El sindicalista Guillermo Rivera apareció. Tras 84 días de intensa búsqueda por parte de familiares y amigos, su cadáver fue sepultado por segunda vez este jueves en la capital colombiana. El reporte forense muestra «evidentes signos de tortura», dijo a IPS Jorge Gómez, abogado de la viuda.
Tenía 52 años y el 22 de abril muy temprano llevó a su hija menor hasta la parada del autobús. Una mujer declaró que después lo vio discutir con la policía, mientras era esposado y obligado a subir a una patrulla. "¿Por qué me llevan?", les preguntaba a los agentes.
Las cámaras de seguridad ubicadas cerca de su vivienda, al sur de Bogotá, "verificaron la presencia de varias patrullas en el lugar a la hora en que el señor desapareció", informó a IPS una fuente de la Fiscalía General de la Nación. Exactamente cuatro patrullas y una unidad de motocicletas policiales, confirmó IPS.
Su esposa, Sonia Betancur, recibió al día siguiente una llamada desde el celular de Rivera, quien era empleado del Distrito Capital, presidente de un sindicato bogotano y militante del Partido Comunista. "La llamada era muy confusa, ella no entendió", relató Gómez.
Una semana después, la fiscalía reportó que esa llamada fue hecha desde San Martín, 159 kilómetros al sur de Bogotá y centro de operación de las milicias paramilitares de ultraderecha en el departamento del Meta.
Cuando el martes la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada por ley en 2006, dio con Rivera, ya era tarde.
El cuerpo encontrado el 24 de abril en una vía cerca de la ciudad de Ibagué, 215 kilómetros al este de Bogotá, y enterrado en esa ciudad el 28, tras un examen forense y pruebas decadactilares, resultó ser el de este dirigente sindical, sepultado en medio de protestas este jueves en Bogotá.
"Hubo negligencia e ineficacia de la Fiscalía en el mecanismo de búsqueda", pero además "casi se puede decir que hay toda una complicidad de varias instituciones del Estado en esta desaparición", sostuvo Gómez, ex ombudsman (defensor del pueblo) de la convulsionada región del Magdalena Medio entre 2002 y 2006, "donde el 100 por ciento de las desapariciones forzadas está impune".
"Hay una serie de elementos que permiten decir que lo desapareció la policía", agregó otra fuente, aunque aclaró que bajo la mira no está la Policía Metropolitana "sino otra estructura" pública.
Rivera es el sindicalista número 28 asesinado este año, en el país que se ha convertido en el más peligroso para defender los derechos de los trabajadores.
La gravedad de los elementos que rodean el caso de Rivera subsume el hecho de la tortura previa.
"A menudo" la tortura está asociada al asesinato o a la previa detención arbitraria de la víctima, registra el Informe 2007 sobre Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes en Colombia, presentado el martes en Bogotá por la Coalición Colombiana contra la Tortura.
Así, "rara vez" se reporta, se torna apenas un detalle, "muchas veces dicen lo mataron, pero no que fue torturado antes", según la abogada Jahel Quiroga, directora de Reiniciar, una organización integrante de la Coalición.
De hecho, IPS demoró más de 24 horas en confirmar si el reporte forense sobre el sindicalista Rivera indicaba que había sido torturado. Las fuentes consultadas siempre señalaban prioritariamente las presuntas detención arbitraria y ejecución extrajudicial del líder sindical.
La Coalición también está integrada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y otras cinco entidades no gubernamentales humanitarias colombianas, además de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el capítulo italiano de Terre des Hommes.
Otra integrante de la Coalición, la Comisión Colombiana de Juristas, documentó que entre julio de 2004 y junio de 2007 fueron víctimas de torturas al menos 346 personas, de las que murieron 234. El año pasado se reportaron 93 casos de tortura. También 43 personas fueron asesinadas tras ser torturadas.
Del total de víctimas registradas, 18 eran mujeres "y 11 eran niños o niñas".
"En 90,1 por ciento de los casos se responsabilizó al Estado", 70,4 por ciento "por perpetración directa", y 19,7 por ciento "por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares", se agrega en el informe.
Entre tanto, "a las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría del 9,8 por ciento de los casos", indica.
La Coalición establece que la tortura en Colombia "se ejerce de manera sistemática, generalizada y deliberada, como medio de persecución política y con el fin de sembrar el terror en individuos, comunidades y procesos" sociales.
Con frecuencia, las víctimas son campesinos que habitan en zonas de guerra, allí donde las fuerzas de seguridades del Estado son más poderosas que la autoridad civil, así como contra defensores de los derechos humanos y líderes sociales como Rivera.
Un incierto número de casos de tortura en zonas rurales terminan en ejecuciones extrajudiciales que se presentan luego como "muertos en combate", señala la Coalición, que exhibe la cifra de 955 asesinatos presuntamente cometidos por la fuerza pública en cinco años, hasta junio de 2007 (236 de julio de 2006 a junio de 2007).
La tortura también precede a la desaparición forzada. ASFADDES atestigua que horrorosas torturas se evidencian en "la mayoría" de restos humanos encontrados en fosas comunes y cementerios clandestinos, cuya ubicación ha sido revelada por paramilitares para obtener beneficios jurídicos tras una desmovilización parcial pactada con el gobierno.
La Coalición habla de "235 desapariciones forzadas atribuibles directamente a la fuerza pública" en los mismos cinco años.
"La tortura es un crimen de guerra. Es uno de los crímenes, justamente, que está contemplado en el sistema que se ha establecido para la Corte Penal Internacional (CPI)", dijo a IPS Eric Sottas, director de la OMCT.
"Es claro que en un momento dado la CPI podría ejercer su poder sobre eso" en Colombia, agregó.
Colombia ratificó el 5 de agosto de 2002 el Estatuto de Roma, que creó la CPI, 60 días antes de que este instrumento entrase en vigencia en territorio colombiano, pero con una salvaguardia de siete años pedida por el gobierno.
Así, todos los crímenes de guerra cometidos a partir de octubre de 2002 podrán ser examinados por la CPI, como tribunal subsidiario, es decir si no han sido juzgados en Colombia.
La Coalición sostiene que "en cerca de 90 por ciento de los casos no se ha identificado y sancionado a los responsables, principalmente por la actitud de negación del Estado a reconocer la persistencia de este fenómeno".
La CPI "tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes", dice el Estatuto de Roma en su artículo octavo.
Por eso es significativo que el informe reitera en sus conclusiones que "la tortura en Colombia es una práctica sistemática y generalizada".
La Coalición recomienda al gobierno derechista de Álvaro Uribe que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, que prevé la posibilidad de hacer visitas de verificación en los países signatarios.
También, insta al gobierno a condicionar los beneficios jurídicos de los paramilitares desmovilizados a que confiesen todos sus delitos de tortura.
Además, reclama que el Estado adopte una política pública que impida la tortura y los malos tratos y ponga fin a la impunidad.
