo.
"No debemos aceptar que un contrato de trabajo se homologue (se deposite como acuerdo definitivo en el Ministerio del Trabajo) y después sea desconocido por el patrono, sea público o privado", comentó a IPS Orlando Chirino, líder del movimiento Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (CCURA).
Según Chirino, "lo más grave es que Chávez amenace con militarizar el Metro y entregar la operación del sistema a los militares. Es una declaración de guerra y un emplazamiento a los dirigentes obreros que siguen al gobierno: ¿De cuál lado se colocarán, de los militares o de los trabajadores?", interrogó Chirino.
La CCURA que dirige Chirino es una de las cinco tendencias de la pro-oficialista Unión Nacional de Trabajadores (UNT), una central sindical creada hace siete años para oponerla a la tradicional y ya muy reducida Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), dirigida por socialdemócratas desde su creación en 1936.
Los conflictos comenzaron en enero, cuando médicos y otros trabajadores de la salud al servicio de la alcaldía metropolitana de Caracas protestaron por su adscripción al Ministerio de Salud, una vez que el gobierno nacional comenzó a quitarle competencias a gobernaciones y alcaldías ganadas por opositores en las elecciones de 2008.
Le siguieron trabajadores de la estatal industria petrolera —principal fuente de ingresos del país— en refinerías de occidente y campos de producción de oriente. Desde febrero se pusieron en pie de lucha trabajadores de una mina de carbón en el noroeste del país y los de las empresas de siderurgia y aluminio en el sudeste.
Luego se movilizaron trabajadores del Metro de Caracas y los que construyen el tren urbano en la vecina ciudad de Valencia, y les siguieron los de las compañías de electricidad, incluida la de Caracas, estatizada hace dos años.
Chávez reemplazó a quien tenía como ministro del Trabajo desde 2007, Roberto Hernández, un antiguo comunista y abogado laboralista, por María Cristina Iglesias, considerada del grupo de "halcones" en su equipo de colaboradores.
La respuesta de grupos y dirigentes sindicales fue constituir una "Plataforma de Solidaridad Sindical", en la convergieron líderes de sindicatos en empresas básicas estatales y de varias corrientes de orientación, incluidas la CTV y CCURA.
"La idea es desarrollar un movimiento de defensa de los derechos obreros a la contratación colectiva y para enfrentar las bravuconadas, la disminución de nuestras conquistas y la militarización de empresas y servicios que se quiere impulsar", dijo Moreno, uno de los organizadores de la nueva plataforma.
Se trata "de un acuerdo para defender derechos fundamentales, con prescindencia de la tendencia política o central obrera a la que se adhieran sindicatos y trabajadores", postuló Manuel Cova, secretario general de la CTV.
Los diputados Francisco Torrealba y Osvaldo Vera, dirigentes de la corriente oficialista Fuerza Bolivariana de Trabajadores, dijeron que impulsan acuerdos "para evitar que sindicaleros y opositores nos retrotraigan a la Cuarta República".
"La mayoría de los trabajadores, incluyendo los ferrocarrileros, respaldamos los cambios que impulsa el gobierno y estamos dispuestos a aportar nuestra cuota de sacrificios", aseveró Torrealba, ex presidente del sindicato del Metro.
Chirino sostuvo que "desde hace tiempo el gobierno tiene una política antiobrera y antisindical. Cada vez se restringen más los derechos democráticos, como el derecho a huelga, que es histórico y universal, y no nos lo van a quitar".
