Un capítulo político impredecible sigue en Bolivia a los referendos en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, donde sus gobernadores interpretan el triunfo del sí a la autonomía como ratificación de sus mandatos y una carta de triunfo frente al presidente de Evo Morales.
Casi como un calco de los referendos de los tres primeros departamentos, 80,2 por ciento de los votantes se pronunciaron a favor del estatuto autonómico en el sureño Tarija, según encuestas realizadas a boca de urna y difundidas por la cadena de televisión Red Uno de Bolivia.
Pero también, como ocurrió en las otras tres consultas, la abstención se situó entre 30 y 40 por ciento de los ciudadanos habilitados para votar, en una jornada que transcurrió sin grandes contratiempos, excepto algunos incidentes registrados en poblaciones rurales donde partidarios de Morales quemaron ánforas e impidieron la votación.
El desafío a Morales de parte de los departamentos de la llamada media luna oriental, la zona más rica en recursos naturales de Bolivia, culminó su etapa en las urnas el domingo con el referendo en Tarija, tras los realizados el 4 de mayo en el oriental Santa Cruz y el 1 de junio en los norteños Beni y Pando, en un proceso no contemplado en la Constitución y calificado de separatista.
Este tablero político tiene a cuatro distritos y sus prefectos (gobernadores) resueltos a avanzar en una mayor descentralización, mediante la actuación de asambleas departamentales que se proponen tomar el control de los ingresos fiscales por las exportaciones de gas natural, estimados en unos 1.200 millones de dólares anuales y que son la principal fuente de divisas del país.
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Se apunta, además, a aplicar sus propios mecanismos de cobro de impuestos.
Tarija y Santa Cruz poseen los mayores campos petroleros y gasíferos de Bolivia, una situación que motoriza el deseo de obtener independencia económica del gobierno nacional conducido por Morales, el primer mandatario indígena en la historia del país y líder del Movimiento al Socialismo.
Hasta la víspera, el gobierno de Morales y los líderes de la media luna expresaban su disposición a dialogar y poner en la mesa del debate los dos grandes temas en disputa: los cuatro estatutos aprobados en consulta local, por un lado, y el texto de nueva ley fundamental a ratificar en referendo y aprobado en diciembre sólo con votos oficialistas en la Asamblea Constituyente.
El camino de una armonización del proyecto de Constitución y los estatutos departamentales ha quedado sin mayor respaldo después de las declaraciones del viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, quien reiteró el domingo la ilegalidad de las consultas.
En tanto que en el bando opositor germina la idea de eludir el referendo revocatorio y reforzar la figura de los gobernadores para emprender la construcción de las autonomías, respaldados por los votos a favor de los estatutos.
Este alejamiento de las partes en conflicto, llega en un momento crítico para el gobierno nacional, que enfrenta dificultades para abastecer el mercado interno con carburantes y evitar el contrabando hacia los países vecinos donde las cotizaciones son mayores.
Al problema anterior se le agrega un alza en los precios de los alimentos y presiones de la asociación de transportistas por incrementar las tarifas del boleto urbano.
Simultáneamente, Morales enfrenta una huelga y bloqueo de rutas de acceso al departamento de Potosí, organizado por pequeños empresarios de la minería denominados cooperativistas, quienes resisten el pago de impuestos al Estado a pesar de la bonanza que disfrutan por las altas cotizaciones del estaño en el mercado internacional.
Con la aprobación legislativa y a sugerencia del derechista Poder Democrático y Social (Podemos), Morales convocó para el 10 de agosto un referéndum nacional en el cual se pondrá en juego la ratificación de los mandatos de presidente, vicepresidentes y de los ocho prefectos de departamentales.
A pesar del adverso clima político que rodea al gobierno de Morales, los sectores populares que lo apoyan, mayoritariamente ubicados en los empobrecidos departamentos occidentales, mantienen su identificación con las metas de la revolución democrática y cultural prometida por este mandatario indígena.
Morales inició el sábado su campaña en busca del voto de aprobación a los resultados de su gobierno, mientras su vicepresidente, Álvaro García Linera, salía por su lado a defender la administración de acusaciones de mal desempeño de la economía.
García Linera, por ejemplo, señaló que la inflación actual, que avanza a un ritmo anual de 12 por ciento, no es más grave que la que sed registró en los partidos de derecha en gobiernos anteriores de 1986 a 1997, cuando reinó la apertura económica.
El mandatario confía en repetir la votación del 18 de diciembre de 2005, cuando 53,7 por ciento de los votantes lo puso al frente de los destinos políticos de Bolivia. Cada autoridad ejecutiva deberá reunir un porcentaje de apoyo al menos igual al que obtuvo para acceder al cargo y así evitar la revocatoria de su mandato y la renuncia a sus funciones.
En cambio, algunos prefectos de oposición al gobierno nacional temen perder sus cargos en caso de obtener votaciones menores a las logradas en diciembre de 2005, cuando se celebró la primera elección de autoridades departamentales en Bolivia.
Los prefectos Rubén Costas, de Santa Cruz, y Ernesto Suárez, de Beni, confían en alcanzar una votación favorable, pero su par de Tarija, Mario Cossío, enfrenta acusaciones de malversación de recursos públicos y la resistencia en poblaciones rurales que pondría en riesgo su mandato.
En Pando, el derechista prefecto Leopoldo Fernández no ha logrado el respaldo en zonas rurales ni en barrios populosos de la capital del distrito, Cobija.
También en esa lista de prefectos con incertidumbre en su popularidad se suman el capitán retirado Manfred Reyes Villa, que encabeza el gobierno del central departamento de Cochabamba, donde los cultivadores de hoja de coca y seguidores de Morales censuran su adhesión a las autonomías.
En el departamento de La Paz, el prefecto José Luis Paredes tuvo una actuación discreta y sus posiciones más cercanas a sus pares opositores a Morales anuncian una derrota en el referendo revocatorio, en una plaza dominada por el gobernante Movimiento a Socialismo.
