Miles de agricultores de Argentina decidieron este miércoles en asamblea, a modo de tregua para negociar con el gobierno, suspender por un mes el paro que en 21 días desabasteció de alimentos a las ciudades.
Cerca de 20.000 productores agropecuarios y sus familias, con banderas argentinas y carteles con el nombre de sus pueblos, lo resolvieron reunidos en las afueras de la ciudad de Gualeguaychú, en la oriental provincia de Entre Ríos.
"Suspendemos el paro por el término de no más de 30 días", explicó en el acto Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las cuatro asociaciones de pequeños, medianos y grandes productores que participaban en el paro.
"Pero seguimos en estado de alerta y movilización. En ese tiempo vamos a armar una agenda para encontrar soluciones, no promesas", advirtió.
La asamblea de agricultores fue la contracara del acto convocado en la víspera por el gobierno en la céntrica Plaza de Mayo, en la capital, frente a la Casa Rosada (sede de la presidencia).
Allí, la presidenta Cristina Fernández pidió apoyo para la medida gubernamental que desató el conflicto: el aumento del impuesto a las exportaciones de soja y girasol mediante una alícuota móvil, que puede subir o bajar de acuerdo con los precios internacionales.
Se trata, según el gobierno, de una medida distributiva sobre una renta extraordinaria atribuida a los elevados precios de esos productos en el mercado internacional.
El incremento del tributo ascendió en el caso de la soja, el principal cultivo de exportación, de 35 a 44 por ciento. El girasol aumentó de 39 a 41 por ciento.
Inmediatamente después del aumento, productores de granos, oleaginosas, leche, carne y otros ítems agropecuarios bloquearon 400 puntos en carreteras del interior del país, impidiendo el tránsito de camiones con alimentos. La protesta desabasteció a las ciudades.
El lunes, en un intento por destrabar el conflicto que había ganado apoyo entre la población urbana, el gobierno ofreció una serie de medidas compensatorias para pequeños productores.
Desconfiados, los agricultores mantuvieron la medida de fuerza hasta este miércoles. Finalmente, resolvieron en la asamblea otorgar una tregua de un mes.
Los productores consideraron, en una proclama leída en Gualeguaychú, que la movilización no tenía precedentes en la historia rural argentina, tanto por su magnitud como por el respaldo logrado en las ciudades.
En ese documento, los agricultores explicaron a los afectados por la escasez que los cortes de ruta les "fueron impuestos por las circunstancias". "Era la única manera de que se nos escuche porque habíamos intentado por las vías normales hasta el cansancio", declararon.
"No nacimos para alterar la convivencia, pero no pudimos evitarlo, queremos volver a la normalidad de la convivencia y el trabajo", añadieron.
También señalaron su interés por "restablecer las condiciones para el diálogo" con el fin de aportar propuestas, incluidas iniciativas legislativas.
Además, reivindicaron el control sobre el destino de lo recaudado a través del impuesto a las exportaciones, que no se reparte a las provincias. "Queremos recuperar el federalismo perdido", señalaron en ese sentido.
El sector agropecuario "explotó" con el aumento del impuesto porque ya venía acumulando malestar, dijo en la asamblea Juan Echeverría, integrante del sector más radical de la protesta, el de los productores no asociados a las cuatro grandes organizaciones agropecuarias. "La soja era el último refugio de rentabilidad después de que vimos pisoteada la que nos daba la producción de leche (y) de carne", justificó.
Echeverría precisó que en los últimos años cerraron decenas de pequeños establecimientos productores de leche, y que los subsidios que ofrece el gobierno a ese sector desde hace más de un año se dirigen a las grandes empresas.
"No puede ser que cinco días antes de levantar la cosecha aumenten las retenciones (impuestos a las exportaciones) a la soja", manifestó Alfredo De Angelis, otro de los productores que lideró el corte de ruta en Gualeguaychú.
"Esta vez llegamos hasta acá, pero la próxima vamos a llegar a la Plaza de Mayo", advirtió.
Por su parte, el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, rechazó las acusaciones del oficialismo, que calificó el lock-out agropecuario de "golpista".
Buzzi mencionó a miembros de esa agrupación de pequeños productores que estuvieron presos durante la última dictadura militar que sufrió Argentina (1976-1983).
"Esta movilización dice basta a una manera de gestión política y económica, de un sistema cada vez más unitario", dijo.
Buzzi se refería a la negativa del gobierno a repartir lo recaudado por el impuesto a las exportaciones agropecuarias con las provincias productoras, para mejorar su infraestructura.
"No puede ser que, con lo que estamos aportando, para pintar una escuela en un pueblo tengamos que hacer una rifa", ejemplificó.
Respecto de las compensaciones anunciadas el lunes por el gobierno, hubo cautela. El Ministerio de Economía propuso reembolsos para pequeños productores, subsidios al transporte de cargas para los establecimientos alejados de los puertos y otras medidas de ayuda.
Algunas de esas compensaciones ya existían. Se trata de 500 millones de dólares, pero, según las organizaciones que participan en la protesta, la mayor parte se destina a grandes empresas lácteas y de alimentos.
Los pequeños productores dicen haber llenado todos los formularios de solicitud y que el apoyo nunca llegaba, y que por eso descreen de las promesas.
