Más de 180 campos petroleros y gasíferos se extienden por la Amazonia occidental repartida en cinco países sudamericanos, amenazando la biodiversidad y territorios indígenas, afirma un estudio de organizaciones estadounidenses.
Estas actividades extractivas cubren un área de más de 688.000 kilómetros cuadrados de la Amazonia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y parte de Brasil, donde operan unas 35 compañías transnacionales, sostienen los investigadores de Universidad Duke de Carolina del Norte y de las organizaciones no gubernamentales Save America's Forests y Land is Life.
Las concesiones se ubican en "el área más rica en especies de la Amazonia", según la investigación.
"La Amazonia occidental es la zona más biodiversa del mundo, en especial en anfibios", dijo a Tierramérica uno de sus coautores, Clinton Jenkins, ecólogo de la Universidad Duke.
En una sola hectárea, se puede encontrar más de 600 especies de árboles, mientras en todo el territorio de Estados Unidos quizás haya unas 800 especies, comentó. Cualquier biólogo que la visite encontrará especies nunca antes descritas por la ciencia, pero bien conocidas por sus habitantes indígenas.
"Es muy difícil acceder a ella y existen decenas de grupos indígenas no contactados", completamente aislados de la civilización moderna, agregó.
Perú "es el caso más alarmante", dijo a Tierramérica el autor principal, Matt Finer, ecólogo jefe de Save America's Forests. Uno de los mayores retos fue registrar los proyectos que se multiplicaron en este país desde que comenzó la investigación, en 2005.
En los primeros meses de ese año, al menos 15 por ciento de la Amazonia peruana estaba afectada por explotaciones petroleras, en el transcurso de 2005 llegó a 25 por ciento y en 2006 subió a 50 por ciento.
En lo que va de 2008, las actividades llegaron a afectar 72 por ciento de esa selva peruana, con 64 campos en unas 49 millones de hectáreas. Cincuenta y seis de ellos aparecieron en los últimos cinco años, 20 se encuentran en zonas protegidas y 17 en reservas territoriales propuestas o creadas para proteger pueblos en aislamiento voluntario.
Pero el viceministro de Energía de Perú, Pedro Gamio, advierte que menos de cinco por ciento de los territorios concesionados son explotados, y usualmente se otorgan grandes extensiones porque las empresas realizan inversiones de alto riesgo con una posibilidad de éxito que oscila apenas entre 10 y 15 por ciento.
"Perú es el menos explorado de la región, por el péndulo político que nos ha hecho tanto daño. A diferencia de Colombia o Brasil, nuestro país ha perdido la oportunidad de captar inversiones", dijo Gamio a Tierramérica.
Según el Ministerio de Energía y Minas, se otorgaron concesiones a 84 proyectos de hidrocarburos hasta fines de 2007, 19 de ellos en proceso de explotación y 65 en exploración.
Finer apuntó que de modo simultáneo a las concesiones, crecieron los conflictos entre empresas y comunidades nativas. Perú vive en estos días una intensa protesta en la Amazonia contra dos decretos que promueven la inversión privada en territorios indígenas.
A pesar de que son pocos los que ya están en explotación, señaló Finer, la exploración genera impactos, como la deforestación para instalar helipuertos y campamentos o construir vías de acceso.
De hecho, la mayor preocupación es la construcción de caminos, según Jenkins. Una vez que hay carreteras, por ellas llegan los colonos, el mismo patrón que ha afectado las selvas de Brasil, dijo el ecólogo que dicta parte de sus clases anuales en el Instituto de Investigaciones Ecológicas Nazaré Paulista, en el sureño estado brasileño de São Paulo.
El Ministerio de Minas de Perú asegura que hay normas para exigir a las empresas priorizar el tránsito fluvial y aéreo y el uso de carreteras ya construidas.
Inclusive para explorar, los planes deberían contar con la consulta y aprobación previa de los pueblos indígenas, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fue ratificado por Perú.
"De acuerdo al Convenio 169, los pueblos indígenas anteceden a la conformación del Estado y por lo tanto deben ser consultados… Pero aquí se hace lo contrario, vulnerando nuestros derechos consagrados", dijo a Tierramérica el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Alberto Pizango.
Para el viceministro Gamio "si no hacemos un esfuerzo por conocer hasta dónde llega el potencial en hidrocarburos del Perú, las generaciones futuras nos pueden juzgar diciéndonos por qué ustedes no aprovecharon esta oportunidad cuando el petróleo era protagonista en la economía mundial".
La creciente demanda energética mundial es un gran incentivo para la búsqueda de recursos por parte de empresas radicadas en Estados Unidos, Canadá, Europa y China, afirma el estudio.
Los estudios de impacto ambiental no resultan lo bastante independientes para generar confianza en las poblaciones, pues son contratados y pagados por las empresas concesionarias, y no se consideran los impactos sinérgicos. "No hay un análisis de mayor escala sobre el impacto de dos, cinco, 10 o 20 lotes a la vez", apuntó Finer.
Las áreas protegidas tampoco se encuentran libres de la exploración y explotación de crudo en Ecuador y Bolivia, como lo prueban el ecuatoriano Parque Nacional Yasuní y el boliviano Parque Nacional Madidi, afirman los investigadores.
El gobierno de Ecuador dividió en lotes petroleros casi 65 por ciento de su Amazonia, donde habitan 10 grupos indígenas. Pero en 2007, las autoridades delimitaron una zona intangible de 7.580 kilómetros cuadrados en el Yasuní para mantener su crudo bajo tierra a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional.
En Brasil, el gobierno concedió 25 lotes en 2005, que rodean los yacimientos de gas Urucú y Jurua en el noroccidental estado de Amazonas. La Agencia Nacional de Petróleo ha anunciado su intención de explorar en el también amazónico de Acre.
En Colombia, 35 campos de exploración y producción se ubican dentro o en torno del departamento del Putumayo, en la frontera con Ecuador. Las autoridades abrieron una nueva ronda de licitaciones en la misma zona. Pese a ello, más de 90 por ciento de la selva colombiana está libre de actividades petroleras, afirma la investigación.
"Conduzco un auto, así que no puedo decir que prohíban el petróleo y el gas", reconoció Jenkins. Pero el uso de recursos naturales en esa región debería ser social y ambientalmente sustentable, acotó.
* Con aportes de Stephen Leahy (Toronto). Este artículo fue publicado originalmente el 23 de agosto por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
