Fuerte repudio y reclamos al gobierno para que adopte medidas urgentes fueron las primeras reacciones que catapultó el informe de la Defensoría del Pueblo de España sobre los malos tratos que se perpetran en centros de protección de niños, niñas y adolescentes en distintas partes del país.
El estudio, que en los próximos días será analizado por una comisión mixta del Congreso de Diputados y del Senado encargada de la Defensoría del Pueblo, enumera una serie de hechos y afirma que "en muchos" de los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social se vulneran sus derechos.
Entre otros casos, se denuncia la prohibición de la asistencia de los niños al centro escolar o incluso la salida al patio de los recintos en que están alojados. También que en algunos de ellos son recluidos y aislados en celdas.
Francisco Lara González, presidente de la no gubernamental Plataforma de Infancia, señaló a IPS que "en España existe una carencia de la debida supervisión de las instituciones gestoras de los centros de titularidad pública o en su mayoría— concertada y de las Administraciones Públicas".
Además "hay una preocupante ausencia de estándares mínimos de funcionamiento comunes en todo el sistema de protección de la infancia, lo que deviene en la diversidad de reglamentos y protocolos internos de actuación que impiden la armonización y coordinación de los procedimientos de protección de la infancia", explicó.
A ese respecto, un escrito firmado por un grupo de educadores que trabajaron en el centro Casa Joven Juan Carlos I, en la central provincia de Guadalajara, se denuncia que en ese lugar "se abusa cotidianamente de la contención física y casi nunca se realiza de manera adecuada, poniendo habitualmente en grave riesgo físico al menor".
Los firmantes añaden que en muchos casos se ha visto a personal "de casi dos metros y más de cien kilogramos que contienen a una menor de 14 años durante más de una hora inmovilizándola tres veces en el suelo, recién fregado con lejía, sin que la conducta de la niña fuera un riesgo para sí misma ni para los que la rodeaban".
Y lo peor es que, "tras las contenciones, ningún médico revisa el estado de los menores", afirmaron.
El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, consultado por IPS acerca de lo que se debería hacer para terminar con esa lacra, contestó que el organismo que dirige trabajó dos años para elaborar el informe y que ahora corresponde tomar decisiones a los parlamentarios.
Indicó que no le corresponde a la Defensoría definir las modalidades de atención en las residencias de menores, pero sí denunciar que los actuales modelos no están cumpliendo con el cometido y "adolecen de una alarmante falta de garantías de los derechos de los menores y limitan en muchos casos sus posibilidades de desarrollo".
En España hay 58 centros de acogida, 27 de los cuales son objeto de esta investigación. Sólo tres de ellos están a cargo del Estado, uno es mercantil y el resto lo gestionan organizaciones sin fines de lucro que reciben de las armas públicas una media de 46.358,95 euros (casi 60.000 dólares) al año por cada niño, una cifra considerada más que suficiente para lograr una administración eficiente y humanista, según expertos.
Una prueba de ese maltrato la aportó una denuncia presentada el 10 de julio pasado por un menor, entonces recluido en Picón de Jarama, provincia de Madrid.
Este niño aseguró que, por haber discutido con una compañera, los vigilantes del centro lo redujeron a la fuerza y lo metieron en una celda de castigo "en la que los vigilantes y un tutor se abalanzaron para que no pudiera escapar, dejándome sin respiración y llegando casi a ahogarme".
En el informe divulgado el lunes, la Defensoría del Pueblo asegura que se ha comprobado "la existencia y funcionamiento en los centros de celdas de aislamiento verdaderamente atroces, denominadas salas de tiempo fuera o salas de baja estimulación".
"Son de reducido tamaño, con portones blindados de hierro, sin ventilación ni comunicación alguna al exterior, en las que los menores pueden permanecer recluidos por tiempo indeterminado, lo que provoca una atmósfera asfixiante y un gran rechazo entre los menores", se detalla en el documento.
También se critica "las contenciones físicas" y las medidas de aislamiento, una práctica habitual en estos centros y se afirma que en ocasiones "la agresividad es desproporcionada", como lo ocurrido en el centro Baix Maestrat en Castellón, sudeste de España, donde un vigilante rompió un brazo a un adolescente cuando intentaba reducirlo.
Ante todo esto, la Plataforma de Infancia propone cambios mínimos e inmediato que deben incorporarse para paliar la alarmante situación de los centros de protección de niños y niñas con trastornos de conducta y en situación de dificultad social.
Entre otras cosas propone la creación de un mayor número de centros y plazas requeridos para la adecuada atención a los menores acogidos, dotación por el estado de los debidos recursos humanos y materiales, establecimiento de estándares mínimos de funcionamiento y que se realicen las inspecciones correspondientes por las autoridades públicas, algo que hoy no se realiza o se hace mal y de vez en cuando.
La secretaria de Bienestar Social del gobernante Partido Socialista Obrero Español, Marisol Pérez, apeló a todas las instituciones competentes en la materia "para que solventen y pongan fin a esta situación cuanto antes".
También reclamó que se estudien, y en su caso pongan en práctica, todas las recomendaciones de Múgica. "para preservar el bienestar de los menores que es el fin último que debe mover a actuar a todas las administraciones implicadas".
