La fuga del narcotraficante peruano Christian Motte del penal donde cumplía una condena de 20 años de prisión abre un nuevo flanco en los escándalos de corrupción que podrían comprometer al gobierno.
Motte usó un hábeas corpus falsificado que declaraba nula la sentencia por tráfico internacional de drogas. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Vega, que divulgó la información este miércoles, dijo que el documento era falso porque la firma correspondía a un juez que estaba de vacaciones en la fecha en que fue expedido.
Motte salió el 6 de febrero por la puerta principal del Penal de Lurigancho, sin que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario verificaran la autenticidad del hábeas corpus presentado por sus abogados.
Una fuente de la Dirección Antidrogas de la Policía dijo a IPS que Motte fue detenido el 22 de septiembre de 2005 cuando se disponía a despachar 199,5 kilogramos de cocaína al exterior, y acusado de pertenecer a una organización de traficantes de origen israelí.
En su casa se hallaron además 66.000 euros (equivalentes hoy a unos 83.500 dólares) y documentación que lo acreditaba como copropietario, con su padre Carlos Motte, de la empresa Soclar, según la fuente.
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En el operativo policial en la casa de Motte, que es también el domicilio de su padre, estuvo presente como testigo un amigo de la familia, Rómulo León, informó la fuente a IPS. León fue ministro de Pesquería y diputado del gobernante Partido Aprista Peruano en el primer gobierno del presidente Alan García (1985-1990).
Con las evidencias encontradas, las autoridades abrieron una investigación por narcotráfico contra Christian Motte y por lavado de dinero contra él y su padre, dueños de Soclar.
En octubre del año pasado, el nombre de esa empresa volvió a la escena pública. Autoridades judiciales descubrieron en la computadora personal de León varios mensajes de correo electrónico que lo mostraban actuando en tareas de lobby para Soclar.
El ex ministro fue procesado por la justicia por su supuesta participación en una concesión petrolera fraudulenta a la compañía noruega Discover Petroleum, en asociación con funcionarios de la actual administración.
Según las investigaciones, León utilizó la empresa Soclar para establecer en Lima la representación de Discover Petroleum, dijo a IPS una fuente del juzgado a cargo del caso.
Entre León y Motte existe una vieja relación de amistad y de negocios.
Cuando se desempeñaba como ministro de Pesquería, León nombró como gerente general de la empresa estatal Pescaperú a su amigo Carlos Motte. Y éste es propietario de la empresa Action Marketing, en sociedad con la hija de León, Cecilia León Romero.
En esta administración, Carlos Motte consiguió la representación de las empresas israelíes de equipos de defensa Elbit, Tadiran, Beit Alfa Technologies, ITL Optronics y Elisra, entre otras.
Las autoridades que tuvieron acceso a la computadora de León hallaron correos electrónicos que éste dirigió al ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, pidiéndole que intercediera a favor de la empresa Elbit, representada por Soclar, a pesar de que estaba investigada por lavado de dinero.
El 28 de enero del año pasado, Flores-Aráoz recibió en su despacho al vicepresidente de Elbit, Uzi Tishel, interesado en vender sus equipos a las Fuerzas Armadas de Perú.
En un mensaje electrónico del 26 de marzo, León agradeció al ministro. "Los amigos de Elbit de Israel ( ) se quedaron muy satisfechos contigo cuando los recibiste en tu despacho", dice una copia de esa comunicación que consta en el expediente judicial al que tuvo acceso IPS.
Flores-Aráoz desmintió cualquier favor a la empresa Soclar, pero reconoció que es amigo de León. "Me une una amistad de varias décadas, y no acostumbro a negar amistades", dijo.
En septiembre, meses después de la reunión entre Flores-Aráoz y el ejecutivo de Elbit en el Ministerio de Defensa, esa empresa firmó un contrato con el ejército para la venta de equipos de comunicación por cuatro millones de dólares. No pesó en la decisión el antecedente de que su representante, Soclar, estuviera investigada por lavado de dinero.
Tampoco la representación de Soclar fue impedimento para que el ejército comprara esta semana a otra compañía israelí, Tadiran, equipos por más de un millón de dólares. De momento, las autoridades guardan silencio.
