La cumbre mundial de tres días convocada por la FAO para dar respuesta a la carestía de alimentos terminó con planes y promesas, y con un nuevo impulso a la liberalización.
En la reunión emergieron nuevas promesas de ayuda. Algunos gobiernos e instituciones financieras internacionales comprometieron unos 8.000 millones de dólares para dejar atrás la crisis. En la lista se incluyen Estados Unidos, el Banco Mundial, el Banco Islámico de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo.
Los fondos se destinarán a "ayudar a los países en desarrollo y en transición a expandir su agricultura y producción de alimentos y a elevar las inversiones en el agro, el agronegocio y el desarrollo rural, con fuentes privadas y públicas", afirma el plan de acción.
Jaques Diouf, director general de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), dijo que la agencia necesita multiplicar por 10 su presupuesto anual, llevándolo a 30.000 millones de dólares, para asistir a campesinos y agricultores que soportan escasez, aumentos de precios y condiciones climáticas adversas.
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El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, estimó entre 15.000 y 20.000 millones de dólares el monto anual que se requiere para impulsar la producción de alimentos y combatir el hambre.
Los jefes de Estado y de gobierno aseguraron que destinarán más recursos para los sectores vulnerables de sus poblaciones rurales.
Se acordó la asistencia económica urgente a los países más afectados y el apoyo a la producción y el comercio, mediante el impulso a la liberalización y la reducción de las barreras arancelarias. Tales medidas, señala la declaración final de la conferencia, "mejorarán la integración de pequeños productores a los mercados locales, regionales e internacionales".
El plan será implementado por las agencias de las Naciones Unidas vinculadas a la alimentación, "en estrecha relación" con el grupo de trabajo de alto nivel para la crisis alimentaria que preside Ban.
Ese grupo incluye a las autoridades de las agencias especializadas de la ONU, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Organizaciones internacionales de pequeños agricultores expresaron su decepción por el resultado del encuentro. "La declaración final no llenará ningún plato vacío, y la recomendación de mayor liberalización conducirá a más violaciones del derecho a la comida", dijo Maryam Rahmanian, de la entidad iraní de desarrollo Cenesta.
Ésta es una de las decenas de organizaciones no gubernamentales y movimientos de pequeños agricultores que tomaron parte de un foro paralelo de la sociedad civil.
"Estamos en extremo decepcionados con los resultados", dijo Rahmanian a IPS. "En primer lugar, escuchamos todas las propuestas y políticas que ya habíamos oído (en la Cumbre Mundial de la Alimentación) de 1996 y que volvimos a escuchar en 2002. Pero, sobre todo, nos preocupa que la FAO queda en una posición mucho más débil para decidir políticas agrícolas y alimentarias", agregó.
En su opinión, el nuevo grupo de trabajo liderado por Ban será el que tomará las decisiones.
"La FAO es un espacio mucho más democrático para tomar medidas. Aquí, Asia, África, América Latina y todos los demás pueden sentarse en torno de una mesa y discutir qué políticas se necesitan", dijo Rahmanian.
"Pero recomendar al grupo de trabajo implica poner juntos a los 'jefes' de las agencias de la ONU, del FMI y del Banco Mundial, con sus intereses específicos", explicó. En esa dinámica, muchos de los países pequeños "van a ser completamente marginados", estimó.
Este es un resultado nuevo, el verdadero emergente de esta reunión, estimó. "Las medidas que proponen son las mismas de siempre, pero la verdadera cuestión de esta conferencia es la forma en que se proponen controlar las políticas vinculadas a la alimentación y el agro", opinó.
La cuestión de los agrocombustibles entrañó un elemento divisivo en la cumbre.
Mientras funcionarios de la ONU afirmaron que el rápido crecimiento del sector puede haber causado hasta 30 por ciento de la inflación alimentaria internacional, al desviar cultivos de alimentos a la destilación de carburantes, algunos países insistieron en que los biocombustibles son responsables de apenas tres por ciento del aumento de los precios.
Entre esos países se destacaron Estados Unidos, el mayor productor mundial de etanol de maíz, y Brasil, el primer productor de etanol de caña de azúcar en virtud de un exitoso programa nacional que tiene más de 30 años.
Finalmente se acordó que los agrocombustibles implican "desafíos y oportunidades" para las naciones pobres y que requieren mayor investigación.
"Hay una convicción general sobre la falta de conocimiento sobre el impacto real de los biocombustibles en la alimentación y el ambiente", dijo la funcionaria de la FAO, Astrid Agostini.
"Por eso la asamblea aceptó que se necesita un profundo programa de investigación sobre el uso de los biocombustibles, para medir los peligros y determinar la sustentabilidad de esa fuente de energía", dijo Agostini a IPS.
Ban subrayó la necesidad de una política internacional en bioenergía. "Es urgente establecer un consenso global y acordar parámetros políticos sobre la producción de biocombustibles, que tomen bien en cuenta la seguridad alimentaria y las necesidades de ingresos y de energía de todos los sectores de nuestros países", afirmó.
