La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CIAC), creada por decreto del gobierno de Ecuador para estudiar la deuda nacional, analizó esta semana los avances de la investigación.
Los resultados que surjan de la auditoría servirán como insumo para el gobierno de Rafael Correa en su intención de reestructurar la deuda pública de este país, que asciende a 13.550 millones de dólares.
En la reunión, que culminó este viernes, se evaluaron documentos de estudios recopilados hasta el momento, así como investigaciones realizadas por varias entidades públicas, organizaciones sociales y no gubernamentales, según explicó a IPS la ecologista Aurora Donoso, experta en deuda externa vinculada al ambiente e integrante de la comisión. Según Donoso, la "auditoría integral" es una acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el proceso de contratación y renegociación del endeudamiento público, el origen y destino de los recursos y la ejecución de los programas y proyectos que se hayan financiado con deuda interna y externa. El propósito es determinar la legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia del endeudamiento, considerando los aspectos legales y financieros, los impactos económicos, sociales y de género, regionales, ecológicos y sobre nacionalidades y pueblos indígenas. La auditoría corresponde a cada uno de los créditos, las renegociaciones y otras formas de reestructuración que se hubieren realizado, los montos pagados por el capital e intereses, las inversiones realizadas con los fondos adquiridos y el estudio de todos los convenios vigentes. Se auditarán además los convenios, contratos y otras formas de adquisición de créditos por parte del sector público, provenientes de gobiernos extranjeros, instituciones del sistema financiero multilateral o de la banca privada, nacional o extranjera, desde 1976 hasta 2006. En cada uno de los casos se establecerán la viabilidad técnica, económica y social del crédito adquirido, así como las condiciones financieras y comerciales que se pactaron, los condicionamientos, el destino de los fondos y las personas que tramitaron los préstamos a nombre de las partes. En el proceso, la CIAC está autorizada a analizar todos los documentos públicos que sus integrantes crean necesarios y las entidades estatales están obligadas a proporcionarlos. La comisión, conformada a fines de julio mediante decreto presidencial, funciona con autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, y tiene un año de plazo para realizar su tarea. La conforman un delegado de la cartera de Economía, uno del procurador general del Estado, uno del presidente de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, seis representantes de organizaciones sociales e indígenas y tres expertos de entidades internacionales dedicadas al estudio de la deuda pública latinoamericana. Su antecedente es la Comisión de Investigación de la Deuda Externa (Ceidex) creada en 2006 por el entonces presidente Alfredo Palacio (2005-2007), que sin embargo no contó con suficiente apoyo inicial.
Para Hugo Arias, del no gubernamental Jubileo 2000 Red Guayaquil, estas iniciativas responden al clamor de la ciudadanía "organizada y sensibilizada ante una deuda sobredimensionada, ilegítima, injusta e inmoral". Arias, miembro de la Ceidex y de la CIAC, aseveró que hay muchas investigaciones realizadas desde el ámbito ciudadano sobre diferentes aspectos de la deuda ecuatoriana.
Este análisis es fundamental, puesto que la deuda pública de este país absorbe gran parte del ahorro nacional y los recursos presupuestarios, acentúa la pobreza y el subdesarrollo y depreda los recursos naturales y la biodiversidad, según Arias. En su opinión, hay indicios claros de que una buena parte del endeudamiento es ilegítima porque se negoció de manera fraudulenta, al margen de la Constitución y de la ley, y porque el uso de los fondos no benefició al pueblo ecuatoriano.
Ya la investigación que alcanzó a efectuar la Ceidex evidenció un secuestro del Estado y sus instituciones por parte de los grupos financieros nacionales y extranjeros y los gobiernos de los países desarrollados, para fomentar el endeudamiento y la privatización de empresas estatales, sostuvo Arias. "Se constató un manejo ineficiente, irresponsable y perverso de los archivos sobre la deuda, con la información dispersa, mal conservada y en parte desaparecida" y además las contradicciones entre las estadísticas presentadas por el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) "son escandalosas", aseveró. Las constituciones de 1979 y 1998 y leyes específicas, "al otorgar poderes discrecionales para contraer créditos externos, al Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas, crearon el escenario para que se cometan abusos e irregularidades", dijo. De acuerdo con declaraciones de Correa y de otros integrantes de su gobierno, si la CIAC comprobara que porciones de la deuda fueron contraídas de forma ilegítima, se podría revisar su pago.
