El grupo ETA hizo estallar esta madrugada un coche-bomba frente al cuartel policial de una localidad vasca, donde murió un agente y resultaron heridos otros cuatro, provocando una condena generalizada en España.
El atentado se perpetró en el pequeño pueblo de Legutiano, con unos 1.500 habitantes y ubicado a 17 kilómetros de Vitoria, la capital del País Vasco, una de las 17 comunidades autónomas que integran España.
La Guardia Civil, un cuerpo policial que depende de los ministerios de Interior y Defensa, dispone de cuarteles prácticamente en todas las poblaciones españolas de más de 1.000 habitantes y muchos de sus integrantes habitan en los mismos junto a sus familias.
Los gobiernos de España y del País Vasco, este último encabezado por el moderado Partido Nacionalista Vasco, condenaron con energía el atentado, al igual que los gobernantes de las demás comunidades autónomas, partidos políticos e instituciones civiles de todo tipo.
El único partido político que se abstuvo de hacer la condena es el Partido Comunista de las Tierras Vascas, que tiene nueve de los 75 diputados del Parlamento Vasco y que, a las órdenes de ETA, reemplazó a Batasuna, el brazo político de ese grupo terrorista ilegalizado antes de las elecciones del 27 de mayo de 2007
En Madrid, todos los grupos parlamentarios suscribieron un documento condenando el atentado, que acompañado por todos los portavoces fue leído por el socialista José Antonio Alonso en las escalinatas del Congreso de Diputados, donde se concentraron los legisladores y guardaron cinco minutos de silencio.
La novedad consistió en que en esta oportunidad la principal fuerza de oposición, el centroderechista Partido Popular (PP), también firmó y estuvo presente, mientras que no lo hizo cuando ETA hizo su anterior atentado mortal y asesinó al ex concejal socialista de la localidad vasca de Mondragón, Isaías Carrasco.
En aquella oportunidad, el PP no lo hizo para criticar al gobierno del socialista José Luís Rodríguez Zapatero, acusándolo de debilidad por querer negociar con ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en lengua vasca).
En esa instancia también volvió a exigir que se anulase la resolución parlamentaria que autorizaba al gobierno a negociar con ETA siempre y cuando abandonase previamente las armas y asumiese el fin de la violencia, anulación que no se produjo.
Este miércoles, los firmantes de la declaración se comprometieron a responder unidos y firmes a ETA para combatirla con "coraje y fortaleza democrática" hasta "derrotarla definitivamente a través de la fuerza exclusiva del Estado de Derecho".
A los terroristas, añadieron "sólo les espera la aplicación de la ley, la acción policial y el ejercicio de la justicia".
En una clara diferencia con anteriores posiciones del PP, su hace poco estrenada portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, expresó el máximo apoyo de su partido al gobierno socialista para adoptar todas las medidas necesarias contra ETA.
En esto, subrayó, "no tenemos ninguna duda ni ninguna vacilación: hay que estar juntos para derrotar a ETA y hay que acabar con ellos".
Como no es la primera vez que ETA hace estallar un coche-bomba estacionado en las cercanías de un cuartel policial, IPS consultó a la dirección de la Guardia Civil al respecto, preguntando cómo es posible que se permita estacionar vehículos junto al mismo.
La respuesta fue que, por lo general esos cuarteles, sobre todo en los pueblos pequeños, están rodeados, "pegados" a viviendas familiares y no se puede prohibir el tránsito de sus vehículos.
Hay vigilancia, incluso videocámaras y otros instrumentos, "pero lo que han hecho es llegar con el coche, parar su motor y salir corriendo hacia otro que los esperaba a escasos metros, en marcha y con otro terrorista al volante", explicaron en la sede policial.
Por eso pudieron hacerlo y no ser detenidos, aunque, concluyó el oficial, "tarde o temprano serán detenidos".
Años atrás los ataques eran de otro tipo. Por ejemplo, en 1982, la misma casa cuartel en la que hoy hicieron estallar el coche-bomba fue atacada con metralletas, resultando herido un cabo.
Juan Manuel Piñuel, el policía muerto este miércoles, estaba de guardia en la garita del cuartel e informando de urgencia a sus superiores de que se había estacionado un vehículo desconocido.
En Legutiano, donde la mayoría ha votado en favor de la rama política de ETA, salvo en las últimas elecciones cuando su partido no se pudo presentar, en 2000 se hizo estallar una bomba en un taller mecánico y un año después otra en el frente de una farmacia, en ambos casos sin víctimas.
Según un artículo publicado en el diario etarra "Gara", el gobierno apuesta por reforzar la represión y el posible pacto que surgiría de una reunión prevista para la próxima semana entre Zapatero y el presidente vasco, Juan José Ibarretxe, sería" la versión más negra de la traición de los responsables políticos de un PNV que está totalmente corrupto".
Mikel Arana, portavoz de Esker Batua-Berdeak, un partido de la izquierda nacionalista vasca no vinculado a ETA, condenó enérgicamente el atentado y señaló que "tiene la obligación política y ética de rechazar sin ningún matiz la violencia".
Emplazó, además, a Batasuna a que condene la acción terrorista y destacó que "nadie, sea cual sea su ideología, puede permanecer impasible mientras asesinan impunemente a una persona".
La mala noticia provino del consejero (ministro) del Interior del gobierno vasco, Javier Balza, quien afirmó que ETA ha recuperado poder y que cuenta con un gran número de miembros que no están fichados por las fuerzas de seguridad.
Esas declaraciones de Balza fueron hechas después de reunirse con el ministro del Interior de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien se trasladó hasta el lugar del atentado y visitó a los heridos.
Aunque no se produjeron víctimas entre los hijos de los acuartelados que viven con ellos, Rubalcaba, para destacar la falta de ética de los etarras, se preguntó ante la prensa como puede ser que se coloquen bombas "dónde duermen cinco niños de corta edad".
