Organizaciones de derechos humanos critican el papel de la policía australiana en la detención de un grupo de traficantes de droga en la isla indonesia de Bali, condenados a muerte por la justicia de ese país, tras la conmutación de la pena de tres de ellos por cadena perpetua.
La Corte Suprema de Justicia de Indonesia comunicó su decisión de conmutar la pena capital por cadena perpetua a Tan Duc Thanjh Nguyen, Matthew Norman y Si Yi Chen, tres australianos integrantes del llamado grupo de los "nueve de Bali" a principios de marzo.
El ministro de Relaciones Exteriores australiano Stephen Smith calificó el hecho de "noticia muy bienvenida", un sentimiento compartido por organizaciones de derechos humanos.
La sentencia a cadena perpetua inicialmente dictada contra los tres australianos fue reducida a 20 años en una instancia de apelación. Pero la fiscalía recurrió el fallo, lo que les valió el máximo castigo.
Los tres hombres fueron detenidos, junto al cabecilla del grupo Myuruan Sukumaran, en posesión de 350 gramos de heroína en una valija en un hotel de Bali en 2005.
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Los tres australianos podrán aspirar a una reducción de su sentencia por buen comportamiento y quizá, después de un tiempo, obtengan permiso para cumplir parte de la pena en una prisión australiana.
Mientras Sukumaran, el otro líder Andrew Chan y el que transportaba la droga Scott Rush siguen en el pabellón de los condenados a muerte.
Rush fue detenido en el aeropuerto internacional de Bali con heroína pegada al cuerpo.
La condena a muerte de Rush es considerada una pena muy severa en Australia, dado que otras tres personas que transportaban droga, llamadas "mulas", detenidas el 17 de abril de 2005 junto a él, fueron sentenciadas a 20 años y a cadena perpetua.
La apelación de Rush contra el máximo castigo sólo sirvió para empeorar su situación pues terminó siendo condenado a muerte.
Todo el mundo se pregunta por qué la sentencia de Scott fue endurecida cuando es bastante obvio para todo el que conozca el caso que él era tan sólo una mula", alegó Martin Hodgson, de la organización Foreign Prisoner Support Service (Servicio de Apoyo a Presos Extranjeros).
Ese último acontecimiento llevó a un análisis más riguroso del papel desempeñado por la Policía Federal Australiana en las detenciones de los "nueve de Bali" a cargo de las autoridades de Indonesia.
"Creo que es lamentable que la policía australiana asista en la detención de ciudadanos australianos en el extranjero sabiendo que el castigo será la pena de muerte", dijo Hodgson a IPS.
Al inicio de las investigaciones sobre ese grupo en febrero de 2005, la policía australiana instruyó a su par de Indonesia acerca de las actividades que posiblemente desarrollaran los implicados.
En dos cartas tituladas "Transportistas de heroína de Bali a Australia, actualmente en Bali", escritas en indonesio y enviadas el 8 y 12 de abril de ese año, oficiales australianos dieron a los indonesias detalles de los integrantes del grupo y de cómo suponían que sería trasladada la heroína.
El funcionario responsable de brindar información de inteligencia a la policía indonesia Mike Phelan explicó en entrevista televisada en 2006 que las cartas informaron a las autoridades de ese país de la existencia de ese grupo.
La policía australiana recomendó en la misiva que se tomaran "todas las medidas consideradas necesarias".
La actuación fue considerada un éxito por la propia fuerza. El inspector jefe Mick Keelty se negó a pedir disculpas y alegó que la policía actuó en el marco de la ley y de acuerdo con la política del gobierno.
La policía australiana señaló que las detenciones impidieron que más de ocho kilogramos de heroína, cuyo valor se estima en unos 3,7 millones de dólares, estuvieran en la calle.
Además, cree que la organización detrás de las acciones de los nueve de Bali, que se presume ya había traficado droga, se desmembró gracias a la vigilancia de la policía indonesia y a subsiguientes detenciones.
Pero Hodgson sostiene que si bien la policía australiana está obligada a colaborar con las fuerzas del orden de otros países, las detenciones pudieron haberse hecho en Australia, donde la pena de muerte fue abolida en la década de los 80.
La última persona en ser ejecutada fue Ronald Ryan en 1967.
"Al menos, pudieron haber detenido a los que sabían que iban a partir", arguyó.
Pero Phelan sostiene que en aquel momento eso no era posible. "No se tenían pruebas suficientes" para acusarlos de conspiración para delinquir, declaró al canal de televisión australiano ABC.
El funcionario también descartó la posibilidad de hacer las detenciones a su llegada a Australia, otro aspecto cuestionado de la actuación policial, pues fueron decididas en el marco de la "legislación y la jurisdicción" de Indonesia.
El Consejo para las Libertades Civiles de Nuevo Gales del Sur también cuestionó la acción policial.
Documentos de la policía a los que pudo acceder esa organización, gracias a la ley de libertad e información, revelan que puede cooperar en el marco de la ley con la policía de otros países antes de que se acuse a una persona de un delito que le puede valer una sentencia capital.
La policía tiene prohibido cooperar cuando hay un pedido para aplicar el máximo castigo.
Pero la "Guía práctica para la asistencia entre fuerzas policiales en casos de pena de muerte", señala que la policía australiana podía brindar asistencia después de dictada esa sentencia si la fiscalía o el ministro del Interior la autorizaban a proseguir.
La policía australiana "debe rever sus protocolos cuando se trata de cooperar en casos que puedan terminar en una condena a muerte", señaló Hodgson.
Este país aprobó en 1990 el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que apunta a abolir la pena de muerte, pero no hizo reformas en la legislación nacional por lo que no tiene carácter vinculante.
Australia tiene la obligación de "oponerse a la pena de muerte y de no facilitarla de ninguna manera", indicó Hodgson.
"Si las actuaciones de la policía australiana tienen como resultado la pena de muerte, aunque sea de forma indirecta, entonces tiene que revisar sus procedimientos", subrayó.
