Cuando faltan tres semanas para los comicios en Estados Unidos, una organización que facilita la inscripción de votantes pobres y de clase media debió interrumpir su tarea en Nevada, luego de que autoridades del estado registraran sus oficinas para investigar supuesto fraude electoral.
La operación, realizada por la Secretaría de Estado de Nevada (órgano a cargo de los registros públicos, entre ellos los electorales) en coordinación con un grupo de trabajo oficial, es calificada en medios críticos del gobierno de George W. Bush de maniobra en perjuicio del opositor Partido Demócrata.
La gobernación y el fiscal general de Nevada, el del Departamento (ministerio) de Justicia estadounidense para el estado y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) analizan denuncias según las cuales Asociación de Organizaciones Comunitarias para la Reforma Ahora (ACORN, por sus siglas en inglés) está involucrada en fraude electoral.
La investigación y el registro de las oficinas de ACORN es similar al trámite que precedió al escándalo "Attorney-gate", que sacudió al gobierno de George W. Bush y precipitó la renuncia del entonces fiscal general Alberto Gonzales.
El Project Vote (proyecto voto, en inglés), implementado por ACORN, es una iniciativa independiente de partidos políticos y sin fines de lucro que facilita el registro en los padrones electorales de ciudadanos de ingreso bajo y moderado.
ACORN, que, según su sitio web, es la mayor de las organizaciones basadas sobre la comunidad de Estados Unidos, asegura haber registrado 80.000 nuevos votantes sólo este año en el condado de Clark, en Nevada, donde se encuentra Las Vegas, la mayor ciudad del estado.
Las autoridades requisaron de las oficinas de ACORN en Nevada computadoras y cajas con documentación, sin las cuales la organización debió interrumpir su actividad en el estado cuando faltaban apenas 28 días para las elecciones del 4 de noviembre.
Los denunciantes aseguran que ACORN elevó múltiples solicitudes de registro para los mismos ciudadanos, e incluso que realizó el trámite para personas que no viven en Nevada o que no reúnen los requisitos para sufragar en el estado.
Pero la organización niega que los posibles registros incorrectos marquen una pauta sistemática. ACORN emitió el miércoles una declaración en la que detalla sus procedimientos internos ante sospechas de fraude.
El director ejecutivo de Project Vote, Michael Slater, calificó la operación de "ardid publicitario", y notó que la requisa de sus oficinas se realizó el mismo día en que ACORN informó que había registrado 1,3 millones de votantes en todo Estados Unidos.
"Nosotros ya les estábamos dando (a las autoridades de nevada) información sobre el problema, y, de hecho, lo pusimos al tanto y les pedimos que lo analizaran seriamente", dijo Slater al sitio web progresista Alternet.org.
"¿Ardid? ¡Pamplinas!", replicó Bob Walsh, portavoz del secretario de Estado de Nevada, Ross Miller, quien dirige la investigación oficial.
"Esto me ofende personalmente porque estoy en este negocio desde hace 25 años o más, y si voy a hacer un ardid puedo hacer un trabajo muchísimo mejor que esto", dijo Walsh a IPS. "Si quisiera hacer un ardid publicitario, podría haber vídeos de policías tumbando puertas y todo eso."
Walsh aseguró que el día de la requisa se determinó sólo sobre la base de la información aportada a Miller por los investigadores de la fiscalía de Nevada. Cuando los datos fueron analizados y desarrollados, los funcionarios "pensaron que era el momento adecuado para actuar".
ACORN es blanco frecuente de críticas republicanas, pues se concentra en el registro de votantes de bajo ingreso, grupo social que tiende a sufragar por el opositor Partido Demócrata.
Dirigentes republicanos acusan a la organización de cometer fraude electoral al inundar los padrones de los estados de solicitudes poco antes del fin del plazo final para participar en las elecciones, lo cual resta a las autoridades de analizar los formularios con cuidado.
ACORN también estuvo en el centro del "Attorney-gate", escándalo por el cual el gobierno de Bush fue acusado por el despido indebido de ocho fiscales federales.
Uno de ellos, David Iglesias, de Nuevo México, fue objeto de "quejas al Departamento de Justicia y la Casa Blanca por legisladores republicanos" de ese estado "y activistas partidarios sobre el manejo que hizo de casos de fraude electoral y corrupción", según la gubernamental pero independiente Inspección General de Estados Unidos,
La Inspección concluyó, en su informe final sobre el caso de Iglesias este mes, que Iglesias fue despedido, en definitiva, por no ceder a presiones de dirigentes republicanos en una demanda por fraude en los padrones electorales contra ACORN, entre otros casos.
En esa ocasión, el fiscal de Nuevo México no encontró razones para acusar formalmente a ACORN por sus actividades en ese estado.
"Esas acusaciones llegan siempre a la portada de los grandes medios de prensa", dijo a IPS Scott Horton, profesor de derecho de la Universidad de Columbia. "Y cuando uno analiza los hechos encuentra siempre lo mismo: no hay fraude ni evidencias que respalden las denuncias."
Hasta ahí las similitudes entre los casos de Nuevo México y Nevada. Pero mientras el fiscal federal para Nevada, Gregory Broker, es republicano, tanto el secretario de Estado como la fiscal general local, Catherine Cortez Masto, son demócratas.
Horton explicó que los funcionarios demócratas tienen poca opción más que procesar la investigación, pues están obligados a eso por su carácter de funcionarios públicos.
Nevada, que siempre ha sido un estado de predominio republicano, se está tiñendo de demócrata, según las encuestas. Horton aseguró que esto se debe al registro de nuevos votantes.
