La discriminación hacia los haitianos y sus descendientes sólo «existe en la mentalidad de algunos morbosos» que pretenden hacerle daño a República Dominicana, respondió el diputado oficialista José Taveras ante el informe crítico de observadores de la ONU.
El canciller Carlos Morales Troncoso también "deploró" el reporte de los enviados especiales del foro mundial, cuyas actividades en el país las calificó "de un montaje prefabricado", según un comunicado oficial emitido este martes en Santo Domingo.
El documento preliminar de los relatores de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre xenofobia, odio de razas y ataque a otros derechos humanos sostiene que en la sociedad dominicana existe "una actitud racista profundamente arraigada contra grupos de población como los haitianos, sus descendientes y, más generalmente, la población de raza negra".
Los expertos advirtieron que, aunque "no existen leyes claramente discriminatorias a primera vista, sí se interpretan y aplican determinadas leyes de forma claramente discriminatorias, en particular las que guardan relación con el estado civil y de adquisición de la nacionalidad por parte de personas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana".
Taveras, empero, rechazó esas expresiones y dijo a IPS que "es imposible conocer esa realidad en unos cuantos días, como estuvo la comisión aquí".
"Pueden existir acciones aisladas, pero la discriminación no es un problema de país", afirmó el legislador de Fuerza Nacional Progresista, una agrupación ultraderechista aliada del gobernante Partido de la Liberación Dominicana.
El senegalés Doudou Diène, relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, y la estadounidense Gay McDougall, experta en asuntos de las minorías, hicieron una presentación preliminar el lunes de las impresiones y datos recogidos desde su llegada al país el 23 de este mes invitados por el gobierno.
La versión final de su informe será entregado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra. El objetivo de los relatores era recolectar información de primera mano sobre posibles casos de segregación de los inmigrantes haitianos, denunciados insistentemente por organizaciones de residentes y defensoras de los derechos humanos.
República Dominicana abarca la mayor parte de los 77.914 kilómetros cuadrados de la isla La Española, que comparte con Haití. Los países están divididos por una línea terrestre de 380 kilómetros.
Los haitianos residentes en suelo dominicano llegarían a 800.000, según cifras extraoficiales.
"Las autoridades (dominicanas) no tienen por qué temer de esta situación, esto es una realidad", indicó a IPS Regino Martínez, el sacerdote que desarrolla su labor pastoral en Dajabón, un pueblo fronterizo con Haití, situado a 300 kilómetro al noroeste de Santo Domingo y a 250 kilómetros de Puerto Príncipe.
"Lo lamentable es que muchos de los que hablan de que no hay discriminación, nunca han visitado un batey ni han venido por esta zona de la frontera", advirtió Martínez, quien dirige el grupo Solidaridad Fronteriza, fundada en 1997 por la católica Compañía de Jesús para "favorecer y fortalecer la interrelación de las organizaciones comunitarias de la frontera noroeste" del país.
Diéne y McDougall confirmaron la existencia de políticas y prácticas arbitrarias y de aplicación retroactiva. Citan en su informe el caso de jóvenes de ascendencia haitiana que han nacido en República Dominicana, que hablan de "su preocupación por no poder ingresar a la universidad debido a que no consiguen renovar su cédula" de identidad.
Esta situación fue denunciada en agosto por Sonia Pierre, fundadora y directora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, quien afirmó que el organismo encargado de emitir los certificados de nacimiento exigía para ello a los dominicanos de ascendencia haitiana la presentación de los documentos de sus padres.
La oficina que emite estas partidas libró en marzo una circular, en la que instruye "en el sentido de examinar minuciosamente las actas de nacimiento al expedir copias o cualquier documento relativo al estado civil", dado que "fueron expedidas en tiempo pasado de forma irregular con padres extranjeros que no han probado su residencia o estatus legal en República Dominicana".
Precisamente, la Fuerza Nacional Progresista pidió a esa oficina gubernamental que le retirara la nacionalidad dominicana a Pierre, con el pretexto de que sus padres no tenían residencia legal cuando la activista la obtuvo en 1963.
Los padres de Pierre llegaron en 1954 a trabajar en los campos de caña de azúcar.
La discriminación y el racismo contra los haitianos y sus descendientes nacidos en República Dominicana son asuntos latentes en este país, por lo cual y organizaciones no gubernamentales locales y del exterior se hacen eco de la grave situación.
Sin embargo, Morales Troncoso rechazó de plano lo observado por los relatores. En el comunicado divulgado este martes indicó que "el informe de estos señores (de la ONU) carece de pruebas contundentes y parece relatado por las voces de esos vendepatrias que sólo buscan sacarle provecho a la situación".
"No es una sorpresa para nosotros que, sin conocer nuestra realidad a fondo, estos relatores pudieran levantar este diagnóstico en tan sólo unos pocos días, porque sabemos lo que hay detrás", sostuvo.
A juicio del canciller, "hace tiempo que hay malos dominicanos involucrados en instituciones lucrativas que han estado haciéndole el juego a países o sectores externos que son competencia de la República Dominicana en sectores como el turismo, el comercio y la inversión en diversas ramas de la economía".
Aseguró que el gobierno de República Dominicana no va a tolerar que "venga nadie de fuera a querer juzgar nuestras leyes y nuestra constitución".
"Nuestra frontera con Haití tiene sus problemas, es nuestra realidad y debe ser comprendida. Es importante no confundir soberanía nacional con indiferencia, y no confundir seguridad con xenofobia", agregó.
