Veinte corporaciones europeas son enjuiciadas por violación de derechos humanos ante un tribunal de ética en el marco de la «Cumbre de los Pueblos: Enlazando Alternativas III» que se inauguró este martes en Lima. Los organizadores anunciaron que esperan llevar los casos a estrados ordinarios.
"La existencia de este tribunal es una reafirmación de los derechos humanos, y en esta oportunidad lo que buscamos es poner énfasis en que el crecimiento económico muchas veces llega a los países con la vulneración de derechos", dijo a IPS el médico italiano Gianni Tognoni, secretario general del Tribunal de los Pueblos.
Esta instancia creada en 1979 en Italia, cuyos dictámenes no son vinculantes, inauguró sus sesiones en la tarde de este martes en Lima en forma paralela a las reuniones preliminares de la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se celebrará hasta el 17 de mayo en la capital peruana.
Los miembros del tribunal anunciaron que se someterá a juicio a 20 empresas trasnacionales —mineras, petroleras, eléctricas y bancarias—, que operan en América Latina sin respetar los derechos de la población y sin una fiscalización efectiva de los Estados.
Esta es la segunda oportunidad en que se juzga a compañías de capitales europeos y la sesión trigésimo sexta del tribunal en sus casi 30 años de existencia, según Tognoni.
Las empresas en el banquillo provienen de 10 países europeos que operan en Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Nicaragua, Guatemala, Chile y Colombia.
Sólo una de ellas tiene su sede en América Latina: la minera brasileña privatizada Vale do Rio Doce. También se tocará el caso de Irlanda como país afectado por la explotación de petróleo de la anglo-holandesa Shell.
Pero lo particular de este proceso, señaló el coordinador de la comisión organizadora de la Cumbre de los Pueblos, Miguel Palacín, es que se espera llevar a la justicia peruana los casos de empresas que violan derechos en este país.
"Si los miembros de este tribunal reafirman que se afectaron los derechos de las comunidades, llevaremos los casos a los juzgados ordinarios. Por lo menos en el caso de Perú", dijo Palacín a IPS.
Perú ha presentado tres casos ante el tribunal: el de la minera Monterrico Metals, que tiene acciones en la explotación de cobre de Río Blanco en la región norteña de Piura, el de la agroalimentaria Camposol, perteneciente a la noruega Dyer Coriat, por despedir trabajadores sindicalizados, y el de la compañía de agroquímicos Bayer, de Alemania.
En su sesión inaugural, el Tribunal de los Pueblos se dedicó a escuchar el testimonio de víctimas y afectados.
Además, de Monterrico Metals, este martes se oyeron los casos contra la petrolera española Repsol-YPF por sus actividades en Argentina, Bolivia y Ecuador, y contra Shell por la extracción de petróleo en Brasil y también en Argentina.
La jornada culminó con el caso del complejo forestal papelero de la empresa finlandesa Botnia en Uruguay, acusada de aplicar un modelo productivo basado en grandes extensiones de monocultivos que están generando graves impactos sociales, económicos y ambientales en ese país, según los denunciantes.
En nombre de los afectados por el proyecto Río Blanco, el primero en dar su testimonio fue el presidente de las Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión.
"Hemos venido a denunciar la invasión de la empresa Monterrico Metals de los terrenos comunales y el constante atropello a nuestros derechos fundamentales como el de vivir en un ambiente sano y sin represiones", dijo Carrión a IPS.
El dirigente es uno de los representantes de los campesinos denunciados por terrorismo debido a su oposición a la actividad minera. La denuncia fue formulada contra 35 líderes ambientales sin más sustento que fotocopias de noticias, por una asociación que apoya las actividades de Monterrico y del consorcio chino Zijin, que posee la mayor parte del capital accionario.
Los campesinos temen que las operaciones dañen las fuentes de agua y la biodiversidad de la zona, pero además denuncian que la empresa carece de autorización de las asambleas de las comunidades y del voto de dos tercios de los campesinos como exige la Ley de Promoción de la Inversión Privada.
El conflicto ha dejado dos muertos, varios heridos y más de 200 procesos penales contra campesinos que intervinieron en las protestas, según la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz.
Durante la exploración, la empresa lanzó efluentes ácidos con metales pesados y otros contaminantes a vertederos sin la impermeabilización necesaria, según el gubernamental Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.
Sebastián Valdomir de la organización no gubernamental Redes – Amigos de la Tierra de Uruguay habló como representante de las instituciones que acompañan a la población afectada por la empresa Botnia, que supera las dos mil personas, según dijo.
"Las empresas trasnacionales de la celulosa como Botnia, Stora Enso y la española ENCE son responsables de la violación de derechos ambientales y al agua porque estas compañías consumen irracionalmente recursos naturales de las poblaciones dedicadas a la agricultura familiar", dijo Valdomir a IPS.
Tognoni destacó la probidad de los miembros del tribunal. Se trata de unos 80 especialistas, entre abogados, sociólogos, economistas y otros profesionales que se identifican con la defensa de los derechos humanos.
El tribunal emitirá sus sentencias este viernes 16 en la clausura de la Cumbre de los Pueblos.
A lo largo de las sesiones se tocarán otros seis ejes temáticos: Nuevo Constitucionalismo y Privatización de la Justicia, Privatización de los Servicios Públicos, Infraestructura, Precarización y Explotación Laboral, Sistema Financiero y Crímenes Económicos, Criminalización de la Resistencia y Uso de la Fuerza.
Otras compañías que serán juzgadas son los bancos BBVA, HSBC y Santander, la empresa española de energía Unión Fenosa, y las de telecomunicaciones Telecom Italia y Telefónica.
Los organizadores de la Cumbre de los Pueblos destacaron el carácter moral del tribunal. "Lo que se acuerde en esta corte será un llamado para los Estados, para que respeten los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables", dijo a IPS Palacín.
Participan del foro alternativo, que cuestiona el neoliberalismo, 30 instituciones peruanas y otras 50 extranjeras, entre movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos políticos.
