La desclasificación de la orden de arresto contra el líder insurgente Bosco Ntaganda, de la República Democrática del Congo (RDC), casi dos años después de su emisión original, abre la posibilidad de que ocurra lo mismo con otras figuras rebeldes.
En la orden, dada a conocer al público el 29 de abril, la Corte Penal Internacional (CPI) señala que Ntaganda "cometió los crímenes de guerra de reclutamiento y servicio militar de niños menores de 15 años", a los que usó "para participar activamente en las hostilidades en Ituri, RDC, desde julio de 2002 hasta diciembre de 2003".
Ntaganda, ex jefe de operaciones militares para la Unión de Patriotas Congoleños (UPC), ahora se desempeña como jefe del Estado Mayor del ejército rebelde Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP).
La orden se hizo pública ahora porque "no pondría en peligro a los testigos de los casos de la RDC" en el momento actual, explicó la Corte en una declaración escrita.
El conflicto en la nororiental región congoleña de Ituri, entre 1999 y 2007, inicialmente involucró a los lendu, un grupo integrado principalmente por agricultores que migraron desde Sudán hace siglos, y los hema, llegados a la zona más recientemente.
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Sin embargo, las luchas pronto se propagaron, arrastrando a otras etnias como los ngiti, generalmente considerados leales a los lendu, y los gegere, más favorables a los hema. Los enfrentamientos se cobraron por lo menos 60.000 vidas.
Milicias como las Fuerzas de Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI) y el Frente Nacionalista e Integracionista (FNI) combatieron del mismo lado, alegando defender a los lendu y los ngiti, mientras que la UPC se alineó bajo la bandera de la supremacía hema.
Los activistas por los derechos humanos celebraron la noticia de la orden contra Ntaganda.
"Los antecedentes de Ntaganda desde Ituri son atroces", dijo Anneke Van Woudenberg, investigadora de la división africana de la organización internacional Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
"La UPC fue un grupo armado que mató a civiles por la etnia a la que pertenecían, y Ntaganda estuvo muy involucrado", agregó.
Organizaciones de derechos humanos consideran que Ntaganda también es culpable de delitos no contemplados en la orden emitida por la Corte.
Se lo acusa de haberse desempeñado como comandante militar general del ataque de la UPC contra el nororiental pueblo de Songolo, en agosto de 2002. Se estima que 1.500 miembros de la UPC y combatientes aliados arrasaron la aldea, matando a por lo menos 140 personas —la mayoría civiles ngiti— con armas de fuego, machetes y lanzas.
También se cree que el ex líder de la UPC tuvo un rol decisivo en el sitio del nororiental pueblo minero de Mongbwalu, en noviembre de 2002.
Durante la batalla, que duró seis días, miembros de la UPC y fuerzas aliadas del Movimiento para la Liberación del Congo, de Jean-Pierre Bemba, mataron a por lo menos 200 personas en la aldea y sus alrededores, incluyendo a Abbé Boniface Bwanalonga, un sacerdote ngiti de la parroquia de Mongbwalu.
Luego, en 2006, Bemba se postuló infructuosamente a la presidencia nacional.
La desclasificación de la orden de arresto contra Ntaganda puede presentarles a los nuevos aliados de los rebeldes en el CNDP una opción difícil en relación a su futuro. Este grupo opera en la oriental y montañosa provincia de Kivu del Norte, directamente al sur de la región de Ituri, donde presuntamente tuvieron lugar los crímenes de la UPC de Ntaganda.
Liderada por Laurent Nkunda, un general renegado y miembro de la etnia tutsi que alega estar defendiendo los derechos de su comunidad en la provincia, en los últimos dos años el CNDP se ha comprometido en una brutal lucha en la región.
Los enemigos de la facción cubren todo el espectro que va desde las fuerzas armadas leales al presidente Joseph Kabila y paramilitares del lugar como los Patriotas Congoleños Resistentes, hasta las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, un grupo con sus raíces en el genocidio ruandés de 1994, compuesto principalmente por hutus vinculados a los ex genocidas.
Un acuerdo de paz firmado en enero concedió al CNDP y a otros signatarios una amnistía general por "actos de guerra", pero sin cubrir crímenes de guerra ni crímenes contra la humanidad. Según algunas interpretaciones, esto podría obligar a Nkunda —quien fue objeto de una orden internacional de arresto emitida por el gobierno congoleño por crímenes de guerra— a entregar a Ntaganda a la Corte Penal Internacional.
En Kivu del Norte continúan los enfrentamientos esporádicos pese al acuerdo de paz, con todas las partes del conflicto acusadas de gruesos abusos a los derechos humanos.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas estima que desde 2003 unas 800.000 de los 4,2 millones de habitantes fueron desplazados por las luchas en Kivu del Norte, o aproximadamente una de cada cinco.
"Son como camaleones. Cambian de color, cambian de organización, pero continúan con sus modos brutales y opresivos", dijo Van Woudenberg a propósito de los arquitectos de la crisis en el oriente del país.
Los intentos por obtener declaraciones de representantes del CNDP resultaron infructuosos.
La orden de arresto contra Ntaganda, emitida el 22 de agosto de 2006, es la cuarta de la Corte Penal Internacional por crímenes cometidos en la República Democrática del Congo.
Germain Katanga, un ex líder de las FRPI, fue arrestado en octubre de 2007 por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Un ex líder del FNI, Mathieu Ngudjolo, también está bajo custodia.
El ex presidente de la UPC Thomas Lubanga espera ser juzgado por cargos de crímenes de guerra, mientras que un cuarto líder rebelde, Floribert Njabu, del FNI, actualmente está detenido en Kinshasa.
Las órdenes de arresto en sí mismas demostraron ser controvertidas. Algunos líderes lendu dijeron que había un doble discurso en el hecho de que jefes paramilitares de su comunidad fueran acusados de crímenes contra la humanidad mientras que los señores de la tierra hema lo fueron solamente de crímenes de guerra. Estos últimos son considerados menos graves.
"Está claro que aquello de lo que están acusando no es correcto. Todos pueden verlo", opinó Sylvestre Sombo, coordinador político del recientemente creado partido político del FNI, al ser entrevistado por IPS en el pueblo de Bunia, en Ituri, a propósito de las órdenes de arresto anteriores.
