Con menos de seis semanas a cargo de la jefatura de Estado de Turquía, Abdullah Gül casi debe empacar sus pertenencias y abandonar el palacio presidencial de Cankaya, en esta capital.
El país hubiera quedado en ridículo con la partida de Gül a raíz de un enredo creado por parlamentarios y dirigentes del gobernante Partido por la Justicia y el Desarrollo (AKP).
Si la absurda situación no se hubiera solucionado a último momento, la crisis habría derivado en una nueva elección presidencial.
La clave del embrollo se remonta al 27 de abril.
En la primera ronda de votación en la Gran Asamblea Nacional (parlamento) para designar al nuevo presidente, la candidatura de Gül no obtuvo el apoyo necesario. La figura del ex canciller fue rechazada en protestas multitudinarias en Estambul, en el nordeste, y en otras grandes ciudades.
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Ante la inoperancia del parlamento y el temor de que Gül resultara elegido, el Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas publicó en su sitio de Internet un "memorando" que planteaba la posibilidad de intervención militar para preservar el secularismo, en peligro, advirtió, por las raíces islámicas del AKP, un partido que se define como secular y conservador.
Desde que el AKP llegó al gobierno en 2002, el comandante de las fuerzas armadas, general Yasar Buyukanit, ha expresado sin ambages su temor a que ese partido pretenda transformar a Turquía en una república islámica al estilo de Irán o Malasia.
De hecho, Buyukanit y el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, fundador y presidente del AKP, se enfrentaron cada vez que tuvieron la oportunidad.
El impasse en el parlamento y el espectro de tanques en las calles de Ankara, llevó a Erdogan a adoptar una nueva estrategia de apuro. Quizá con demasiada prisa.
Al tener mayoría parlamentaria, Erdogan logró que el cuerpo legislativo aprobara un paquete de reformas para evitar que la oposición bloqueara la designación del jefe de Estado y adelantara las elecciones legislativas previstas para noviembre a julio.
Con una amplia concurrencia a las urnas, el AKP obtuvo 46,7 por ciento de los sufragios emitidos en los comicios del 22 de julio.
El resultado le permitió al AKP renovar su mayoría en el parlamento y controlar el parlamento, la jefatura de gobierno y la de Estado.
Comenzó el proceso de elección de jefe de Estado en el cuerpo legislativo y el 28 de agosto Gül fue designado el 11 presidente de Turquía.
El paquete de reformas aprobado anteriormente incluía la reducción de la legislatura de cinco a cuatro años y el mandato presidencial de siete a cinco años. Además previó la elección de presidente por sufragio universal.
Pero las normas debían ser ratificadas en un referéndum, previsto para el 21 de este mes.
Como la fecha había sido fijada hacía tiempo, el hecho no fue considerado noticioso hasta que casi ocasiona una crisis nacional.
Tras la euforia del 22 de julio, los líderes del AKP olvidaron, o se hicieron los distraídos, acerca de la existencia de una cláusula clave que debía ser ratificada en consulta popular.
El texto de la reforma preveía que el presidente número 11 sería elegido por sufragio universal dentro de los 45 días siguientes a la ratificación del articulado.
Es decir que, de ganar el "sí" en el referéndum, Gül, el presidente número 11, tendría que ser candidato a las elecciones presidenciales a realizarse entre fines de octubre y principios de diciembre.
La oposición, en especial el Partido Popular Republicano (CHP), aprovechó la oportunidad de desatar una tormenta.
Tras una serie de sesiones parlamentarias realizadas el fin de semana para analizar la situación, una comisión legislativa resolvió el lunes de noche que los artículos 18 y 19 debían revocarse por irrelevantes dada la coyuntura actual.
El presidente de esa comisión, Burhan Kuzu, declaró que no era urgente derogar esos artículos, pero debió hacerse para terminar con los debates acerca de la elección de un nuevo jefe de Estado.
Numerosos allegados al primer ministro aconsejaron a Kuzu cancelar el referéndum.
Según ellos, el AKP ya había alcanzado su triple jugada histórica y se podían introducir nuevas reformas en el marco de la nueva Constitución que se está redactando y será sometida a consulta popular en los próximos tres a seis meses.
Entonces, ¿para que perder tiempo, credibilidad política y más de 84 millones de dólares, el costo estimado por el Consejo Electoral Supremo para el referéndum?
En cambio, los críticos sostienen que la necedad del primer ministro en querer que las reformas sean ratificadas por referéndum obedece a su deseo de venganza de las Fuerzas Armadas y de la burguesía secular por lo sucedido a fines de abril.
Erdogan ha demostrado su intransigencia en los últimos días. El primer ministro exhortó a sus conciudadanos a concurrir a las urnas el 21 de este mes, en una conferencia que dictó el jueves en la Universidad Técnica de Estambul.
"Prometí un referéndum a la población y voy a cumplir", dijo a sus aliados políticos el fin de semana, en alusión a sus promesas preelectorales de dar mayor participación a los ciudadanos en los procesos de decisión.
La situación de Gül es estable porque, además de la normalización constitucional, no hay ningún candidato creíble para ocupar el cargo.
Desde que asumió la presidencia el 28 de agosto, Gül, de profesión economista, se ha mostrado dinámico y omnipresente como siempre, disipando toda duda acerca de su talla para el puesto.
Su firme presencia suele irritar a Erdogan, según diplomáticos y figuras políticas de Ankara, quien está acostumbrado a ser más firme y enérgico en su papel de principal interlocutor de otros jefes de Estado y de gobierno.
En un contexto de un fuerte crecimiento económico y una plétora de asuntos entre manos en el ámbito nacional e internacional, amigos y enemigos del primer ministro se recuerdan a sí mismos que Turquía se las ingenia para inventarse una crisis.
Pero parece que el domicilio de Gül no va a cambiar en los próximos cinco años.
