La definición sobre cómo producir más petróleo y por mayor tiempo provoca en México una cruda batalla política en la que no tienen cabida consideraciones ambientales ni estrategias para desarrollar energías alternativas y limpias.
Activistas de organizaciones ambientalistas y expertos consultados por IPS se declararon decepcionados por el cause del debate. El gobierno propone reformas legales para alentar la participación privada en la extracción, transporte y refinación de crudo, mientras que la oposición de izquierda rechaza esos capitales por considerarlos contrarios a la soberanía.
Pero ambos sectores apuntan a mantener al crudo, cuyas exportaciones financian 40 por ciento del presupuesto nacional, como uno de los motores centrales de la economía y como eje energético.
Los legisladores del Frente Amplio Progresista, que reúne a los principales partidos izquierdistas de México, mantienen desde el 10 de este mes ocupadas las tribunas del Senado y la Cámara de Diputados con el propósito de impedir que prospere la iniciativa gubernamental.
Los opositores señalan que con su acción evitarán que se consume la presunta privatización de la firma estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que está en situación de quiebra con deudas que superan el valor de sus activos, lo cual ha sido enfrentado con más endeudamiento externo.
Ese gravísimo estado financiero es reflejado, por ejemplo, en la calificación BBB por parte de la consultora de riesgos estadounidense Standar&Poor's, cuando la gran mayoría de las empresas petroleras del mundo cuentan con el grado AAA.
A pesar de los altos precios internacionales del crudo, que exceden las previsiones oficiales, la crisis de la firma no cede, puesto que todo recurso adicional va a parar a las arcas públicas y de allí a los gobiernos estaduales para paliar la insuficiente recaudación fiscal.
Además, de forma paralela al aumento de los precios de los hidrocarburos sube también el costo local de las gasolinas y de otros derivados, 40 por ciento de los cuales México importa para poder cubrir la demanda interna.
El gobierno del conservador Felipe Calderón asegura que su plan no es privatizador y advierte que urge aprobar las reformas, pues el actual horizonte de reservas de crudo es de apenas de nueve años y un mes.
El oficialismo apuesta a incursionar pronto en la exploración de crudo en el lecho profundo del golfo de México y los opositores afirman que hay márgenes para extraer más crudo en tierra firme y costas. El objetivo de ambos es aumentar las reservas para mantener el nivel de extracción actual de 2,9 millones de barriles por día.
"La soberanía energética trasciende al petróleo, pero en este debate pasional, donde todo se reduce a privatizar o no privatizar Pemex, no hay espacio para más argumentos", lamentó ante IPS Omar Masera, director de la no gubernamental Red Mexicana de Bioenergía.
Según Masera, México debería estar debatiendo sobre cómo diversificar su matriz energética. "La soberanía está en asegurar al país un futuro sustentable", señaló.
Datos oficiales indican que 41,68 por ciento de la energía eléctrica que consume el país depende de los hidrocarburos, 11,43 por ciento de los complejos hidroeléctricos y 7,92 por ciento de la quema de carbón. El 31,07 por ciento adicional es generado por firmas privadas que básicamente usan gas.
El resto de la electricidad proviene de una planta nuclear con una participación de 4,56 por ciento, geotermia con 3,24 por ciento y eólica con 0,10 por ciento.
En cuanto al parque automotor y gran parte del industrial, la dependencia de derivados de petróleo es casi total.
"En México no hay ningún intento por despetrolizar (sic) a la economía y caminar hacia nuevos estadios energéticos", lamentó Jorge Escandón, coordinador de la campaña de Energía y Cambio Climático del capítulo mexicano de la organización no gubernamental Greenpeace.
Los países parte del Protocolo de Kyoto, el convenio firmado en 1997 y en vigor desde febrero de 2005, entre los que se cuenta México, tienen el compromiso de disminuir las emisiones de dióxido de carbono, pero el proceso local contradice ese propósito", dijo Escadón a IPS.
La oposición y el gobierno lo que buscan es mantener alto el consumo de combustibles fósiles y dejar de lado las energías renovables y limpias, sostuvo.
México es responsable de dos por ciento de las emisiones de gases invernadero que producen el recalentamiento del planeta.
Los últimos gobiernos de este país trazaron planes para desarrollar energías alternas, pero en los debates en curso nadie habla de ellos. Tanto el activista de Greenpeace como el jefe de la Red Mexicana de Bioenergía coincidieron en señalar que ese hecho demuestra el poco interés real que hay de parte de todos los actores en cambiar la matriz energética..
Proyectos oficiales contemplan la producción de energía eólica hasta cubrir seis por ciento de la electricidad para 2030 y la necesidad de construir nuevos reactores nucleares para sumarlos a los que funcionan ya en la central de Laguna Verde.
En cuanto al parque automotor, documentos oficiales indican que México debería producir etanol en un plazo mediato para usarlo para darle oxígeno a sus gasolinas.
El director de la Red Mexicana de Bioenergía, que realiza estudios y apoya proyectos en esa materia, aseguró que la mayoría de esos planes avanzan con lentitud y otros están paralizados.
Las propuestas del gobierno de Calderón, presentada la semana pasada al parlamento, incluye normas para dar flexibilidad empresarial a Pemex, ofertar a la población bonos de deuda de la firma y facilitar, a través de contratos que se pagarían en efectivo y no con renta petrolera, la participación privada en esa industria.
El opositor Frente Amplio Progresista aceptó de forma inicial discutir tales proyectos y eventualmente modificarlos, pero de forma sorpresiva y bajo el mando de su líder, el ex candidato presidencial Andrés López Obrador, optaron por bloquear el trabajo legislativo con el argumento de que no hay real interés en debatir.
"En el petróleo hay una polarización total, así es muy difícil que alguno acepte incluir el desarrollo de energía alternativas", indicó Masera.
Pero no sólo está fuera de las discusiones ese punto, sino también todo lo relativo al desempeño ambiental de Pemex, que según la gubernamental Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es la empresa que causa más accidentes ambientales en el país y es una de las más contaminantes.
Pemex es la empresa más grande de México y una de las 11 petroleras más importantes del mundo. Tiene 154.761 empleados, 224 equipos de perforación en operación y 2.884 pozos de crudo activos.
El presupuesto de la empresa para este año es de unos 17.160 millones de dólares, apenas 173 millones de los cuales están dirigidos a mejorar sus capacidades respecto de la protección ambiental.
Los directivos argumentan que esa cifra no describe la real preocupación de Pemex en la materia y afirman que en todas las áreas de la empresa hay componentes y principios de trabajo vinculados al respecto al ambiente.
Pemex es responsable de 57 por ciento de las emergencias ambientales que se presentan cada año en México con materiales peligrosos, según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Además, 70 por ciento de los accidentes vinculados a la petrolera afectan suelos, 30 por ciento al agua y 10 por ciento al aire, señala esa dependencia.
De los 54.000 kilómetros de gasoductos, poliductos y oleoductos y de los 2.000 kilómetros de tendidos submarinos de Pemex, al menos unos 25.000 kilómetros se encuentran en malas condiciones y pueden presentar fallas y accidentes de consideración, denuncia Greenpeace.
Informes de la empresa indican que 10.405 kilómetros de sus tuberías tienen más de 30 años de uso y que 7.400 kilómetros están ya fuera de operación.
Los accidentes son recurrentes en las instalaciones de Pemex, pese a que su dirección asegura que ha hecho todo lo que está a su alcance para tener un desempeño ambiental de excelencia.
