Los países árabes activaron su maquinaria diplomática en la crisis de la occidental región sudanesa de Darfur con dos acciones: presentaron un urgente plan de paz y rechazaron la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de juzgar al presidente Omar Al Bashir por crímenes de guerra.
Este lunes, el secretario general de la Liga Árabe, Amro Musa, visitó a Al Bashir en Jartum para informarle los detalles de estas dos medidas adoptadas en la noche del sábado en El Cairo en una reunión urgente de cancilleres.
El plan, cuyos detalles Musa no quiso revelar, apunta a convocar una reunión internacional de alto nivel para relanzar el proceso de paz en Darfur, trazar una hoja de ruta con plazos y pedir la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Africana y la Unión Europea.
Musa anunció que los detalles del plan serán dados a conocer dentro dos o tres días, una vez consultados con el gobierno sudanés y con las demás partes involucradas.
Este mismo lunes, los cancilleres africanos celebran en Addis Abeba una cumbre cuya agenda da prioridad al plan árabe. Sudán es país miembro tanto de la Unión Africana como de la Liga.
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Musa subrayó el interés de las naciones árabes en atender la situación en esa azotada región sudanesa. "Estamos firmemente comprometidos con la defensa de los derechos humanos, la soberanía y la paz en Darfur, a pesar de las numerosas acusaciones que se formulan a la Liga Árabe" de no hacerlo, indicó.
El fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, presentó la semana pasada un total de 10 acusaciones por crímenes de guerra, contra la humanidad y de genocidio contra Al Bashir.
La CPI, con sede en La Haya, es un organismo judicial del sistema de la ONU. Sus decisiones pueden ser bloqueadas por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que por cierto no comparten una postura unánime sobre el tema Darfur.
De hecho, de estos cinco miembros, sólo Gran Bretaña y Francia son signatarios de la CPI. En tanto, China, Estados Unidos y Rusia no reconocen formalmente su competencia.
Darfur, región donde se concentra la población negra y cristiana de este país de 39 millones de habitantes en su mayoría árabes musulmanes, fue objeto de negligencia por parte de Jartum y de la comunidad internacional desde su anexión por Sudán en 1917 y hasta la guerra civil de 2003.
La ONU estima el número de víctimas fatales del conflicto armado desde entonces en unos 400.000, mientras que los desplazados superarían los dos millones.
La situación interna de Sudán, cuya superficie cubre 2,5 millones de kilómetros cuadrados, incluyendo las fértiles tierras de Afrecha, cobró notoriedad mundial a partir del descubrimiento y explotación de grandes yacimientos de petróleo y gas natural, en especial en la última década.
El petróleo encabeza la lista de exportaciones de Sudán, seguido por el algodón y la ganadería. Dos países no signatarios de la CPI, China y Estados Unidos, figuran entre los principales competidores por el crudo sudanés.
Entre las voces de rechazo de la decisión del CPI en la reunión de cancilleres árabes en El Cairo se destacó la del sirio Walid Al Moaalem, quien condenó las acusaciones de la Corte contra el presidente sudanés.
Al Moaalem afirmó que esa decisión, que calificó de "irresponsable", excede el ámbito las competencias del CPI y constituye "un peligroso precedente y una inaceptable interferencia en los asuntos de Sudán.
El comunicado final de la reunión de cancilleres árabes subraya la "solidaridad con Sudán frente a todo plan que tenga por objeto mermar su soberanía, su unidad y estabilidad".
También hace énfasis en la no aceptación de la posición "no equilibrada y no objetiva" del fiscal general del CPI.
Los ministros árabes además rechazaron todo intento de utilizar los principios de justicia internacional "para mermar la soberanía, seguridad e independencia de los estados".
Por ultimo, los cancilleres árabes reafirmaron la "competencia e independencia del (sistema) judicial sudanés".
