El plan de gobierno anunciado por el flamante primer ministro de Pakistán, Yousuf Raza Gillani, mantiene la «guerra contra el terrorismo» del régimen anterior, pero enfatiza en la restauración de las libertades y en avances sociales.
Gillani presentó su plan de gobierno, considerado "revolucionario" por muchos observadores, tras obtener un voto unánime de confianza en la Asamblea Nacional (parlamento).
El programa indica que Pakistán impondrá sus propios términos en la "guerra contra el terrorismo", derogará la prohibición de los sindicatos y asociaciones de estudiantes, elevará el salario mínimo, ayudará a los agricultores y aplicará una política de austeridad económica.
Gillani también solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la investigación del asesinato en diciembre de la dos veces primera ministra Benazir Bhutto (1988-1990 y 1993-1996), líder del Partido del Pueblo de Pakistán (PPP), al que pertenece el nuevo jefe del gobierno.
Asimismo, el primer ministro ordenó la inmediata liberación de los jueces en arresto domiciliario desde el 3 de noviembre, cuando el presidente Pervez Musharraf impuso el estado de emergencia.
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El PPP y su socia en la coalición de gobierno, la Liga Musulmana de Pakistán del también dos veces primer ministro Nawaz Sharif (1990-1993 y 1997-1999), dejaron de lado su tradicional enemistad y acordaron restituir a los magistrados en sus funciones en un plazo de 30 días.
Los analistas consideran que el "espectáculo unipersonal" de Musharraf, quien todavía goza del respaldo de Estados Unidos, ha llegado a su fin. En nuevo gobierno declaró que todas las decisiones de gobierno importantes serán tomadas por el parlamento.
Musharraf, general del ejército que tomó el poder en un golpe de Estado contra Sharif en 1999, parece haber aceptado los cambios con resignación.
El presidente se dijo dispuesto a trabajar "con todos y con cualquiera", aceptando así de forma implícita a dirigentes sobre los que en un pasado reciente solía decir que jamás podrían volver a la actividad política.
Además, sostuvo que el nuevo orden marca un bienvenido avance hacia la democracia y que no tenía objeciones sobre la preeminencia del parlamento. Y aseguró que se había visto obligado a hacerse cargo del poder porque el anterior gobierno le delegaba los problemas para que él los resolviera.
Este lenguaje conciliador no promete un gran rédito para Musharraf, dado el clima político que existe en el parlamento.
Cuando Gillani fue elegido primer ministro con el apoyo de una abrumadora mayoría parlamentaria, el 24 de marzo, muchos entonaron cánticos en que exigían el alejamiento de Musharraf. Las consignas se repitieron cuando el presidente tomó juramento al nuevo primer ministro.
Varios de los nuevos ministros estuvieron en prisión sin ser acusados de ningún delito o con cargos que nunca se demostraron. Algunos se colocaron brazaletes negros al tomar juramento el 31 de marzo, como señal de protesta contra Mushrraf, cuya presidencia consideran ilegal.
Gillani, por ejemplo, estuvo detenido cinco años. En 2001 fue condenado de dar ilegalmente empleos en el Estado a seguidores del PPP. Se negó a sumarse al partido de Musharraf a cambio de la libertad, un gesto por el que ganó la admiración de muchos.
Su primer discurso luego de obtener el voto de confianza del parlamento resultó una sorpresa incluso para los dirigentes del PPP. "Incluyó puntos sobre los que habíamos estado trabajando en los últimos dos años, pero no tenía idea de que iba a incluirlos", dijo a IPS el economista Kaiser Bengali.
En su opinión, resultó "refrescante" que, por primera vez en ocho años, un primer ministro se refiriera a cuestiones como la pobreza, la vivienda y el empleo "y no en términos tecnocráticos".
Los anuncios de Gillani incluyen elevar el salario mínimo a 100 dólares mensuales, planes de empleo y de vivienda para los pobres, asistencia a los agricultores, programas de ahorro de energía y políticas de protección del ambiente.
Algunos analistas señalaron que el gobernante necesitará una varita mágica para cumplir con sus promesas. Pero Bengali aseguró que los objetivos pueden alcanzarse y que existen los recursos presupuestarios para la ejecución de esos programas.
El primer ministro se comprometió a buscar una solución política al problema del terrorismo y la violencia en la zona fronteriza de Pakistán con Afganistán.
En ese sentido, anunció que revocará las leyes represivas, que se remontan a la época del dominio británico, aplicadas en las Áreas Tribales Federalmente Administradas, donde implementará un paquete económico especial para fomentar el desarrollo y la generación de empleo.
Algunos aliados del gobierno, como el partido Liga Nacional Awami y el religioso y conservador Jamiat-Ulema Islam, inicialmente criticaron esta iniciativa, a la que consideraron apresurada.
La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán consideró que los anuncios de Gillani son "una alentadora declaración de propósitos y políticas. El gobierno afronta serios desafíos económicos que deben atenderse de forma prioritaria, pero no podrán resolverse si los derechos de las personas no están plenamente garantizados".
Muchos pakistaníes, que sufren el impacto de la elevada inflación, al menos disfrutan por el momento los nuevos aires de democracia.
