Una estructura local de las insurgentes FARC reconoció haber asesinado a ocho indígenas awá, a los que acusó de ser informantes del ejército de Colombia. Para el indigenista Héctor Mondragón, «el desvarío» de esa guerrilla es tratar el caso «como un problema individual».
El ejército sostiene que sólo 10 días después, el lunes, encontró un cadáver en avanzado estado de descomposición, en la vereda (vecindario rural) de Tangaral, en Barbacoas.
Según el general Leonardo Barrero, comandante de la Brigada 27 del ejército, el cuerpo estaba tras un cerco de "más de 50 minas interconectadas, con el objeto de causarle daño a la población indígena que lo buscaba para sepultarlo".
Fuentes locales recibieron reportes sin confirmar sobre 35 muertos, mientras autoridades del pueblo awá estiman un mínimo de 17, en al menos dos episodios.
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Para la Columna Mariscal Antonio José de Sucre de las FARC, los ocho awás "recogían, por grupos, información sobre nosotros para luego llevarla a las patrullas militares que desarrollan operaciones en la zona".
Esa estructura irregular alegó que los civiles "realizaban exploraciones, ubicaban a la guerrilla y luego iban las patrullas del ejército para golpearnos", y que "desde hacía dos años trabajaban con el ejército en esa labor".
La columna de las FARC agregó en una declaración conocida el martes que la matanza "no fue contra indígenas", sino contra personas que "aceptaron dinero y se pusieron al servicio del ejército en un área que es objeto de un operativo militar".
El alto comisionado adjunto de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Craig Johnstone, visitó en la pequeña comunidad nariñense de El Diviso a 300 awás que huyeron tras la matanza en el territorio colectivo de Tortugaña-Telembí, a dos días de camino a pie desde El Diviso.
Tras escuchar el relato de los desplazados, el segundo jefe mundial del Acnur condenó el miércoles "fuertemente las graves infracciones al derecho internacional humanitario reportadas".
"No es cierto que la fuerza pública esté utilizando a los indígenas como informantes", dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, negando que los awá hagan parte de la Red de Informantes, uno de los programas más publicitados de la política de seguridad del gobierno en este país que vive un conflicto de medio siglo.
Sean o no ciertas las acusaciones de la Columna Sucre de las FARC, el hecho es que en la vida y el territorio de una etnia pacífica se incrustó la guerra, iniciada en 1946 con una tregua parcial entre 1957 y 1964.
"Los awás son víctimas de un genocidio cuyo curso puede seguirse evento por evento en los últimos años", dijo a IPS el indigenista Mondragón.
"Quienes asumen que combaten al enemigo sin diferencias étnicas se estrellan con los indígenas y terminan contribuyendo al etnocidio", advirtió.
De los 41,5 millones de habitantes de Colombia, 1,4 millones son indígenas, que pertenecen a 102 etnias.
En su sentencia de julio de 2008, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) verificó "el peligro inminente de extinción física y cultural de 28 pueblos indígenas", y calificó la situación de "genocidio", aunque no aplicó ese término jurídico a los awás.
El TPP se ocupa de casos de violación masiva de derechos humanos en el mundo y es sucesor del llamado Tribunal Russell, que juzgó los crímenes de la Guerra del Vietnam (1965-1975) y los cometidos por dictaduras en América Latina.
Las sentencias del TPP tienen carácter ético y no vinculante, pero se basan en el derecho y la jurisprudencia internacionales y tienen en cuenta las competencias de la Corte Penal Internacional. Su definición de impunidad fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas.
En el caso colombiano, el TPP examinó qué beneficios obtienen con la guerra 27 empresas trasnacionales y seis industrias nacionales con vínculos estrechos con corporaciones extranjeras.
Según Mondragón, el territorio awá "es anhelado por el tradicional latifundio especulativo, porque va a verse valorizado por el megaproyecto IIRSA", siglas de Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana.
En esa zona, la IIRSA proyecta comunicar la Costa Pacífica con el río Putumayo y adecuar la navegabilidad de ese afluente del Amazonas, que desemboca en el océano Atlántico.
Además, "la Kedahda (subsidiaria de la transnacional AngloGold Ashanti) va por el oro, y los parapalmeros por la tierra", agregó, en referencia a inversiones mineras internacionales, por una parte, y del narcotráfico y grupos paramilitares en cultivos de palma aceitera, por otra.
Para Mondragón, la guerra expulsa a indígenas, comunidades negras y campesinos "de las áreas económicamente estratégicas", lo que "ha devenido en un jugoso negocio para quienes están ganando la guerra quitando territorios y derechos".
"Si no se ven las cosas desde esta perspectiva estratégica, se colabora con el despojo", agregó.
*Este artículo es parte de una serie de tres notas sobre la masacre de al menos 17 indígenas awá, en febrero. Las FARC reconocieron haber asesinado a ocho.
