La supuesta eliminación de los padrones electorales del estado de Michigan de muchos votantes que perdieron su casa por la crisis hipotecaria arroja una sombra sobre las elecciones presidenciales estadounidenses.
Defensores de las libertades civiles iniciaron acciones judiciales y reclaman que el Congreso legislativo federal y el Departamento (ministerio) de Justicia investiguen la cuestión, cuando faltan menos de tres semanas para los comicios del 4 de noviembre.
En el centro de la polémica se encuentra Terry Lynn Land, quien encabeza la Secretaría de Estado de Michigan. Esta dependencia del Ejecutivo estatal es responsable variadas funciones, desde la protección del consumidor hasta la supervisión electoral, pasando por el registro de licencias de conducir.
Land ya ha sido criticada en el pasado por un juez federal por restringir a ciudadanos la posibilidad de emitir un "voto provisional".
Cuando un ciudadano no figura en el padrón del circuito de votación al que se dirigió, puede exigir que le indiquen en cuál se encuentra registrado o emitir allí mismo un "voto provisional" (equivalente al "voto observado" de algunos países latinoamericanos), depositado en una urna especial y se contabiliza tras verificar la habilitación del votante.
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La Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó el mes pasado una demanda judicial contra Land, el director de Elecciones de Michigan, Christopher Thomas, y una funcionaria municipal de la ciudad de Ypsilanti por recurrir a dos procedimientos para remover a ciudadanos del padrón electoral.
En algunos casos, según la ACLU, se canceló la licencia de conductor de ciudadanos de Michigan que la habían obtenido en otros estados. En Estados Unidos la licencia de conductor sirve como identificación para emitir el voto.
En otros casos, fueron eliminados, sin aviso previo, los nombres de personas que se habían mudado del domicilio con el cual figuraban registrados.
La demanda judicial advierte que, según la ley electoral, si las autoridades reciben información que sugiere que un votante ha cambiado de domicilio deben enviarle una carta, que incluya un sobre de respuesta postal paga, para que confirme la dirección en la que vive.
El procedimiento adoptado en Michigan puede tener un impacto devastador en muchos votantes pobres o pertenecientes a las minorías, los más afectados por la crisis inmobiliaria, que fueron desalojados de sus casas al no poder hacer frente a la devolución de los créditos hipotecarios que tomaron para comprarlas.
La mayoría de los votantes de esos sectores se identifica con el opositor Partido Demócrata, cuyo candidato, Barack Obama, aventaja en Michigan a su rival del oficialista Partido Republicano, John McCain, al igual que en el resto del país.
IPS pudo establecer que entre enero y septiembre de este año hubo 17.691 ejecuciones hipotecarias en el condado Wayne, el más poblado del estado, y que también registró en 2007 el mayor número de esas ejecuciones en las grandes áreas metropolitanas de Estados Unidos.
Otro tanto se planea hacer en el condado Macomb.
"Tendremos una lista de las casas ejecutadas para asegurarnos de que las personas no voten empleando esa dirección", dijo el presidente del comité local del Partido Republicano, James Carabelli, entrevistado por teléfono por el diario Michigan Messenger. Carabelli luego negó haber formulado esa declaración.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes (diputados), John Conyers, envió una nota al fiscal general de Estados Unidos, Michael Mukasey, expresando su grave preocupación al respecto.
Conyers reclamó una completa investigación.
"Dada la cantidad de quejas planteadas respecto del derecho al voto luego de las elecciones de 2004, es vital que el Departamento de Justicia adopte medidas activas para impedir que el 4 de noviembre se violen los derechos de los votantes", señaló en su carta.
"El plan anunciado debe ser investigado como una posible violación" de las normas sobre derechos electorales, agregó.
El no gubernamental Centro para el Crédito Responsable señaló que Michigan, junto con California, Nevada, Nueva Jersey y la capital del país, Washington, presentan un alto índice de hipotecas en "default" (cese de pagos).
La organización estimó en un informe que 10 por ciento de los tomadores de créditos afroestadounidenses y ocho por ciento de los de origen latinoamericano se verán afectados por las ejecuciones hipotecarias, en comparación con cuatro por ciento de los blancos.
No está claramente establecido cuántas personas han sido removidas de los padrones en Michigan. El diario The New York Times investigó el tema e informó que habían sido 33.000, pero Thomas, el director electoral estatal, dijo que el número se limitaba a 11.000, incluidos los eliminados por fallecimiento.
La nota de The New York Times señaló que —además de Michigan— Carolina del Norte, Colorado, Indiana, Nevada y Ohio son estados clave que pueden definir los comicios, pues su electorado, que en ocasiones anteriores favoreció a los republicanos, podría volcarse hacia los demócratas.
Figuran entre los que se denominan "swing states", a diferencia de otros en los que uno de los dos grandes partidos logra históricamente la victoria, incluso aunque su candidato resulte perdedor en la elección general.
En esos seis estados, agregó The New York Times, hubo votantes removidos de los padrones en forma no premeditada.
Janice Winfrey, funcionaria de la ciudad de Detroit, donde se han registrado 28.000 nuevos votantes para esta elección, dijo a IPS que 1.567 han sido removidos del padrón por considerárselos "inactivos", es decir que han fallecido o comunicaron a las autoridades que se mudaron a otro estado.
