El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, esperará cambios concretos en Zimbabwe, tras el acuerdo por un gobierno de unidad nacional entre el presidente Robert Mugabe y el líder opositor Morgan Tsvangirai, antes de decidir su política hacia ese país africano.
El parlamento de Zimbabwe aprobó por unanimidad el jueves la reforma constitucional que, entre otras cosas, crea el cargo de primer ministro, lo cual abre paso a la constitución del gobierno.
"El éxito o fracaso del gobierno dependerá de que Mugabe y su Unión Nacional Africana de Zimbabwe—Frente Patriótico (ZANU-PF) compartan el poder de forma creíble e inclusiva" con la oposición, señaló el martes Robert Wood, portavoz de la casa Blanca.
"La comunidad internacional debe mantenerse involucrada y seguir de cerca las acciones del señor Mugabe para garantizar que se ajusten al texto y al espíritu del acuerdo, incluido el respeto por los derechos humanos y por el estado de derecho", apuntó.
"Urgimos a la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC) a cumplir con su obligación, garantizando que el señor Mugabe siga el camino de la reconciliación y coopere de forma genuina con el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC)", de Tsvangirai, añadió.
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Pero organizaciones de derechos humanos muestran escepticismo.
"Creo que el acuerdo tiene muchas fallas", sostuvo Briggs Bomba, director de campañas de la organización no gubernamental Africa Action, con sede en Washington.
"Socava las aspiraciones más básicas de la población de Zimbabwe y que definen una democracia: derechos humanos y justicia. Ahora parece una oportunidad para aliviar de forma temporal el sufrimiento de la gente", dijo.
"El plan de Mugabe es simple: obtener la mayor cantidad de logros del acuerdo, mostrar un buen comportamiento hasta que se levanten las sanciones y se reanude la asistencia, nombrar un sucesor y luego reanudar de a poco los ataques contra el MDC antes de las próximas elecciones", pronosticó Jon Elliot, director para África de Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.
La formación del nuevo gobierno es el último episodio de la crisis que se prolongó casi un año tras el triunfo del MDC en los comicios de marzo de 2008. Antes de la segunda ronda electoral, el ZANU-PF lanzó una violenta campaña de intimidación y violencia contra la oposición, lo que llevó a Tsvangirai a retirarse de la contienda.
Mugabe se proclamó triunfador, pese a que observadores independientes de África meridional concluyeron que las elecciones no fueron libres ni justas.
En los seis meses siguientes, la SADC, encabezada por Sudáfrica, medió para promover un acuerdo hacia un gobierno de coalición, que finalmente se pudo firmar el 15 de septiembre.
Según el convenio, Mugabe mantendría la presidencia, Tsvangirai ocuparía el cargo de primer ministro y el MDC mantendría la mayoría parlamentaria.
Pero los dos partidos no lograban durante los últimos cuatro meses ponerse de acuerdo en el reparto de ministerios, pues Mugabe insistía en mantener el control de las fuerzas de seguridad y del ejército.
Mientras, las condiciones en Zimbabwe siguieron deteriorándose, con una inflación sin precedentes y el desmoronamiento del sistema de salud pública que en otros tiempos fue modelo.
La epidemia de cólera desatada en agosto se cobró la vida de más de 3.000 personas y afectó a 65.000, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que siete millones de los nueve millones de habitantes de Zimbabwe necesitarán asistencia alimentaria este mes.
En julio pasado, el gobierno del ex presidente George W. Bush, junto con los de la Unión Europea (UE), reforzaron sus sanciones contra Zimbabwe, pero no lograron que el Consejo de Seguridad de la ONU hiciera lo mismo porque China y Rusia vetaron la iniciativa.
A mediados de diciembre, Bush, el primer ministro británico Gordon Brown y el presidente francés Nicolas Sarkozy pidieron a Mugabe que se retirara.
"Llegó la hora de que Robert Mugabe se vaya", sentenció entonces Bush.
Pero Mugabe no cedió a la presión.
La semana pasada, Tsvangirai aceptó implementar el acuerdo del 15 de septiembre y el parlamento aprobó el jueves por unanimidad la reforma constitucional por la que el líder del MDC podrá ser primer ministro.
Numerosos analistas independientes sostienen que el acuerdo es frágil y que no durará mucho.
"Es una cuestión de cuándo, no de si se va a seguir o no", señaló la semana pasada al diario The New York Times Sydney Masamvu, analista del centro de estudios Grupo Internacional de Crisis.
"El acuerdo no refleja la voluntad de los zimbabwenses y es difícil que sea una solución política viable a menos que el ZANU-PF cambie totalmente su comportamiento", señaló Jennifer Windsor, directora ejecutiva de la organización Freedom House, con sede en Nueva York.
Muchas organizaciones no gubernamentales creen que la postura de Obama de esperar a ver qué pasa es correcta.
"Occidente no debe apurarse a levantar las sanciones ni a dar dinero a cambio de un mal acuerdo", señaló Elliot, de HRW. "También es necesario implementar un programa completo de reforma del gobierno y de auditoría antes de volcar un solo dólar de los contribuyentes estadounidenses a la reconstrucción" del país africano.
"Las crisis humanitaria y de salud requerirán de un enorme esfuerzo internacional en 2009", añadió. "En eso deben concentrarse por ahora".
Muchas organizaciones consideran que la mano dura de Bush fue contraproducente y sostienen que el nuevo gobierno de Estados Unidos debe ser más respetuoso de la posición de otros países de la región conforme la situación evoluciona.
Es "importante abandonar la contraproducente 'diplomacia de cowboy' empleada por Bush, que puso contra la pared a muchos actores relevantes de Sudáfrica", dijo Bomba a IPS.
El nuevo gobierno "debe informarse más de las discusiones tras bambalinas y de los consensos en el seno de la SADC para no salir a los gritos", añadió.
