El ex general Luciano Benjamín Menéndez, uno de los más temidos jefes de la represión de la última dictadura militar argentina (1976-1983), fue sentenciado este jueves a prisión perpetua por graves violaciones a los derechos humanos cometidas hace 31 años.
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba, provincia situada en el centro norte de Argentina, consideró a Menéndez, de 81 años, "autor mediato" del secuestro, tortura y muerte de cuatro militantes izquierdistas en 1977, y le revocó el beneficio de arresto domiciliario que tenía como procesado.
El público presente dentro y fuera de la sede judicial estalló en aplausos y gritos de júbilo, y muchos rompieron a llorar. Habían llevado carteles con los rostros de sus familiares muertos o desaparecidos en Córdoba durante la dictadura. "Asesino, asesino", fue el grito más repetido.
La pena impuesta coincidió con los pedidos de la fiscalía y los litigantes. El ex general deberá pasar el resto de su vida tras las rejas, y fue transferido a una cárcel dependiente del servicio penitenciario y no a un cuartel militar, como es costumbre con otros condenados uniformados pese a las quejas de familiares de víctimas.
De los restantes siete acusados, cuatro recibieron también prisión perpetua, y tres penas de entre 18 y 22 años de reclusión.
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Menéndez fue jefe del III Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979, con jurisdicción sobre 10 provincias del noroeste del país, incluyendo el campo de concentración de La Perla, un centro ilegal situado a 15 kilómetros de la capital provincial por el que pasaron unos 2.300 prisioneros, de los que sólo 17 lograron sobrevivir.
Algunos de ellos fueron testigos en el juicio oral que comenzó el 27 de mayo y culminó este jueves. "Fui golpeada, picaneada, pateada, arrastrada de los pelos", pormenorizó Susana Sastre, una de las sobrevivientes. Ella permaneció allí dos años en arresto ilegal, fue torturada y sometida a prácticas de ahogamiento.
Si bien hay decenas de causas en trámite contra los condenados, la sentencia de este jueves se centró en los crímenes cometidos contra Hilda Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y secuestrados en distintos sitios de Córdoba en noviembre de 1977.
Un mes después, "los sacaron maniatados de La Perla, los metieron en un auto y los fusilaron adentro del vehículo", recordó a IPS el abogado querellante Claudio Ordoz, representante de la familia Palacios. Los criminales llevaron los cuerpos al Hospital Militar y explicaron que habían caído en un "enfrentamiento".
Luego los enterraron en el cementerio cordobés de San Vicente. Allí, el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó varios cuerpos y determinó que uno correspondía a Palacios. Los otros aún no han sido identificados.
"Aportamos muchas pruebas, pero uno de los testigos clave fue el gendarme Carlos Beltrán, que hacía guardia en La Perla, y confirmó la existencia del campo de concentración, la presencia allí de los detenidos, las salas de tortura y los campos donde muchos detenidos fueron fusilados", relató el abogado.
Beltrán fue dado de baja por negarse a abrir fuego contra una prisionera embarazada, que antes había cavado la fosa en la que cayó tras recibir una ráfaga de fusil. El gendarme presenció ese y otros fusilamientos y señaló a uno de los condenados, el ex sargento Luis Manzanelli, como el que instaba a disparar.
Las víctimas de desapariciones forzadas perpetradas por el régimen militar argentino fueron unas 30.000, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos.
En su alegato final, Menéndez reivindicó la represión contra la "subversión marxista". Se trató de "esfuerzos defensivos" ante ataques guerrilleros, dijo. Argentina, con estos procesos, es "el primer país que juzga a soldados victoriosos".
Sin admitir ninguna culpa, el reo sostuvo que "los terroristas que antes estaban en la ilegalidad ahora se apropiaron de la legalidad" y que "los guerrilleros de los 70 están hoy en el poder". "Confío en que no puedan consumar su propósito de imponernos su régimen autoritario", añadió, despertando la indignación de los deudos de sus víctimas.
En los años 80, Menéndez estaba inculpado en casi 800 causas. En 1988 fue procesado por homicidios, tormentos y sustracción de menores. Pero dos años después, el presidente Carlos Menem (1989-1999) lo indultó junto a otros represores.
Los tribunales, impulsados por familiares de víctimas, siguieron investigando el destino de los desaparecidos en procesos conocidos como "juicios por la verdad". Eso permitió acumular pruebas que resultaron claves una vez que la justicia declaró inconstitucionales los indultos.
Desde que se inició esta nueva etapa, fueron condenados el ex jefe policial Miguel Etchecolatz, el ex agente Julio Simón y un ex capellán del Ejército, el sacerdote Christian Von Wernich. El ex prefecto de la marina Héctor Febres murió envenenado en prisión cuando faltaban horas para que recibiera sentencia.
Esta semana comenzaron las sentencias a uniformados de más alto rango. El lunes se confirmó la condena a 25 de prisión para el ex jefe del ejército Cristino Nicolaides, junto a otros cinco represores, en un proceso por secuestros y desapariciones de militantes políticos.
Este jueves se conoció la sentencia contra Menéndez, Manzanelli, Hermes Rodríguez, Jorge Acosta, Carlos Vega, Carlos Díaz, Oreste Padován y Ricardo Lardone. Otros tres acusados en esta causa murieron antes de llegar a juicio.
