Por primera vez en 30 años, la máxima representación política de la comunidad judía argentina presentó un estudio sobre las personas de ese origen desaparecidas por la última dictadura, en el que se revela el ensañamiento adicional de la represión contra estas víctimas.
El "Informe sobre la Situación de los Detenidos-Desaparecidos Judíos durante el genocidio perpetrado en Argentina", en formato de libro, fue presentado por el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), con el respaldo de la gubernamental Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
"El libro es parte de un camino que la DAIA viene recorriendo y de su compromiso con los familiares de las víctimas", declaró a IPS Marisa Braylan, directora del CES. Aludió así a los reclamos de deudos hacia esa asociación, señalada de mantener un bajo perfil durante el régimen dictatorial (1976-1983) a pesar de la desaparición de integrantes de la comunidad.
"Los familiares reclamaban ayuda y la actual conducción asumió la responsabilidad de revisar lo actuado y asumir que hubo varios desaciertos", dijo Aldo Donzis, actual presidente de la DAIA. El informe no menciona esos errores, pero responde al compromiso de "reconocer omisiones y desaciertos", rescató Braylán.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, remarcó durante la presentación de la investigación el miércoles que "enfrentar a la dictadura en aquel momento exigía heroicidad y eso no es una exigencia que se le pueda pedir por igual a todos los ciudadanos".
Hay dos aspectos que son los más resaltados en el informe. Uno es cuantitativo y se refiere a una sobre-representación de judíos entre los detenidos-desaparecidos. Además, aunque "no fue una persecución antisemita, el tratamiento era brutal con víctimas judías y se apelaba a la simbología nazi, por eso subrayamos también un aspecto cualitativo", dijo.
El trabajo consta de varios capítulos. En la introducción, se recuerda que la DAIA nació en 1935 para enfrentar la amenaza del régimen nazi en Alemania y la actividad de sus agentes y seguidores en Argentina. Y luego rememora los desafíos, agravios y ataques antisemitas que sufrió la colectividad judía en este país antes del golpe de Estado de marzo de 1976.
En verdad, entre las más graves afrentas hay dos posteriores a la dictadura en Argentina. El ataque en 1992 a la embajada de Israel y el atentado explosivo perpetrado dos años después y que voló el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Entre ambas agresiones murió más de un centenar de personas. Pero el texto no se detiene en estos ataques.
Para la DAIA, el régimen militar planteó "una situación inédita" de persecución que incluyó el secuestro, la tortura, la apropiación de menores y la desaparición forzada de personas, y remarcó que las víctimas judías de ese "genocidio" recibían "un tratamiento más vejatorio y cruel" incluso que el de los demás prisioneros.
El informe se basa en múltiples testimonios, algunos brindados ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), creada en 1984 por el entonces presidente Raúl Alfonsín. Otras declaraciones fueron tomadas de los registros judiciales y de diversos países. También hay narraciones de sobrevivientes a organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras.
Se citan, además, múltiples relatos acerca de la exhibición de simbología nazi como cruces gamadas, retratos de líderes de esa corriente, propalación de discursos de Adolf Hitler (1899-1945) durante las noches e insultos antisemitas durante las detenciones y en las sesiones de torturas.
Brinda una lista provisoria de desaparecidos judíos, que es la que se presentó por primera vez ante la justicia en España a fines de los años 90. También incluye la nómina elaborada por la Comisión de Solidaridad con Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Argentina, radicada en Barcelona, que arroja datos distintos.
El informe sostiene que en los años 70 en Argentina había entre 230.000 y 290.000 judíos, lo cual representaba entre 0,8 y 1,2 por ciento de la población total de entonces. Pero en las estimaciones sobre desaparecidos, el porcentaje de origen israelita está entre cinco y 12 por ciento, según las diversas mediciones.
Sólo en el documento "Nunca mas", producido por la Conadep, en 1984 había denuncias de 8.956 casos de desaparecidos, 1.117 de los cuales eran judíos. Eso indica una proporción de 12,4 por ciento. Si se observan los asesinatos registrados ante esa Comisión, el porcentaje de víctimas de esa colectividad se eleva por encima de 15 por ciento.
En Argentina vive la mayor colectividad judía de América Latina. El informe sostiene que, según sus registros, hubo alrededor de 1.300 desaparecidos de ese origen, pero la DAIA ofreció mantener abierto el registro porque presume que pueden ser más.
Si bien los registros de la Conadep indican casi 9.000 detenidos desaparecidos, organizaciones de derechos humanos elevan esa cifra a casi 30.000.
La investigación detalla que, al igual que en la represión del el nazismo, en los centros clandestinos de detención argentinos se les quitaba a los prisioneros el nombre, se los humillaba y luego de asesinados se ocultaban sus cuerpos. Había entre los secuestrados en Argentina "padecimientos extra" por ser judíos.
En su testimonio ante la Conadep, el sobreviviente Daniel Fernández reveló que "contra los judíos se aplicaba una tortura sumamente sádica y cruel, el rectoscopio. Era un tubo que se introducía en el ano o la vagina de las víctimas y en el cual se ponía una rata que buscaba la salida mordiendo sus órganos internos".
Otro que prefirió el anonimato recordó que los represores "se reían" de los judíos y les pintaban cruces esvásticas sobre el cuerpo, y cuando otros agentes los identificaban durante el baño los volvían a golpear. Cristina Navarro, otra sobreviviente, contó que un guardia "tenía predilección por golpear a detenidos de apellido hebreo".
El estudio también toma el testimonio del editor periodístico y escritor Jacobo Timerman, fallecido en 1999. En su libro titulado "Prisionero sin nombre, celda sin número", el ex director del desaparecido diario argentino La Opinión contó que a los detenidos judíos los obligaban a colocarse en cuatro patas e imitar el ladrido de un perro.
"No era un exceso de algunos represores, era una concepción, una práctica institucionalizada dentro de las fuerzas de seguridad que actuaron en aquellos años", sostiene el informe luego de detallar múltiples testimonios de tratos "especiales" durante las torturas, y apelación de los represores a la simbología nazi.
Otros testigos denunciaron que, en las sesiones de tortura, los represores indagaban en la vida de las organizaciones de la comunidad judía, y luego elaboraban mapas de sinagogas, edificios emblemáticos, y listados de personas. Algunos conocían términos en hebreo y en idish y demostraban "cierta obsesión" por las tradiciones israelitas.
La escritora Nora Strejilevich denunció que, cuando estuvo detenida, un agente le dijo que "el problema que más les preocupaba era la subversión como identificaban a todos los que consideraban como opositores izquierdistas— y le seguía en importancia el problema judío".
Braylan anunció finalmente que los documentos y testimonios que sirvieron de base al informe formarán parte del Archivo Nacional de la Memoria que se erigirá en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, una institución naval que fue un emblemático campo de concentración y que ahora está siendo transformada en museo.
