Siete oficiales ya retirados del ejército de Perú pueden ser condenados a 30 años de prisión, si prospera el pedido de la fiscalía, por las responsabilidades que les atribuyen en el secuestro y desaparición de 38 personas y la aplicación de torturas a otras 16.
La fiscal superior Luz Ibáñez sostiene que estos delitos contra la humanidad se perpetraron a presuntos sospechosos de colaborar con la agrupación maoísta Sendero Luminoso, que se levantó en armas en 1980 en la zona rural de Ayacucho, una de las zonas más pobres del país.
Fuentes del despacho de la fiscalía explicaron a IPS que se acusa de autor mediato de los hechos al ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandante general del ejército en 1983, general Carlos Briceño Zevallos, por encabezar la línea de mando de los oficiales que participaron directamente en los crímenes.
Con Briceño también han sido acusados los oficiales integrantes entonces del Estado Mayor de la Segunda División de Infantería, cuyo centro de operaciones era el cuartel Los Cabitos.
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Se trata del ex jefe del Estado Mayor Operativo, coroneles del ejército Julio Carvajal D'Angelo y Carlos Millones D'Estéfano, y el ex jefe del Estado Mayor Administrativo, coronel Roberto Saldaña Vásquez.
También han sido comprendidos en la acusación el ex jefe del Destacamento de Inteligencia, comandante Pedro Paz, el ex jefe del cuartel Los Cabitos comandante Humberto Orbegozo Talavera, y el ex encargado de la Sección Contrasubversiva comandante Arturo Moreno Alcántara.
Paz operaba en la denominada "Casa Rosada", un anexo del cuartel Los Cabitos, donde también se torturaba y asesinaba a los presuntos maoístas.
Según la acusación fiscal, los oficiales mencionados intervinieron en la planificación de los secuestros, torturas y desapariciones, impartieron las órdenes y en algunos verificaron que se cumplieran sus mandatos.
La denuncia de la fiscal Ibáñez se registra justamente cuando las autoridades judiciales de Ayacucho se encargan de excavar los terrenos en los que está ubicado el tenebroso cuartel Los Cabitos en busca de restos de las víctimas de las atrocidades de los militares.
Como lo reportó IPS , los peritos forenses hallaron en enero 11 cuerpos, elevándose hasta el momento a 97 el número de cadáveres ubicados en la dependencia militar que durante la guerra interna fue convertido en un centro de reclusión clandestino.
Las imputaciones fueron presentadas contra los militares retirados en cumplimiento de una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que destacó en su informe final de 2003 la gravedad de los crímenes cometidos en 1983 por los responsables de Los Cabitos.
Ibáñez es la misma fiscal que solicitó cadena perpetua para el ex jefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y otros 10 integrantes de la cúpula de la organización guerrillera maoísta, señalada por CVR como la principal perpetradora de los derechos humanos en las dos décadas en que actuó.
El ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Jesús Sosa Saavedra, reconoció en el libro del periodista Ricardo Uceda, titulado "Muerte en el Pentagonito" (2004), que participó en las torturas y asesinatos de detenidos en Los Cabitos.
También señaló Sosa que, cuando a fines de los años 80 las autoridades anunciaron que investigarían las denuncias de desapariciones y asesinatos en el cuartel de Ayacucho, le ordenaron desenterrar algunos cuerpos e incinerarlos para que no quedaran evidencias.
Sin embargo, los conspiradores no pudieron borrarlo todo.
"En tres años de investigación se ha obtenido material probatorio que demuestra que los acusados actuaron conforme a un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos", señaló a IPS Karim Ninaquispe, de la no gubernamental Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (Adehr) y abogada de los familiares de las víctimas.
La CVR documentó 138 casos de personas que fueron víctimas en Los Cabitos y llegó a la conclusión de que en 1983 el ejército aplicó la siguiente norma: "Detención arbitraria, reclusión en Los Cabitos, tortura, eventual liberación selectiva, tortura y ejecución extrajudicial".
Uno de los testimonios en que sustenta la acusación fiscal corresponde a Esteban Canchari, quien tuvo la suerte de conseguir salir con vida de Los Cabitos.
Canchari relató que, debido a los golpes que le propinaban, la venda en los ojos se le deslizó y pudo ver lo siguiente: "Una viga de donde colgaban cadenas y cuerdas. cables eléctricos, una mesa grande, un cilindro con agua y una mesa pequeña con una máquina de escribir". "También había cuatro personas de apariencia militar, pero vestidas de civil que se dedicaban a golpear a los detenidos", añadió.
Otro testigo que fue víctima en Los Cabitos relató a la CVR que es lo que se hacía en ese ambiente descrito por Canchari.
"Había cilindros de agua, una polea con soga, cables de electricidad y otras personas con quienes me confrontaban para que los reconociera. Cada vez que negaba conocer a éstas, varios militares me golpeaban con palo", narró.
"Además, me colgaban de una polea por espacio de un minuto, me bajaban para golpearme y me volvían a colgar. También trataban de ahogarme sumergiéndome en el cilindro de agua por espacio de dos a tres minutos. Durante todo ese tiempo había una radio que tocaba música a muy alto volumen. En una ocasión, uno de los soldados orinó en mi boca cuando le pedí agua", prosiguió.
Gloria Cano, de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y abogada de las víctimas de Los Cabitos, indicó que, si bien la fiscal Ibáñez no ha solicitado el testimonio del ex agente Jesús Sosa, Aprodeh aportará una copia de la entrevista que concedió en 2008 a un programa de televisión de Lima en el que reconoce su participación en los hechos.
"Sosa reconoce expresamente que su actuación fue en cumplimiento de órdenes superiores", explicó Cano a IPS. "Ninguna operación en Los Cabitos se hacía sin conocimiento ni autorización del Estado Mayor y por eso la fiscal Ibáñez ha denunciado a los integrantes del mismo. Por la gravedad de los hechos, es que ha pedido 30 años de prisión para cada uno", apuntó.
El principal sustento de la acusación fiscal son los testimonios de los sobrevivientes. "Hay quienes han visto que los militares separaban a los detenidos colocándoles capuchas de distinto color. Los que llevaban capuchas claras se salvaban, los que tenían negras morirían", relató Cano.
Los 30 años de prisión que ha pedido Ibáñez no es una medida usual en la reciente jurisprudencia relacionada a violaciones de los derechos humanos.
La fiscalía ha solicitado la misma condena para el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y para los integrantes del escuadrón de la muerte compuesto por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, que bajo la denominación de Grupo Colina cometieron los matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
