La tierra de Alto Parapetí, una zona rural del oriental departamento boliviano de Santa Cruz, es escenario por estos días de una fuerte disputa entre hacendados y el gobierno, que intenta liberar de su estado de servidumbre a más de 2.700 guaraníes.
Unos 1.200 kilómetros separan La Paz de la ciudad petrolera de Camiri, capital de la provincia Cordillera, convertida en estos días en la base desde la cual 40 funcionarios del estatal Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) intentan recuperar tierras para ayudar a reconstituir las 19 comunidades indígenas de la zona.
Desde Camiri a Alto Parapetí quedan sólo 60 kilómetros, pero el acceso al lugar está bloqueado por los hacendados, terratenientes y propietarios menores que defienden sus predios con el respaldo de la prefectura (gobernación) y el ciudadano Comité Cívico Pro Santa Cruz, ambos en franca oposición al gobierno del izquierdista e indígena Evo Morales.
La presencia de delegados del gobierno nacional en el lugar avivó la llama de un conflicto anticipado con la administración de Morales, que intenta redistribuir las tierras de las extensas llanuras y bosques de la región del Chaco boliviano, que cubre el área oriental y sudoriental de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija
Esa estrategia oficial es resistida férreamente por los poderosos empresarios que acumularon grandes extensiones cultivables, ricas en gas natural, agua y vegetación, y edificaron un poder político contrario a la corriente ideológica del mandatario indígena.
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Los ciudadanos de Santa Cruz están convocados para el 4 de mayo a un referendo para saber si aceptan o no un estatuto de autonomía del gobierno nacional, al margen de la Constitución de Bolivia.
Por eso, la llegada de la brigada encargada de fiscalizar las tierras soliviantó los ánimos y la zona es un polvorín luego de tres escaramuzas a palos, piedras, golpes y disparos de armas a cargo de los hacendados. La primera incursión de este tipo fue el 29 de febrero.
En una entrevista concedida a IPS, el segundo al mando del INRA, Juan de Dios Fernández, describe los alcances de la misión encargada para sanear tierras con el fin de recuperar espacios de vida para los guaraníes del lugar.
IPS:—¿Por qué eligen un momento tan sensible para ingresar en el espacio territorial de mayor conflicto y más aún cuando un ciudadano estadounidense figura como propietario de haciendas?
JDF:—Tras su derrota en la batalla de Kuruyuqui frente al ejército republicano, el 28 de enero de 1892, con el saldo de 5.000 muertos, los guaraníes pierden sus tierras que son distribuidas entre hacendados por prebendas políticas y favoritismo. El pueblo sobreviviente es sometido y ahí comienza un estado de casi esclavismo que evoluciona hacia la servidumbre.
En los años de vigencia de la Ley INRA, anteriores al gobierno de Morales, no hubo voluntad de atender la demanda de (reintegrar) 157.000 hectáreas, y quedó guardada, porque políticamente no les interesaba a las autoridades o porque dentro de las áreas había empresarios, pequeños productores y gente vinculada a los sectores políticos que detentaban el poder entonces.
El gobierno de Morales se comprometió a hacer transparente el proceso de entrega de tierras y entramos en el área, también amparados en una resolución del Defensor del Pueblo, de 2005, que identifica la existencia de comunidades cautivas. Este es el adelanto de la batalla que viene en la región fronteriza con Brasil, donde los ganaderos acumularon tierras.
—Pero los enfrentamientos desde febrero pueden llevar a mayor violencia. ¿Continuarán a pesar de ello?
—En Santa Cruz están preocupados porque quisieran una salida violenta y mostrarse como víctimas. El camino que pueden elegir es crear un movimiento de rechazo al saneamiento, pero ese proceso crece como bola de nieve.
El prefecto de Santa Cruz (gobernador), Rubén Costas, y el Comité Cívico Pro Santa Cruz no dicen nada porque no quieren deslegitimar su consulta del 4 de mayo, pues terminará salpicándoles a ellos.
Por ahora se maneja 'mediáticamente' y se dice que los funcionarios del INRA serán linchados, pero eso no pasará porque tenemos el respaldo del Comité Cívico de Camiri que apoya al pueblo guaraní.
—Mientras la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) afirma que en todo el Chaco boliviano, que incluye a tres departamentos, existen 500 familias cautivas, ¿cuántas habitan en la zona de conflicto?
—En la zona de Alto Parapetí hay unas 10.000 familias entre guaraníes, pequeños productores, campesinos y pequeños propietarios. Todos ellos se beneficiarán con el saneamiento que identifica y mide las propiedades y luego determina los espacios no ocupados para entregarlos a los pueblos originarios.
—¿Cuáles fueron los pasos previos para atender la demanda de tierras comunitarias de origen (TCO) presentado el 17 de septiembre de 1996?
—La demanda fue presentada y el gobierno la admite (12 años después), y crea un consejo interministerial para erradicar el trabajo forzoso en la zona guaraní y se elabora un plan interministerial para la reconstitución del pueblo en base a su territorio.
Cuando se opera un proceso de saneamiento, se ingresa en las tierras, se observa el cumplimiento de la función económica y social. Si la cumple se respeta la propiedad, sino se revierten las tierras para convertirlas en propiedad fiscal. Cuando el predio encontrado es insuficiente, se procede a la expropiación.
Por la cantidad de habitantes del área (2.714), y por su modo de vida, se requieren las 157.000 hectáreas para apoyar el desarrollo de las familias guaraníes. Actualmente esas tierras están ocupadas (por ganaderos, medianos y pequeños productores). (El INRA desea verificar si existen tierras sin uso productivo para recuperarlas como tierras fiscales y entregarlas a los indígenas).
—¿Cuál es la cantidad de tierras fiscales disponibles para entregar a los pueblos indígenas?
—No sabemos cuánta tierra es fiscal. En años anteriores no aparecían las tierras fiscales y las que se encontraban se repartían mediante acuerdos oscuros y manchados de corrupción. Fraguaban documentos y se repartían entre los ocupantes de las propiedades.
Pero eso ha cambiado hoy. Ahora el INRA hace la verificación, los dueños delimitan sus áreas y las que no poseen dueño se registran como fiscales.
—¿Cuántas son las hectáreas en posesión del estadounidense Duston Larsen?
— En la provincia Cordillera, la familia Larsen posee cinco predios de 15.000 hectáreas, que equivalen a la superficie de la ciudad central de Cochabamba y, en total, en esa provincia y en Velasco y Ñuflo de Chávez, la superficie total bajo su control alcanza a 57.145 hectáreas, que representan tres veces la zona urbana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
—¿Cuál es la relación entre el objetivo del gobierno por sanear tierras y la demanda de autonomía de algunos sectores cruceños?
—La autonomía es un discurso dentro del cual se esconden estos temas de fondo y que tienen que ver con el control y manejo de recursos naturales por una élite que desea acceder a ellos de cualquier manera. Controlan el proceso agrícola, agrupan tierras, venden, trafican y no producen.
Quieren propiedades para seguir ampliando las zonas de cultivos de soja y luego alquilarlas a empresarios rusos, brasileños, japoneses y miembros de la Iglesia Menonita que trabajan la tierra.
—¿Los funcionarios del INRA han tomado conciencia del riesgo que corren sus vidas en esta tarea?
—En 50 años de reforma agraria, 20 por ciento de los beneficiarios disfrutan de 80 por ciento de las tierras, unas 50 millones de hectáreas, una relación perversa que queremos cambiar. Estamos conscientes plenamente del riesgo y estamos dispuestos a correrlo.
