Grandes diferencias surgieron entre los opositores al presidente izquierdista de Bolivia, Evo Morales, tras 10 horas de debate del Consejo Nacional Democrático (Conalde) para coordinar una estrategia de asfixia económica y energética al gobierno.
La coincidencia sólo alcanzó para acordar la resistencia al referendo constitucional, convocado por Morales mediante decreto para el 7 de diciembre.
La central ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue el escenario del encuentro de cinco prefectos (gobernadores), organizaciones civiles y empresariales y legisladores del derechista partido Poder Democrático y Social (Podemos) del ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), que conforman el bloque opositor expresado en el Conalde.
Después de la victoria de Morales en las urnas el 10 de agosto, cuando obtuvo 67 por ciento de los sufragios a favor de que continúe su mandato hasta enero de 2011, la oposición intentó imponer un cerco alimentario y el bloqueo de carreteras, pero sus medidas se debilitaron por las pérdidas que provocan a los empresarios exportadores.
La oposición cuestiona que Morales haya convocado por decreto el referendo sobre el texto aprobado por la Asamblea Constituyente, cuando ese procedimiento está en manos del parlamento, según manda la Constitución.
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Esta semana, la Corte Nacional Electoral consideró ilegal la convocatoria por decreto, adoptada por Morales a fines de agosto para decidir la suerte de un texto que había sido aprobado por la Constituyente en diciembre de 2007, sin la presencia de los asambleístas opositores.
Desde hace 10 días, pobladores afines al movimiento opositor y autonomista, bloquean las vías del sur del país que conectan a Bolivia con la vecina Argentina, y los primeros efectos del desabastecimiento de combustibles afectan al sureño departamento de Tarija.
El miércoles, el Conalde anunció las resoluciones de una prolongada reunión iniciada el martes por la noche, con una nueva convocatoria al bloqueo de carreteras para obligar al gobierno a devolver 49 millones de dólares que retiró de la partida del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que perciben los departamentos, para destinarlos a una renta mensual vitalicia de 26 dólares para 676.000 personas mayores de 60 años.
Los prefectos de Santa Cruz (este), Beni (noreste), Pando (norte), Tarija y Chuquisaca (sur) convirtieron esta demanda en una bandera política contra Morales, que a su vez se defiende afirmando que esos recursos son insignificantes frente a los 2.010 millones que se transfieren a las prefecturas en el año en curso, una suma que duplica los 952 millones de dólares que se transferían en 2005.
Las medidas del Conalde no conducirán a una solución del conflicto porque la violación de la Constitución ejercida por Morales no se puede combatir con otra medida que atenta contra la carta magna, dijo el senador de Podemos, Luis Vásquez.
La opinión reflejó las diferencias entre el movimiento opositor y su representación parlamentaria expresada por los 56 legisladores de Podemos, algunos de los cuales fueron echados de la sala de reuniones del Conalde en la madrugada por discrepar con los métodos violentos adoptados de grupos radicales de derecha.
Desde la tarde del martes y hasta las primeras horas de la madrugada del miércoles, grupos juveniles apoyados por el pro empresarial Comité Cívico de Beni, atacaron las oficinas de cobro de impuestos y del Instituto Nacional de reforma Agraria (INRA) de Trinidad, capital de Beni, y se enfrentaron con el ejército, que custodia el patrimonio estatal.
Dirigentes sindicales y sociales aseguraron que pasaban a la clandestinidad por la amenaza de los grupos de choque del Comité Cívico de la región y expresaron que temían por sus vidas y las de sus familias.
Los líderes de la oposición, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el empresario Branko Marinkovic, aparentemente buscan alejar el escenario del conflicto de esa región por la inminente apertura de la Feria Internacional Expocruz, que se celebrará entre el 19 y el 28 de este mes y que genera anualmente negocios por unos 120 millones de dólares.
La oposición intentó forzar al gobierno con una huelga de hambre que, antes del referendo del 10 de agosto, cumplían más de un millar de personas, pero la medida quedó desvirtuada por el poco rigor de los huelguistas en la privación de alimentos, mostrado por las cámaras de la televisión.
Quedó además en evidencia que los sectores exportadores están apostando a alcanzar un récord en la venta de productos industrializados y materias primas que, según el gobierno, superará los 6.000 millones de dólares este año, mientras en 2007 fue de 4.780 millones de dólares.
Un ambiente favorable del comercio exterior, con gran demanda de productos básicos como el gas, el petróleo, los minerales y los bienes agroindustriales, acompañado de altas cotizaciones han contribuido al incremento de los ingresos de divisas, en un país cuyo producto interno bruto (PIB) es de 14.715 millones de dólares.
La actividad económica y las exportaciones han progresado simultáneamente y coincidiendo con el ciclo gubernamental de Morales.
Pero el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Gabriel Dabdoub, cuestiona la gestión del mandatario indígena en materia de atracción de inversiones y estima que la falta de políticas para incentivar la actividad privada ha desalentado la llegada de unos 400 millones de dólares de nuevos capitales por año.
La cúpula opositora, concentrada en las prefecturas de la oriental región de la Media Luna, los comités cívicos y los grupos de choque, no ha logrado una adhesión plena de sectores empresarios y gente común, que han preferido una salida democrática al conflicto.
La balanza a favor de Morales también está fortalecida por los sectores populares de los departamentos gobernados por la oposición, y por ello las lecturas sobre el número de regiones contrarias al gobierno de izquierda tienen dos ángulos.
Muchos analistas llegaron a la rápida conclusión de que cinco regiones, dirigidas por prefectos opositores y autonomistas, están contra Morales, pero también puede advertirse que las poblaciones empobrecidas, rurales y marginadas distribuidas en la extensa geografía de esos departamentos, representan una silenciosa reserva social del gobierno izquierdista.
Hasta ahora, las voces de estos sectores postergados se manifestaron pidiendo al gobierno una actitud drástica para imponer el orden, asistida por el respaldo popular, pero otra corriente prefiere evitar el uso de la fuerza pública y los choques, pues un saldo de víctimas podría fortalecer a los opositores.
