Dos activistas japoneses de Greenpeace Internacional se arriesgan a pasar 10 años en prisión, tras dejar al descubierto un mercado negro de carne de ballena en manos de tripulantes de barcos científicos. El gobierno se muestra inmutable.
Los ambientalistas Juichi Sato y Toru Suzuki comparecieron ante un tribunal este mes, acusados de ingresar hace 10 meses a una propiedad ajena y robar una caja de carne de ballena, en un juicio con claras connotaciones políticas.
La Convención Ballenera Internacional autoriza a Japón a capturar una cantidad limitada de estos mamíferos marinos en el marco de investigaciones científicas.
Pero ambientalistas han asegurado desde hace mucho que la carne de ballenas muertas bajo la fachada de la investigación es vendida a clientes japoneses.
Todo comenzó hace un año, cuando un ex tripulante de una flota ballenera contactó a Greenpeace para informarle que tripulantes de buques balleneros japoneses vendían la carne que sacaban de ellos en su propio beneficio.
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Tras investigar el caso, la organización ambientalista internacional concluyó que alrededor de 93 cajas de "equipaje personal", etiquetado como "cartón", o "elementos salados", fueron introducidas del barco Nisshin Maru al puerto de Tokio, luego de una travesía de cinco meses por el océano Antártico.
Las cajas tenían la dirección de los hogares de miembros de la tripulación del Nisshin Maru.
Uno de los embarques se dirigió a la septentrional localidad de Aomori, donde Juichi Sato y Toru Suzuki ingresaron al camión y tomaron una de las cajas, que no contenían "cartón" sino cortes de carne de ballena de primera calidad.
En mayo de 2008, los "dos de Tokio", como son conocidos ahora los activistas, entregaron la carne a la fiscalía en Tokio, junto con un informe que ofrecía detalles sobre la investigación.
Según Greenpeace, se trataba de evidencia contundente sobre una operación de contrabando de carne de ballena y de corrupción a gran escala en el santuario ballenero del océano Antártico.
Mientras, la empresa de transporte Seino informó a la policía que faltaba una caja de su camión de reparto, lo que condujo a los arrestos de Sato y Suzuki.
Su encarcelamiento causó una tormenta pública. Fue la primera vez que el público japonés conoció de fuentes fidedignas la conexión entre el contrabando de carne de ballena y la investigación científica.
El caso ha planteado preguntas legales que normalmente no se encuentran en un juicio por intrusión y robo, según el principal abogado de la defensa, Yuichi Kaido.
Los acusados, que comparecieron ante el tribunal el día 13, nunca negaron haber ingresado a un estacionamiento y sacado de allí una caja de carne de ballena que no les pertenecía. En eso se apoya la demanda del fiscal.
"Ningún activista tenía el propósito de adueñarse ilegalmente de nada, y ese propósito constituye uno de los elementos del delito de 'robo' tal como define la ley japonesa", dijo Kaido.
"Según los tribunales internacionales, el respeto por la libertad de expresión es esencial, y eso corre para las organizaciones de noticias y no gubernamentales que juegan su papel de control público en una democracia", agregó.
Desde la perspectiva del derecho internacional, lo que hicieron Sato y Suzuki fue un ejercicio de libertad de expresión garantizada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, indicaron los abogados.
Greenpeace dijo que, en lugar de acusar a sus miembros, los fiscales deberían concentrarse en los burócratas que dirigen el programa ballenero financiado por dinero de contribuyentes japoneses.
Sin embargo, la oficina del fiscal de distrito de Tokio declaró en mayo de 2008 que no existía ninguna evidencia de contrabando y que no investigaría a la tripulación del Nisshin Maru ni a los funcionarios balleneros.
Takashi Akamatsu, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo a IPS que el gobierno no formularía declaraciones sobre el caso porque actualmente está en manos de la justicia.
El gobierno japonés alega que las ballenas cazadas son usadas en estudios científicos, y que la venta de carne tiene la finalidad de cubrir el costo de la investigación. Hay áreas específicas donde los japoneses tienen legalmente permitido cazar y vender la carne de estos mamíferos.
El sitio web de la cancillería señala que "ciertas organizaciones no gubernamentales y medios de prensa difunden al público información errónea sobre este asunto para causar una reacción emocional contra nuestras actividades y dificultar el diálogo".
El Ministerio de Relaciones Exteriores considera que la caza de ballenas ya no es un problema de conservación, como ocurría en los años 60 y 70, cuando varias especies de estos cetáceos eran objeto de captura excesiva y se exigió medidas efectivas y urgentes para protegerlas.
"Es otra pieza de propaganda. Miles de ballenas siguen muriendo cada día por varias interferencias de humanos, incluido el cambio climático", dijo Jun Hoshikawa, director ejecutivo de la filial japonesa de Greenpeace y autor de 60 libros.
El activista acusó al gobierno japonés de desdibujar el asunto al continuar avivando los sentimientos nacionalistas. La Agencia de Pesca alegó que al matar ballenas en el océano Antártico está defendiendo la cultura japonesa con el apoyo de su pueblo.
Japón caza y come ballenas desde hace 100 años. El nombre tradicional de la ballena es "pez valiente". Se lo sirve como un manjar en ocasiones especiales y festivales. Actualmente está disponible en los supermercados e incluso figura en los almuerzos escolares.
Pero desde que estalló el escándalo aumentó la conciencia de que matar ballenas en el santuario del océano Antártico no es ético.
De hecho, el sentimiento del público japonés contra la caza de ballenas en ese punto creció a 60 por ciento, un leve incremento respecto del año pasado, según una encuesta realizada por el privado Centro de Investigaciones Niponas.
Greenpeace se opone a la "investigación ballenera" en aguas antárticas porque la zona fue designada como santuario de estos cetáceos por la Comisión Ballenera Internacional, a la que el gobierno japonés no adhiere, según Hoshikawa.
"El programa japonés de investigación mata a unos 1.000 cetáceos cada año en el Santuario de Ballenas del océano Antártico", dijo.
"Es una clara violación del espíritu del santuario y de la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de las Ballenas. No debería abusarse del dinero de los contribuyentes japoneses en la caza comercial de ballenas financiada por el Estado", sostuvo.
Mientras, Sato y Suzuki están libres bajo fianza con muchas condiciones, entre ellas no trabajar para Greenpeace y permanecer cerca de sus hogares.
