La Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya ordenó este miércoles el arresto del presidente de Sudán, Omar Al-Bashir, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad en Darfur, en el occidente de su país.
La decisión recibió una salva de aplausos de organizaciones de derechos humanos que durante mucho tiempo la reclamaban.
Richard Dicker, de Human Rights Watch, dijo que se trata de "una ocasión oportuna, primero y por sobre todo, para el pueblo de Darfur, pero también para la CPI, para la causa de la justicia y para poner fin a la impunidad de los crímenes más serios".
Apenas anunciada la decisión, miles de personas salieron a las calles de Jartum para apoyar a Bashir, quien advirtió en reiteradas ocasiones que su país desconoce a la CPI. La orden "no vale la tinta en que está impresa", dijo ese miércoles.
"Hoy es un día de indignación nacional", dijo a la prensa el embajador de Sudán en la ONU, Abdalmahmood Abdalhaleem Mohamad. "Condenamos con fuerza este veredicto. La CPI no existe para nosotros. No estamos obligados por su decisión y no vamos a cooperar con ella."
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La CPI es una herramienta al servicio de las aspiraciones imperiales y hegemónicas de Occidente, afirmó.
La orden de arresto fue rechazada también por la Unión Africana (UA), la Liga Árabe y China, aliada de Sudán y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Algunas voces se alzaron para advertir que la decisión es un obstáculo para el frágil proceso de paz en la región y que podría desatar una escalada de la violencia.
Pero organizaciones de derechos humanos replicaron que renunciar a la justicia a cambio de una posibilidad de paz no es una postura creíble ni sostenible.
"No hay un proceso de paz real del que hablar. Ninguno de los bandos muestra voluntad para poner fin al conflicto", dijo Dicker a IPS. "Dados los crímenes cometidos por el gobierno sudanés contra su pueblo en los últimos seis años, yo no descartaría ninguna represalia."
Algunos analistas sugieren que un recrudecimiento de la violencia aislará más a Bashir y a su gobierno, lo cual precipitaría su caída y arresto, como le ocurrió al líder serbio Slobodan Milosevic (1946-2006, que gobernó entre 1989-2000).
Existen preocupaciones relativas al personal de la ONU en territorio de Darfur.
Alan Le Roy, subsecretario general de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la ONU, dijo el martes a la prensa que no hay planes para trasladar o reducir la Unamid, la misión militar del foro mundial y la UA.
"Estamos profundamente preocupados por las tensiones en la frontera entre Sudán y Chad", pero "tenemos que cumplir nuestro mandato, que es proteger a 14.000 desplazados cerca de nuestro campamento", enfatizó Le Roy.
El portavoz del secretario general de la ONU Ban Ki-moon confirmó este miércoles que la misión patrulla el área como de costumbre, y que sus operaciones no se ven afectadas por el anuncio de la CPI.
El Consejo de Seguridad de la ONU remitió en 2005, a través de la resolución 1.953, el caso de Darfur a la CPI. Sudán no es parte del Estatuto de Roma, constitutivo del tribunal, pero su artículo 13 prevé la remisión de casos por parte del Consejo.
El fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, abrió el caso en junio de 2005, y en julio de 2008 pidió la orden de arresto contra Bashir. El tribunal también ordenó detener al ministro de Asuntos Humanitarios Ahmad Mohammad Harun y a Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, supuesto líder de las milicias árabes janjaweed ("hombres a caballo"), a las que se presume apoyadas por Jartum.
Los janjaweed y el régimen sudanés son acusados de implementar una campaña de limpieza étnica contra tres tribus negras que respaldan a dos grupos guerrilleros.
En noviembre de 2008, Moreno Ocampo solicitó órdenes de arresto para atacantes contra las fuerzas de la Unamid.
La CPI señaló en un comunicado de prensa que "según los jueces, los delitos fueron presuntamente cometidos durante una campaña de contrainsurgencia de cinco años del gobierno de Sudán contra el Movimiento/Ejército de Liberación Sudanés (SLM/A), el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM) y otros grupos armados" insurgentes.
Los enfrentamientos causaron 300.000 muertos y 2,7 millones de desplazados, según estimaciones de la ONU. El gobierno sudanés sostiene que el conflicto ha sido exagerado y los números inflados.
La CPI es un órgano judicial independiente y permanente creado por la comunidad internacional en 1998 con el objetivo de perseguir los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Aunque la acusación y la orden de arresto habían sido previstas por organizaciones de derechos humanos, a Bashir no se le acusó de genocidio por falta de "motivos razonables".
La CPI suele recibir acusaciones de doble discurso por promover una "justicia blanca" al perseguir solo a africanos.
"Los líderes africanos han fracasado en su propia responsabilidad ante sus pueblos", y no habría necesidad de apelar a la CPI si Sudán contara con los mecanismos legales adecuados, dijo Niemat Ahmadi, activista por los derechos femeninos e integrante de la red Save Darfur Coalition.
Los otros tres casos que actualmente están en manos de la CPI son los de República Democrática del Congo, República Centroafricana y Uganda. Todos los casos fueron remitidos a la Corte por los respectivos países, y hasta ahora los acusados han sido señores de la guerra depuestos u opositores al gobierno.
Las guerras en Iraq y Afganistán, así como la situación en Palestina, agravada por el ataque de Israel contra Gaza entre el 27 de diciembre y el 17 de enero, llevaron a que muchos —entre ellos gobierno, periodistas y ciudadanos comunes de Sudán— pongan en duda la capacidad de la CPI de juzgar a líderes occidentales.
Dicker replicó que la CPI es muy nueva y opera en un campo de juego desigual. Aunque reconoció que los "líderes estadounidenses o europeos tienen menos probabilidades de ser acusados en este tribunal", agregó que "es contraproducente decir que no puede haber justicia porque no podemos tener justicia para todos".
Estados Unidos, pese a no estar dispuesto a integrarse a la CPI y a sus esfuerzos previos por debilitarla, ha sido crucial en la remisión del caso de Darfur a través del Consejo de Seguridad.
Durante el gobierno de George W. Bush (2001-2009), una investigación independiente concluyó que en Darfur estaba ocurriendo un genocidio. Gran Bretaña y Francia también apoyaron la acusación.
