La muerte por envenenamiento en Argentina de un ex jefe militar detenido, que todo indicaba sería condenado este viernes por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, puso en evidencia otra vez la falta de garantías para avanzar en los juicios reabiertos en 2006.
En apenas cuatro juicios realizados desde la anulación en 2005 de las dos leyes que habían alejado a represores de los tribunales ya hubo dos víctimas. El primero fue Jorge Julio López, un testigo en uno de los procesos que desapareció hace 15 meses, y el segundo es este caso del ex prefecto de la Armada Héctor Febres, hallado muerto el lunes en su lugar de detención.
"Esperábamos que Febres hablara hoy (este viernes) antes de conocer la sentencia y nuestra duda es si no lo mataron por eso", confesó a IPS Luis Bonomi, uno de los abogados querellantes en el juicio que se le seguía al ex integrante de la Prefectura Naval por secuestros y torturas en la represión emprendida por la dictadura que sufrió Argentina de 1976 a 1983.
Bonomi no descartó que haya sido un suicidio, pero en cualquier caso consideró que la muerte es responsabilidad de la Prefectura Naval que lo tenía bajo custodia, de la justicia federal, y del Ministerio del Interior por no brindarle las garantías debidas.
El testigo Víctor Basterra, quien había declarado en el juicio, alertó acerca de la posibilidad de que Febres haya sido asesinado, porque podía brindar información acerca del destino de los detenidos desaparecidos y de menores apropiados, a la par de que advirtió que hay sectores que quieren un punto final de hecho para los procesos reabiertos en torno a esos crímenes.
Los abogados de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, así como las organizaciones defensoras de los derechos humanos reclaman sin éxito hasta ahora protección para los testigos, juicios simplificados por centros de detención para evitar citaciones reiteradas y piden también que los acusados sean alojados en cárceles para presos comunes.
En espera del enjuiciamiento hay cerca de 400 militares y policías. Más de un tercio está bajo arresto domiciliario por haber pasado los 70 años de vida, una proporción similar está en dependencias militares y el resto, una minoría, en centros del sistema penitenciario.
Desde que se reiniciaron los procesos, los abogados querellantes exigen a la justicia que los detenidos estén bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal y no en dependencias de las mismas fuerzas en la mira judicial. El Ministerio de Defensa se sumó este año a la solicitud, pero la justicia rechaza los pedidos.
"La paradoja aquí es que los argumentos de la justicia para rechazar nuestros pedidos es el tema de la seguridad de los detenidos", señaló el abogado querellante Rodolfo Yanzón, tras conocer el resultado de la autopsia de Febres
Con 66 años, Febres murió el lunes de un infarto mientras permanecía en la sede de la Prefectura Naval, donde esperaba la presunta condena. El lugar de detención era un apartamento de dos ambientes, con baño y balcón y puerta de madera con llaves. Contaba con un equipo de televisión y un reproductor de DVD.
La autopsia confirmó la causa del deceso, pero reveló además que en su sangre y sus órganos había "una cantidad exagerada de cianuro", explicó Bonomi. La justicia ordenó de inmediato el arresto de dos prefectos (jefes de marina) que lo vigilaban y este viernes ordenó la detención de la esposa y dos hijos de la víctima que lo visitaron el domingo.
"Estamos todos consternados porque es un hecho muy grave. Creemos que aquí hay un mensaje mafioso para que no sigan los juicios y no podemos dejar de relacionarlo con la desaparición de López", remarcó el letrado.
Febres iba a ser el cuarto represor en ser condenado luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las leyes llamadas de punto final y de obediencia debida, sancionadas en la segunda parte de los años 80 para frenar esos procesos que, según el gobierno de entonces de Raúl Alfonsín (1983-1989), amenazaban la democracia.
El primer condenado por delitos contra los derechos humanos fue el ex suboficial de la Policía Federal Julio Simón, condenado en agosto de 2006 a 25 años de prisión. Luego le llegó el turno a Miguel Etchecolatz, un ex jefe de la policía de la oriental provincia de Buenos Aires, sentenciado a reclusión perpetua por genocidio en septiembre de ese mismo año.
Fue justamente en el marco del proceso contra Etchecolatz que se produjo la primera víctima de esta nueva ola de juicios.
López, un albañil de 77 años que había sido secuestrado por la dictadura, torturado y permanecido un tiempo sin conocerse su paradero, declaró en el juicio oral que el ex jefe policial fue uno de los responsables de su tormento. Un día antes de la lectura del fallo, desapareció y nada se ha sabido de él hasta ahora, pese a la movilización de las autoridades en su búsqueda.
El tercer condenado fue el sacerdote Christian Von Wernich, acusado de secuestros, torturas y asesinatos, y sentenciado en octubre de este año a reclusión perpetua.
Febres iba a ser el cuarto y el proceso comenzó con polémica. Los abogados de la querella, la defensa del acusado y la fiscalía recurrieron a la Corte Suprema de Justicia para que suspendiera el proceso por considerar que se trataba de un juicio aislado contra un solo responsable y por sólo cuatro casos de secuestros y torturas.
El acusado era un agente de inteligencia de la Prefectura Naval que en la dictadura actuaba como vínculo de esa entidad y la jefatura de la Armada. Se destacó como uno de los más crueles represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde pasaron unos 5.000 prisioneros ilegales, muchos de los cuales fueron lanzados vivos al mar desde aviones.
La Fiscalía reclamaba que el juicio a Febres se realice en el marco de una causa unificada contra todos los represores de la ESMA, que son cerca de 300, incluyendo a los máximos responsables, y que se ponderen todos los delitos cometidos en ese centro de detención durante el régimen.
Pero en un fallo dividido, la Corte avaló el juicio a Febres que comenzó en octubre.
Tras el desfile de medio centenar de testigos, en su mayoría sobrevivientes, la fiscal Mirna Goransky pidió 25 años de prisión para el acusado, aunque resaltó que las víctimas de la ESMA no eran sólo los cuatro querellantes, que los hechos no eran sólo los que allí se juzgaban, y que el autor de los crímenes no era sólo Febres.
El sobreviviente Manuel Franco había declarado en el juicio que Febres participó del operativo en el que fue secuestrado en la calle, en 1979. El hombre fue trasladado a la ESMA donde fue brutalmente torturado. "Escuché a Febres pedir que me suban el voltaje de la picana eléctrica", dijo ante el tribunal.
Luego, este sobreviviente de la ESMA advirtió que en ese lugar vio a mucha gente que jamás volvió a aparecer. "Valoro este juicio, pero me sorprende que aquí acusemos sólo a Febres y por tan poquitos casos", remarcó.
