Vecinos, organizaciones ambientalistas y autoridades nacionales y locales de Paraguay dividen aguas sobre los beneficios y daños que puede acarrear el complejo portuario que construye en las afueras de la capital del país la firma transnacional Cargill.
Unos alegan que traerá desarrollo económico y generará puestos de trabajo para la comunidad, mientras otros alertan sobre los riesgos ambientales y cuestionan la continuidad de un modelo económico basado en la expansión del cultivo de soja, uno de los principales motores de la economía paraguaya y razón central para la construcción de esta mega obra.
El proyecto sobre la costa del río Paraguaya se denomina Puerto Unión y es un proyecto conjunto de Cargill con la empresa local Puerto Zevallos.
La inversión, que sumará 25 millones de dólares en una primera etapa, incluye la instalación de una planta fabril para procesar soja y la construcción de una terminal portuaria con capacidad para almacenaje y acondicionamiento de granos.
Se prevé que el puerto comience a operar en abril de 2008, con una capacidad de embarque de 1.300 millones de toneladas de granos al año. La firma anunció, a través de un comunicado, que esta obra es sólo el principio de una serie de inversiones en Paraguay, que totalizarán unos 180 millones de dólares.
Desde el comienzo, el mega puerto ha desatado la polémica por sus supuestas implicancias de daño ambiental. La coalición de organizaciones sociales y consumidores Asamblea Ciudadana por la Vida y la Salud lanzó una campaña para alertar sobre el peligro de que este promocionado "polo de desarrollo" se convierta en realidad en un foco de polución ambiental.
El principal cuestionamiento es que la obra está situada a escasos 500 metros de la toma de agua de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), que abastece a más de un millón de personas en Asunción y ciudades vecinas.
"El mero hecho de que las tomas de agua estén ubicadas en las cercanías determina que esta zona es de extrema sensibilidad e importancia para la salud pública, lo cual contradice la viabilidad de desarrollar técnicas seguras de neutralización de efluentes tóxicos", sostiene la coalición civil.
La bióloga Javiera Rully, de la organización no gubernamental Base IS, dijo a IPS que los impactos de este proyecto son inconmensurables. "El problema que más preocupa es que se va a instalar en pleno centro urbano un puerto de gran escala que maneja granos con muchos agrotóxicos", manifestó.
Rully explicó que el procesamiento de soja, tanto en el transporte como en los silos, implica la exposición a agroquímicos que son bastante peligrosos, por ser de origen fosforado. A eso se suma la polución ambiental por la molienda del grano.
"Hay poblaciones muy cercanas y a sólo 500 metros está la toma de agua de la Essap. Además, (para obtener) un millón de toneladas se necesita cultivar 400.000 hectáreas y no se toma en cuenta lo que será la repercusión en cuanto a la expansión de la frontera agropecuaria", explicó la profesional.
Por lejos, este año la soja se constituyó en el principal rubro de exportación de Paraguay. Hasta julio había generado divisas por 787 millones de dólares, según estadísticas del Banco Central.
Los productores de esta oleaginosa apuntan a superar la cosecha récord alcanzada este año, incrementando la producción actual en alrededor de 10 por ciento, según datos anticipados por Gustav Sawatzky, titular de la Federación de Cooperativas de Producción.
La meta trazada en el sector para la nueva temporada apunta a aumentar la producción de un volumen de 6,2 millones de toneladas obtenidas en la zafra de este año a 6,8 millones.
El cultivo de soja comenzó su expansión en Paraguay a mediados de los años 60 y alcanzó su auge hacia fines de los 90 con la introducción de las semillas genéticamente modificadas de la mano de firmas multinacionales, como la estadounidense Monsanto.
La producción intensiva de este cultivo ha frenado actividades tradicionales como la madera, la ganadería y hasta el algodón, el principal producto agrícola exportable que se redujo fuertemente en los últimos años, pasando de 509.000 hectáreas sembradas en 1990 a sólo 160.000 hectáreas en la campaña de 2006.
"El puerto proyectado se halla río arriba, por lo cual los desechos de hidrocarburos de las barcazas, el levantamiento de los sedimentos y la deriva del polvillo y agrotóxicos de los granos afectarán inevitablemente a todo el suministro de agua potable", advirtió.
"ESSAP no cuenta con capacidad técnica para purificar el agua de desechos químicos, tales como hidrocarburos o residuos de pesticidas", afirmó Sawatzky.
Además, aunque se aportará la tecnología para purificar el agua, ello no significa que los residuos desparecen por sí solos, sino solamente que se aleja la contaminación de la fuente emisora", prosiguió.
El equipo jurídico de la Asociación de Consumidores del Paraguay (Asucop) anunció que presentará un recurso de amparo ante la justicia para frenar las obras.
Las organizaciones cuestionan además la acelerada aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la Secretaría del Ambiente (Seam) y el otorgamiento de los permisos correspondientes de la Municipalidad de Asunción para la realización del complejo, sin un estudio profundo de los efectos sobre el ambiente y las poblaciones aledañas.
La presión de las organizaciones hizo que el Congreso legislativo tomara intervención en el tema, convocando a una audiencia pública para discutir el proyecto. Pero, pese a las advertencias de los peligros, existen voces civiles discordantes con los críticos del proyecto.
Ya se manifiestan a favor de la construcción del mega puerto comisiones vecinales de la zona de Viñas Cué y la Asociación de Pescadores de Zeballos Cué, dos barrios contiguos periféricos de Asunción.
El presidente de la agrupación de pescadores, Mauro Martínez, aseguró a IPS que el proyecto dará fuentes de trabajo a la comunidad de Zevallos Cué, donde casi 50 por ciento de sus 10.000 habitantes viven en la pobreza, según cifras de la estatal Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos.
La Encuesta Permanente de Hogares de 2005 indicó que 38,2 por ciento de los casi siete millones de paraguayos eran pobres.
Zevallos Cué no tiene recursos, "por eso necesitamos que el puerto funcione para dar trabajo a por lo menos 1.000 personas, lo cual beneficiará a su vez a 5.000", detalló Martínez, al tomar los núcleos familiares.
El presidente de Puerto Unión, Fernando Leri Friza, afirmó que más de 600 personas ya laboran en la primera etapa de la construcción del mega puerto y que, a medida que se implementen los proyectos, surgirán más puestos de trabajo.
La empresa propuso la construcción de un muro de defensa para proteger la toma de agua y mitigar los efectos ambientales.
"Estamos negociando con Essap para colocar dos tipos de protección. Un pontón flotante contra choque de barcazas a la deriva y una barrera antiderrame de sólidos y líquidos en suspensión. Ambos sistemas de protección constituyen una defensa", explicó a IPS Leri Friza.
También se propone la introducción de varias mejoras para la comunidad, entre ellas el mejoramiento de los caminos, iluminación, cambio de cañerías, casetas policiales, incluso un destacamento de bomberos voluntarios y ayuda a una escuela cercana al puerto en construcción.
"Tenemos nuestra licencia ambiental y el decreto presidencial. Estamos en igualdad de condiciones que los otros puertos, sólo que vamos a trabajar con más tecnología, lo que ayudará a disminuir el impacto ambiental", sostuvo el directivo ante la consulta de IPS.
Algunas dirigentes locales, como Víctor Hugo Julio, concejal municipal de Asunción, ven en la campaña de las organizaciones sociales un boicot a la iniciativa privada. "Esta empresa (Cargill) quiere invertir ahora en Zeballos, asegurando las condiciones ambientales, pero se quiere obstaculizar el emprendimiento", comentó a IPS.
La multinacional Cargill opera en Paraguay desde 1978 y se dedica principalmente a la compra, procesamiento y exportación de granos, aceites y harinas.
