Mientras Venezuela se sumerge en otra batalla política en torno a la propuesta del presidente Hugo Chávez de reelección ilimitada de todos los cargos electivos, pervive el debate entre Human Rights Watch (HRW) y académicos americanos sobre la situación de los derechos humanos en los últimos 10 años en el país.
Kenneth Roth, director de HRW, en una carta de la que envió copia a IPS, reiteró que "existe un clima de intolerancia política" en Venezuela, tal como se señaló en septiembre en un informe de 267 páginas de esa organización no gubernamental titulado "Una Década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos".
La misiva fue una réplica a la escrita por 118 académicos de distintos países de América, parte de ellos profesores de universidades estadounidenses, que cuestionaron severamente las fuentes, métodos y contenidos seguidos por HRW para arribar a semejantes conclusiones.
Los intelectuales también criticaron que el chileno José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, expulsado de Caracas al presentar el informe en septiembre, hubiese dado un giro político a sus críticas sobre los derechos humanos en este país al sostener que "Venezuela no es modelo para nadie".
Vivanco y la propia HRW, con sede en Nueva York y que produce informes regulares sobre unos 70 países, han sido blanco de las iras de los gobiernos ideológicamente menos afines entre sí en América del Sur, como son el de Chávez y el del derechista Álvaro Uribe, en Colombia.
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Roth consideró que las críticas de los académicos son "una distracción inútil" para encarar la situación de los derechos humanos en Venezuela. "Los temas cubiertos en nuestro informe han sido investigados exhaustivamente y nuestras conclusiones se basan en un amplio espectro de fuentes diversas y confiables", aseveró.
Pero para los 118 firmantes de la carta, el informe de HRW "no cumple ni siquiera con los más mínimos criterios académicos y de imparcialidad, certeza o credibilidad".
El cineasta Oliver Stone, los antropólogos Clara y Charles Briggs, el lingüista Noam Chomsky y los historiadores Greg Grandin y Charles Bergquist, todos de Estados Unidos y en alguna medida simpatizantes de Chávez, así como el sociólogo brasileño Emir Sader y el politólogo argentino Mario Ayala son algunos de las personalidades que suscriben la carta cuestionadora.
El director de HRW se dirigió a Grandin, de la Universidad de Nueva York, y al historiador venezolano Miguel Tinker, del Pomona College, y el politólogo y periodista Gregory Wilpert, del Brooklyn College, también liderando la lista, y los acusó de "tergiversar el informe" de un modo que "sólo puede servir para debilitar iniciativas legítimas para promover el respeto de los derechos humanos en Venezuela".
Los académicos dijeron que el informe utilizó copiosamente fuentes identificadas con la oposición, como los diarios caraqueños El Nacional, El Universal y Tal Cual.
Roth destacó que las fuentes estaban apuntadas en 754 notas al pie de página y de ellas sólo 88 incluyeron información obtenida en alguno de esos periódicos y apenas 50 sin incluir otra fuente adicional que corrobore lo dicho en esos impresos.
Pero en una suerte de contrarréplica, de la que también enviaron copia a IPS, el trío que encabeza las firmas de académicos aseveró que las denuncias sustanciales se sustentaban en informaciones de esos periódicos u organizaciones identificadas con la oposición, en tanto centenares de otras notas correspondían sobre todo a citas de textos legales.
"Lo más grave para mí es que Roth y HRW defienden la huelga petrolera (de 63 días entre diciembre de 2002 y febrero de 2003) como legítima porque supuestamente había unas demandas laborales asociadas, y todo el mundo en Venezuela sabe que la motivación fue sumamente política: la renuncia de Chávez", dijo Wilpert a IPS.
Esa huelga fue un intento de forzar una consulta popular sobre la renuncia de Chávez, después que fracasó el golpe de Estado cívico-militar en abril de 2002, acción que HRW reconoce como la mayor violación a los derechos humanos en la década.
HRW y Roth recordaron que "la Organización Internacional del Trabajo determinó que, si bien la huelga surgió principalmente por fines políticos, también buscaba manifestar los desacuerdos existentes respecto de la política económica del gobierno".
"Por lo tanto, se encuadró dentro del alcance de una actividad de huelga legítima protegida por el derecho internacional", según Roth, mientras que para Wilpert "la defensa del paro petrolero, fundamental en gran parte de su informe, demuestra que HRW no sabe lo que pasa en Venezuela o está del lado de la oposición radical".
Para Roth, la acusación más importante de los académicos "es que nuestro informe tiene motivaciones políticas". "Incluyen como prueba principal una cita parcial extraída de una entrevista de una página completa en El Universal, en la cual Vivanco afirma: Hicimos el informe porque queríamos mostrar al mundo que Venezuela no es un modelo para nadie", recordó.
Según el director de HRW, la crítica de los académicos ignora el conjunto de la entrevista y, al señalar a Venezuela como modelo, se alude a las prácticas en derechos humanos y no a la orientación política de su gobierno.
Grandin, en comunicación con IPS, discrepó de ese enfoque, pues "Vivanco dijo en la entrevista que el presidente Chávez presenta a Venezuela como un modelo que puede ser adoptado por la región y que hay todo un esfuerzo propagandístico para promoverlo y algunos países lo están tomando en serio, es decir, es claro que estaba hablando de Venezuela como un modelo político".
Al final de la entrevista, recordó Grandin, Vivanco dijo esperar que, con relación a los derechos humanos en Venezuela, "Estados Unidos juegue un papel más activo", y para el académico "es claro que no está hablando de intervención, pero, considerando el apoyo de Washington al golpe de 2002, esa clase de comentario puede ser provocadora" de una acción de ese tipo.
Los académicos se declararon dispuestos a debatir la materia con HRW, pero Roth sostuvo que, "dado lo que está en juego en Venezuela en la actualidad, su carta constituye una distracción poco útil". "Las acusaciones infundadas a lo sumo contribuirán a potenciar el clima de intolerancia política que existe actualmente en el país", puntualizó.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que beneficiaba a unos jueces locales, y solicitó al gobierno que denuncie la convención americana sobre la materia, que data de 1969 y se conoce también como el Pacto de San José sobre derechos civiles y políticos.
En el terreno político, el país entró en la recta final de una campaña para una nueva consulta a la ciudadanía, que tiene como fin decidir si se suprime o no de la Constitución los límites a la reelección del presidente de la República y de otros cargos electivos. En caso de ganar el Si, los funcionarios elegidos en las urnas podrán candidatearse para otro periodo cuantas veces quieran.
Varios responsables de organizaciones de derechos humanos venezolanas consultados por IPS prefirieron no engrosar la polémica entre HRW y los académicos o, directamente, desconocían los términos de la misma.
Marino Alvarado, de la organización Provea, remitió a los voluminosos informes anuales que preparan desde hace dos décadas y resumió que "lamentablemente, a través de los años, la situación en el país en materia de derechos humanos en vez de mejorar, se agrava".
