El presidente de Bolivia, Evo Morales, se propone convocar un referendo sobre la continuidad de su gobierno, iniciado hace 22 meses, y desafía a los nueve prefectos (gobernadores departamentales), cinco de ellos tenaces opositores, a seguir el mismo camino.
El anuncio de Morales, que interrumpió noticieros y transmisiones del fútbol, sacudió el miércoles de noche el tablero político boliviano.
En ese momento, tres prefectos se aprestaban a regresar desde Washington, tras acusar al presidente ante la Organización de Estados Americanos por promover una nueva constitución sólo con apoyo oficialista, así como por la muerte de tres personas en choques entre manifestantes y policías en Sucre, sede de la Asamblea Constituyente, el 24 de noviembre.
El silencio, seguido de sorpresa e incredulidad, dominaron a la oposición tras el anuncio del mandatario, mientras se agudiza una huelga de hambre en Santa Cruz de la Sierra, con unos 150 ayunadores, y en las de Trinidad y Tarija.
En esas ciudades se concentran los grupos contrarios a la corriente indigenista que encabeza el presidente, la cual promueve la recuperación de los recursos naturales como el petróleo y el abundante gas natural.
El mecanismo propuesto por Morales "es una forma democrática y pacífica de resolver un conflicto", dijo el analista Carlos Cordero al evaluar el difícil trance por el que pasa este gobierno, surgido del movimiento de cultivadores de coca y respaldado por sectores campesinos y clases medias urbanas.
Con el rechazo de cinco prefectos a dialogar y la presión para obligar a Morales a dejar en suspenso la constitución aprobada —con los asambleístas opositores ausentes— el 24 de noviembre, el presidente se anticipó a la estrategia de descrédito y desgaste de su popularidad puesta en marcha por sus adversarios.
El texto definitivo, "en detalle", debe ser considerado por la Asamblea Constituyente antes del 14 de diciembre, fecha límite fijada por el Congreso legislativo.
Pero los incidentes en Sucre obligan a buscar una nueva sede para las deliberaciones, que podría ser una población del Chapare, donde el gobierno cuenta con amplio respaldo, en el departamento de Cochabamba.
Mientras se teme un choque de consecuencias imprevisibles en Santa Cruz de la Sierra entre grupos conservadores y sectores sindicales y populares afines a Morales, el presidente apuesta a ganar la opinión de una mayoría ciudadana sin militancia partidaria que, hasta ahora, observa los acontecimientos con cautela.
El gobierno, que cuenta con el respaldo internacional de los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, y Fidel Castro, de Cuba, postula una revolución democrática y cultural.
El objetivo de su reforma constitucional es recuperar para los pueblos indígenas derechos y tierras, preservar para el Estado boliviano las riquezas naturales del país y asegurar la participación popular en las decisiones gubernamentales.
La oposición ha interpretado esos cambios como un intento de confiscar propiedades privadas, como extensas tierras en manos de empresarios madereros y ciudadanos extranjeros. Morales, que se declara respetuoso de los bienes de particulares, niega esta apreciación, al tiempo que propone incorporar a la constitución el derecho a la propiedad comunitaria y colectiva.
"Si el pueblo dice que se va Evo, no hay problema", dijo el presidente, convencido de que en un eventual referendo la ciudadanía evaluaría su desempeño en el gobierno de manera favorable.
Desde enero de 2006, la audacia del mandatario, el primero de origen indígena en 182 años de vida republicana, le permitió obligar a poderosas transnacionales petroleras a renegociar contratos de explotación del gas natural.
De ese modo, incrementó los ingresos del Estado por ese concepto de 150 millones de dólares a cerca de 2.000 millones, en un país con un producto interno bruto anual de apenas 11.000 millones y exportaciones estimadas en unos 7.000 millones de dólares al año.
Los ingresos adicionales beneficiaron directamente a los departamentos hoy convertidos en bastiones opositores —Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando—, donde un referendo realizado el 2 de julio de 2006 se inclinó por aumentar la autonomía de esas jurisdicciones.
Los cinco departamentos restantes rechazaron la autonomía y se inclinaron por mantener un Estado centralizado.
Los sectores de menores ingresos aplauden la política social del gobierno, ejecutada con apoyo venezolano y cubano, la cual se expresa en campañas populares de salud y alfabetización, operaciones gratuitas de cataratas, y la asignación de un bono anual de 26 dólares por cada niño en edad escolar, entre otras medidas. En este país, 67 por ciento de la población vive en la pobreza.
Morales aboga por achicar las diferencias entre las familias bolivianas, entre las regiones empobrecidas de occidente y las ricas de oriente y las que percibe "de continente a continente", en referencia a los países industrializados, de cuyas políticas comerciales es abiertamente crítico.
El presidente manifestó su temor por la acción de grupos de choque que, según asegura, operan a sueldo para hacer huelgas y enfrentarse con la población que respalda sus políticas. Por eso, insistió en una solución democrática: el referendo.
Alineados a la derecha, con apoyo de grupos ciudadanos pero con militancia reciente en partidos tradicionales, encabezan la oposición los prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, a los que se sumó el de Cochabamba, el ex capitán del ejército Manfred Reyes Villa.
En un hipotético referendo, los cinco prefectos tendrán una dura batalla por la reconquista de sus voitantes, ahora divididos por las disputas con el gobierno.
Tras los choques en Sucre, el prefecto del departamento de Chuquisaca —donde se encuentra esa ciudad—, el oficialista David Sánchez, debió "pasar a la clandestinidad" ante amenazas de quienes lo acusan de promover la violencia. Los observadores consideran improbable su regreso al cargo.
En occidente, el prefecto de Oruro, Alberto Aguilar, y el de Potosí, Mario Virreira, pertenecen al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y gozan del gran respaldo electoral.
El prefecto de La Paz, José Luis Paredes, lidera una corriente política que oscila entre pronunciamientos de oposición a Morales y circunstanciales adhesiones. En la principal ciudad boliviana residen cerca de un millón de votantes.
En este contexto, una victoria de Morales no anularía a férreos opositores que asientan su poder en la posesión de tierras y negocios que demandan una política de apertura económica para reproducirse.
Una derrota sólo prolongaría la incertidumbre política en la que se encuentra el país desde 2003, por la ausencia de un líder político capaz de darle unidad a una nación diversa en culturas y corrientes de opinión.
Morales anunció que en breve elevará al Congreso el proyecto de ley de convocatoria a referendo para confirmar o revocar al presidente y los prefectos. Entonces se sabrá la fecha probable de la consulta popular y otros detalles.
La propuesta gubernamental de constitución incluye, comprende el referendo revocatorio para el presidente, prefectos y alcaldes. El anuncio del miércoles confirma ese propósito.
