El primer ministro de Perú, Jorge del Castillo, firmó un acta de entendimiento con los alcaldes que se oponen al proyecto Río Blanco de la minera Majaz, resistido desde hace cinco años por los habitantes de la septentrional sierra de Piura.
Sin embargo, dirigentes sociales que participaron del encuentro el lunes se mostraron disconformes con la posición asumida por Del Castillo durante la tensa reunión de cinco horas. Algunos consideran que el gobierno tiene una actitud favorable a la compañía.
"Sabemos que esto es el comienzo de un proceso largo, y todavía hay varias cosas por definir. Pero tenemos que seguir adelante", dijo a IPS el presidente de la Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión.
Desde 2002, los enfrentamientos han dejado dos campesinos muertos, varios heridos, un incremento de disputas entre mineros y agricultores, y más de 200 procesos penales a participantes en protestas contra Majaz, que busca extraer cobre y molibdeno.
"Hemos dado un paso fundamental que va a permitir tener la satisfacción de abrirnos al diálogo. Vamos a continuar explorando y encontrar los puntos que merezca mejor nuestro pueblo", señaló Del Castillo.
[related_articles]
En las conversaciones se trataron las denuncias sobre ocupaciones ilegales de terrenos por parte de la compañía. Los dirigentes sociales también aseguran que la minera carece de autorización de las asambleas generales de las comunidades, que deben aprobar o rechazar iniciativas con el voto de los dos tercios de los campesinos, como exige la Ley de Promoción de la Inversión Privada para las actividades en áreas de comunas.
Aunque la cuestión de la actividad ilegal de la minera no quedó consignada en el acta de entendimiento, Del Castillo se comprometió a tratarlo en el proceso del diálogo.
El proyecto Río Blanco de Majaz, subsidiaria de la compañía británica Monterrico Metals, se extiende por más de 6.000 hectáreas. Entre 2002 y diciembre de 2006 desarrolló la etapa de exploración y hoy busca comenzar a extraer cobre y molibdeno bajo el control de sus nuevos dueños, la empresa china Xiamen Zijin Tongguan Development Consortium, que adquirió este año 89,9 por ciento de sus acciones.
El acta de entendimiento contempla cinco puntos. Uno se refiere a la necesidad de nombrar un facilitador de la mesa de diálogo, quien podría ser elegido entre los representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Diócesis de Chulucanas (que pertenece a Piura y ha acompañado a las comunidades durante todo el conflicto) o de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las autoridades locales propusieron la creación de un ministerio de ambiente, aunque dejaron en claro, al igual que los comuneros, que se oponen a participar en el estudio ambiental que debe realizarse para dar por finalizada la etapa de exploración del proyecto Río Blanco. Consideran que esas operaciones fueron ilegales.
En el acta, por otra parte, el Poder Ejecutivo advirtió que no puede intervenir en las denuncias que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) interpuso contra los alcaldes de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera, quienes convocaron a una consulta ciudadana no vinculante el 16 de septiembre, en la que más de 90 por ciento de los electores rechazaron la actividad minera en Piura.
Por último, los actores del proceso de diálogo se comprometieron a debatir con altura y en un marco de paz social.
Este último punto resultaba necesario a causa del clima de agresión entre los alcaldes que se oponen a Majaz y los que la apoyan, que estuvo a punto de provocar la suspensión de la mesa de diálogo.
Aunque las autoridades de las zonas afectadas por las actividades de la compañía habían acordado con Del Castillo que sólo ellos y los dirigentes de las comunidades participarían del encuentro, sorpresivamente se dejó ingresar a otros alcaldes a pesar de que sus jurisdicciones se encuentran alejadas del proyecto minero.
El Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, que agrupa a las autoridades y representantes de las comunidades afectadas por Majaz, se convirtió en otro punto de controversia.
Esta organización había sido reconocida por Del Castillo como interlocutor válido en las negociaciones, pero a última hora sólo se quiso dar al presidente del Frente, Carlos Martínez, una posición de observador en la mesa de diálogo.
Martínez también es alcalde en la provincia de San Ignacio, en la región Cajamarca, contigua a Piura, que sería afectada por las actividades de Majaz debido a que los ríos que atraviesan el proyecto minero son la fuente de agua para el riego de las grandes extensiones de café que hay en esa zona.
A pesar de la firma del acta, Del Castillo evadió responsabilidades ante varios reclamos, entre ellos el referido al proyecto de ley presentado por el gobierno en el Congreso legislativo para declarar de interés nacional 20 proyectos mineros —Majaz incluido— luego de que los pobladores rechazaran la actividad minera en la consulta ciudadana.
Los comuneros consideran que esa iniciativa es una provocación y un abierto apoyo a la minera, pero para Del Castillo sólo se trata de una tarea que "se debía cumplir".
El primer ministro tampoco supo responder por qué el JNE denunció por usurpación de funciones a los alcaldes que promovieron la consulta en la que la población se pronunció contra Majaz, mientras que nada hizo respecto del alcalde de Talara, de la oficialista Alianza Popular Revolucionaria Americana, quien convocó el mismo día a una votación similar aunque en apoyo de la minera.
El primer ministro no se centró en problemas como la posible contaminación de las aguas y planteó en cambio hablar del narcotráfico en la región de Piura. Del Castillo propuso que se incluyera en el acta de entendimiento que los alcaldes se comprometían a colaborar con las autoridades policiales para erradicar la droga. No tuvo éxito.
"Cuando los policías incursionan en esa zona, se necesita de la colaboración de los alcaldes. ¿Qué cosa envenena más, la droga o la minería?", preguntó Del Castillo al término de la reunión en diálogo con la prensa.
"A varios dirigentes de las comunidades no se nos ha dado voz para exponer sobre el potencial daño que existe en los ríos y en la biodiversidad en la zona", se quejó Carrión, quien no pudo hablar en la mesa de diálogo a pesar de ser uno de los representantes con mayor legitimidad en las alturas de Piura.
En la zona donde se desarrolla el proyecto minero existen especies en extinción y ecosistemas típicos de los Andes como los páramos, pequeñas "islas" de vegetación que permiten captar, retener y distribuir el agua a los ríos.
"Tengo la sensación de que en esta reunión no ha habido un alcance sustantivo y que no se han identificado los puntos que se requería. En lo que queda del camino el gobierno debería trabajar en recuperar la confianza de las autoridades locales y las comunidades para llegar a consensos", dijo a IPS el responsable del Programa de Minería de la no gubernamental CooperAcción, José de Echave.
