Luego de casi dos décadas de pasividad, el movimiento de estudiantes universitarios de Paraguay resurgió con fuerza para reclamar una ley que les conceda una rebaja en el costo del transporte y oponerse a un proyecto de reforma de la enseñanza superior
Ambos temas están en estudio en el Congreso legislativo. En los últimos meses hubo movilizaciones, marchas, bloqueos de rutas y paros escalonados para presionar a los parlamentarios a votar los proyectos antes del 30 de este mes, cuando finalizará el actual período legislativo.
Los estudiantes exigen la aprobación del denominado "boleto universitario", que beneficiará con la reducción de la tarifa del transporte público a unos 150.000 alumnos de instituciones estatales y privadas.
La Cámara de Diputados ya dio a principios de mes media sanción al proyecto, pero los jóvenes anunciaron que seguirían presionando hasta lograr la aprobación por parte del Senado.
El otro punto de conflicto es una polémica propuesta de reforma del sistema de educación superior, que está en estudio desde hace dos años en el parlamento. Los estudiantes rechazan el proyecto, alegando que restringe su participación en las decisiones y atenta contra la autonomía de las casas de altos estudios.
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En Paraguay existen cinco universidades públicas y 16 privadas. La más importante es la estatal Universidad Nacional de Asunción (UNA), con 33.000 estudiantes matriculados y aproximadamente 2.500 profesores.
Este país de seis millones de habitantes tiene una de las tasas más bajas de acceso a la educación superior de América Latina. Se estima que menos de tres por ciento de los niños y niñas que ingresan a la escuela lograrán acceder a la universidad, tras los 12 años que abarcan la educación primaria y secundaria.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló en su Anuario Estadístico 2007 que, en 2004, la tasa bruta de matrícula en el tercer nivel de enseñanza fue de 24,5 en el caso de Paraguay, muy por debajo de Argentina (65), Chile (43), Bolivia (40,6) y Uruguay (40,5), aunque levemente superior a las de Brasil (23,8) y México (23,4).
La Cepal define esa tasa como el total de alumnos matriculados, independientemente de su edad, sobre la población de edad escolar oficial, multiplicado por 100.
Uno de los principales obstáculos son los costos. Milciades Flecha, de la Corriente Estudiantil por la Participación Democrática, dijo a IPS que más de 40 por ciento de los estudiantes que ingresa al primer año de cualquier facultad abandona los estudios por problemas económicos.
"Creemos que el estudiantado es un sector bastante importante y se encuentra en una etapa de progresiva disminución. Los que terminan la carrera son poquísimos. Todo esto es por cuestiones económicas", agregó.
La implementación de un subsidio en los pasajes del transporte ayudará a revertir ese índice, según Flecha.
"En la UNA, un estudiante debe demostrar su capacidad económica antes que la intelectual", afirmó Edgar Basualdo, quien cursa el cuarto año de Ciencias Económicas.
Esa capacidad económica se mide en función de la posibilidad de afrontar los costos de los cursillos de ingreso a las diferentes facultades, la compra de materiales didácticos, costos de matriculación, derechos de exámenes, transporte, y otros que se suman a lo largo de la carrera.
Todo esto lleva a la deserción. "Comenzamos con 60 estudiantes en la carrera de Economía y ahora en el cuarto año somos sólo 15", dijo Basualdo a IPS.
Esta es apenas una de las "patas flojas" de un sistema educativo que, según coinciden expertos y dirigentes estudiantiles, está en crisis y demanda una reforma profunda y urgente, aunque no como la plantea el gobierno, según los activistas universitarios.
Para el experto en educación Melquíades Alonso, el estancamiento al que sometió la dictadura militar del general Alfredo Stroessner (1954-1989) a la educación superior la excluyó de los procesos de reforma que se dieron en la gran mayoría de los países latinoamericanos en las últimas décadas.
"Las reformas universitarias que se dieron en América Latina en los años 70 y 80, inspiradas por la ola de democratización en gran parte de la región, no cambiaron en manera alguna la anquilosada conformación y deficiente funcionamiento de la universidad paraguaya", dijo a IPS.
Recién a fines de los años 90 surgió con fuerza en Paraguay el debate sobre la reforma universitaria, tras la promulgación de la Ley General de Educación en 1998.
En 2003 se presentaron en el Congreso legislativo dos proyectos de ley para reformular la educación superior, uno preparado por la UNA y otro por el entonces recientemente creado Consejo de Rectores, conformado por las máximas autoridades de las universidades públicas y privadas.
Ambos fueron archivados tras la presentación de una tercera propuesta en 2005, contenida en el informe "Paraguay: Universidad 2020", elaborado por el Consejo Nacional de Educación Superior.
' El punto central es la creación de un organismo con potestad para habilitar, controlar y sancionar a las universidades. Actualmente, para la creación de nuevas casas de altos estudios basta con la aprobación del Parlamento y a pesar de la existencia de un Consejo de Universidades su dictamen técnico no es vinculante.
"La educación superior en Paraguay está descontrolada, desorganizada, en un nivel caótico, donde cada quien hace lo que quiere: abre universidades, crea facultades, filiales, carreras, sin la infraestructura requerida para la calidad", afirmó el rector de la UNA, Pedro González, uno de los principales impulsores del proyecto de reforma.
"Se debe constituir un consejo integrado por representantes de los distintos sectores de la sociedad, de las universidades públicas y privadas, del Ministerio de Educación y Cultura, del Parlamento y de los gremios profesionales", agregó.
Este es el punto de conflicto con los gremios estudiantiles, porque ellos no están incluidos en ese esquema.
"Denunciamos la falta de participación total en la elaboración de este proyecto de ley y también el intento de utilización de este espacio como forma de legitimación, abierta y groseramente, de un proceso a todas luces unilateral, no consensuado, no participativo, y por ende, desde nuestra visión, ilegítimo y carente de validez", dijo a IPS Cecilia Vuyk, del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la privada Universidad Católica.
La lucha por el "boleto universitario" y contra el modelo de reforma de la educación superior hicieron resurgir el movimiento estudiantil en Paraguay, que tras una activa militancia en las décadas del 70 y 80 quedó estancado a partir de 1989, luego del derrocamiento de la dictadura de Stroessner.
Según la socióloga Marielle Palau, autora del estudio "Reseña de las Organizaciones Juveniles Paraguayas y sus Principales Tensiones", publicado por la no gubernamental Base IS, los antecedentes del movimiento universitario se remontan a fines de la década del 60, cuando surgió el Movimiento Independiente (MI), que llegó a tener gran influencia en la mayoría de las facultades.
"Su discurso se caracterizó por una fuerte crítica tanto al régimen de Stroessner como a los partidos políticos participantes de la Convención Constituyente de 1967", señaló a IPS.
El MI planteaba la construcción de una sociedad socialista en base a una organización de movimientos sociales y lucha de masas. En 1977 se disolvió a causa de conflictos internos.
En 1987 surgió otra organización: la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay, cuya consigna fue "Por una universidad libre y democrática". Esta organización se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la lucha contra la dictadura, pero pocos años después de la caída de Stroessner quedó envuelta en una profunda crisis que la llevó a la desaparición.
A favor del "boleto estudiantil" y opuestos a un proyecto de reforma de la educación superior que a su juicio los perjudica, los universitarios paraguayos buscan recuperar la influencia perdida.
