Cuando Paulina tuvo su entrevista para trabajar en una de las tiendas de la cadena minorista estadounidense Wal-Mart en la capital de México, lo primero que le preguntaron fue si estaba embarazada, lo que entonces no sabía que era ilegal.
"Tuve que presentar un certificado de mi estado de salud para poder obtener el trabajo", relató Paulina a IPS en el estacionamiento de uno de los grandes almacenes de la transnacional, situado en el sur de la capital. Paulina es el nombre ficticio de una cajera de 31 años, que sólo así aceptó contar su experiencia, temerosa de represalias si era vista hablando con un periodista.
El caso de Paulina es una muestra de la persistencia de prácticas discriminatorias que violan los derechos laborales de las mujeres en México, pese a que ellas representan ya 42 por ciento de la población económicamente activa de la segunda economía latinoamericana, que casi alcanza 46 millones de personas.
Valeria Scorza, directora del no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), explicó a IPS que los sectores del trabajo doméstico, la maquila, la minería y la agricultura son los que presentan graves situaciones de atropello a los derechos laborales, en particular para las mujeres.
"En esos trabajos existen riesgos para la salud, exposición a tóxicos, no hay acceso a seguridad social", enumeró Scorza, cuya organización surgió en 2005 para promover el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales.
Datos oficiales indican que unos 14 millones de mujeres trabajan en actividades remuneradas en México. Según el oficial Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 94 por ciento de las que laboran en el sector agropecuario y 33 por ciento de las que lo hacen en la construcción carece del servicio de salud.
Tampoco en la economía informal existe alguna protección laboral para las mujeres, aunque las cifras del sector en cuanto a la participación femenina y su importancia económica no son fidedignas, comentó Scorza.
"En las labores agrícolas y maquiladoras, las grandes marcas se desentienden de la responsabilidad social en toda la cadena laboral", señaló a IPS Emilienne De León, directora ejecutiva de la no gubernamental Semillas, organización que impulsa los derechos de género en México.
Los empleadores actúan con impunidad, explicaron las expertas, porque conocen que la Secretaría (ministerio) del Trabajo cuenta con sólo 200 inspectores para monitorear el respeto a las leyes laborales en un país con una superficie de casi dos millones de kilómetros cuadrados y dividido en 32 estados.
De acuerdo con Inmujeres, sólo 43 por ciento de las mujeres ocupadas en México cuentan con algún tipo de protección laboral y sólo 35 por ciento gozan del derecho a acceder a instituciones de salud y otros beneficios. El sector donde la mujer percibe en mayor proporción todas las prestaciones a las que legalmente tiene derecho por su trabajo, es el de los servicios, con una tasa de 27,6 por ciento.
En las maquilas, especialmente en las que operan en el norte de México cerca de la frontera con Estados Unidos, la situación es preocupante, denunció a IPS Beatriz Luján, dirigente del sindical Frente Auténtico del Trabajo, con unos 35.000 afiliados.
"En las maquilas no hay movilidad laboral. En algunas, los puestos de alto nivel están vedados para las mujeres. Además, el acoso sexual es muy general y la mayoría de las veces no se denuncia", declaró.
En los estados norteños trabajan más de 500.000 mujeres en maquilas de textiles y productos para la industria automotriz, como sillones y alfombras.
El término maquila fue rescatado precisamente en México del castellano medieval, para describir a las empresas que fabrican para marcas de otros países, a cambio de una porción del beneficio, sin que la producción llegue al mercado local y con exenciones impositivas para la materia prima importada.
Desde su surgimiento en los años 60, la maquila ha sido criticada por organismos internacionales y fuerzas sindicales de los países donde se instala, por ser un sistema que se presta a la explotación laboral gracias a los limbos legales de su funcionamiento.
La Constitución mexicana y la Ley Federal del Trabajo prohíben la discriminación laboral por razones de edad, sexo, embarazo, religión, raza o color de piel, entre otros aspectos. Además, está prohibido el despido de mujeres encintas.
EL CASO NADA EJEMPLAR DE WAL-MART
Para ilustrar el nulo respeto a los derechos laborales de mujeres y menores de edad, Prodesc efectuó una investigación sobre la situación en Wal-Mart, la mayor cadena mundial de tiendas por departamentos y la mayor empleadora privada en México.
El informe "Lo barato sale caro: violaciones a los derechos humanos laborales en Wal-Mart México" concluyó que la empresa violenta derechos en materia de salarios, salud, seguridad, horarios, pagos de horas extras y prestaciones laborales. También impide la creación de sindicatos, bajo la argucia de considerar como "asociados" a sus empleados.
El título del estudio hace referencia al lema del conglomerado: la tienda de los precios bajos ,y De León subrayó que en un mercado muy concentrado como el mexicano, el comportamiento de Wal-Mart causa un daño especial porque otras empresas, para competir con ella, imitan sus prácticas negativas, bajan sus condiciones laborales y refuerzan la discriminación de género.
Shaila Toledo, investigadora de Prodesc que participó de la elaboración del documento, indicó que las trabajadoras sufren discriminación y explotación, al solicitarles al momento de ingreso una prueba de embarazo y obstaculizarles posibilidades de ascenso.
El reporte da cuenta de las condiciones en que laboran cerca de 130.000 empleados de esa firma, que llegó a México en 1991 y que opera 895 tiendas en 141 ciudades del país.
La investigación se realizó entre junio y julio de 2007 entre 247 trabajadoras en ocho de los 32 estados, y uno de los temas centrales hallados fue el de los bajos salarios, pues 52 por ciento de las encuestadas respondieron que su sueldo es insuficiente para cubrir sus necesidades más elementales.
A pesar de que la cadena minorista registra ganancias anuales superiores a los 20.000 millones de dólares, las trabajadoras ganan mensualmente, en promedio, entre 200 y 350 dólares. El salario mínimo en México es de unos cuatro dólares diarios.
Wal-Mart paga a sus "asociados" con dos tarjetas plásticas. Una sirve para retirar el depósito de una parte del salario de un banco, en un sistema que obliga al uso de la red interna de cajeros automáticos de las tiendas, y la otra sólo sirve para adquirir productos en sus propias tiendas mediante los llamados "vales de despensa".
La Suprema Corte de Justicia declaró en septiembre de 2008 inconstitucional la segunda modalidad, al compararla con el sistema de "tiendas de raya", que se aplicaba en las fincas mexicanas en el siglo XIX.
En aquella época, los trabajadores del campo mexicano sólo podían adquirir bienes en la tienda de su patrón y a precios muy altos, lo que los mantenía en un estado de semiesclavitud.
Sin embargo, el fallo del tribunal sólo beneficia al trabajador que demandó a Wal-Mart y no a todos los empleados de la transnacional, porque la legislación mexicana no contempla la figura de la acción colectiva, al contrario de Estados Unidos y otros países.
"No sé si el fallo de la Suprema Corte vaya a influir en la manera que Wal-Mart se conduce", dijo Toledo.
Al conocerse el estudio, la empresa lo descalificó al alegar que no era objetivo ni veraz. Además, la firma aseguró que sus "asociados" ganan salarios y prestaciones superiores a los pautados por las leyes mexicanas.
También afirmó que más de 11.600 trabajadoras fueron ascendidas de puesto en 2008, pese a que las encuestas mostraron que las mujeres son discriminadas en su ascenso frente a los hombres y reciben menos salario que ellos por igual trabajo.
La directora de Semillas recordó que muchas empresas internacionales, especialmente del ramo textil, han cortado la entrega de materias primas a firmas que violan los derechos laborales. "Con Wal-Mart se podría proceder de la misma manera", planteó.
En Estados Unidos, donde Wal-Mart opera unos 3.400 establecimientos y emplea a 1,6 millones de personas, enfrenta una demanda colectiva por discriminación de género, el mayor caso en la historia de esa nación.
Aunque Paulina ignoraba cuando entró a trabajar en Wal-Mart que preguntar por un posible embarazo era ilegal, se sintió vejada por esa y otras preguntas personales a las que debió contestar, al igual que al menos la mitad de las trabajadoras de la empresa, según determinó el estudio.
También ha sabido de mujeres que fueron despedidas, bajo el pretexto de problemas de seguridad, cuando se supo que esperaban un hijo, tal como refleja el estudio que sucede en dos por ciento de los casos.
Paulina también ha sufrido el ventajismo de los hombres a la hora de los ascensos. "Tengo un expediente perfecto, pero hace cuatro meses eligieron para supervisor a un colega, que ya ganaba más que yo como cajero". "Las mujeres somos mayoría, pero los hombres son los privilegiados", criticó.
Por eso, organizaciones como Prodesc y Semillas han puesto en marcha programas de información en maquilas y en explotaciones mineras, para que las trabajadoras conozcan sus derechos y así pueda disminuir la proporción de infracciones a sus derechos laborales.
La investigación sobre Wal-Mart descubrió también violaciones a los derechos de los 75.000 menores trabajadores, encargados de empacar los productos adquiridos por los clientes a cambio de propinas, conocidos en México como "cerillos".
Los menores no perciben salario, pero son obligados por la transnacional a realizar tareas como acomodar los carritos de la compra y colocar las mercancías en los estantes. Además soportan jornadas muy superiores a las seis horas permitidas legalmente y otros tipos de explotación.
