La propuesta de una coalición de organizaciones civiles de incluir la despenalización del aborto en la reforma del código penal dominicano, genera fuertes presiones contrarias de las jerarquías de la Iglesia Católica sobre el Congreso legislativo.
El código penal contempla penas de seis meses a dos años de cárcel para "el que por medio de alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos, o de otro modo cualquiera, causare o cooperare directamente a causar el aborto de una mujer embarazada, aun cuando ésta consienta en él".
Grupos civiles y profesionales proponen despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo cuando éste sea producto de una violación o cuando se comprueben malformaciones del feto o esté en peligro la vida de la madre.
"La penalización no resuelve el problema, provoca que mujeres indefensas pongan en riesgo su vida con la práctica ilegal del aborto al que se someten", dijo a IPS Sonia Galván, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Colectiva Mujer y Salud.
Para Galván, el aborto "es un asunto de derechos humanos" y considera un abuso "obligar a una mujer a mantener un embarazo producto de una violación o un incesto, cuando en realidad es a ella a quien corresponde decidir al respecto".
El Colegio Médico Dominicano coincide con la propuesta y esgrime que el aborto terapéutico está establecido en acuerdos internacionales, es aceptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y "oponerse no puede ser sobre base ideológica", dijo a IPS Ángel Veras Aybar, consultor jurídico de la entidad profesional.
"La ley no se puede hacer para complacer intereses de grupos", afirmó Veras Aybar.
La propuesta de la Coalición por Reformas Legislativas, Modernas y Consensuadas, que aglutina a decenas de organizaciones civiles, encuentra de frente a la Iglesia Católica que, en la voz del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, mantiene un rotundo no a la despenalización, coincidiendo con otras religiones.
Mientras, el presidente de la Cámara de Diputados que debatirá la reforma del código penal, Julio César Valentín, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, sostiene que "no recibirá presiones de ningún sector mientras discuta el tema del aborto".
"En vez de asumir una postura totalitarista ante el debate, la Iglesia debe oír a su feligresía. También ella es afectada", dijo Galván.
En República Dominicana se efectúan entre 80.000 y 100.000 abortos por año, según estimaciones no oficiales.
La mortalidad materna, que era de 170 mujeres por cada 100.000 niños nacidos en 1991, cayó a 132 por cada 100.000, de acuerdo con datos oficiales.
La reforma al código penal fue aprobada por el Congreso legislativo en 2006, pero el presidente Leonel Fernández la observó y la devolvió a las cámaras, llamando la atención sobre la ausencia de figuras que castiguen la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.
Al abrirse una nueva etapa de discusión del texto, el Congreso ha realizado dos vistas (audiencias) públicas y prevé una tercera para conocer opiniones y recibir documentos de distintos sectores sobre cambios a introducir en el nuevo código en temas como el aborto.
"Ahora estamos procesando toda la información que nos presentaron y cuando se haya realizado esta última vista, donde se abordarán todos los aspectos que la gente quiera, entonces la comisión va a tomar una decisión y le va a presentar el informe al plenario de la cámara", dijo a IPS el diputado José Ricardo Taveras.
El legislador, de la conservadora Fuerza Nacional Progresista, aliada al gobierno, preside la comisión que estudia el proyecto y piensa "que las condiciones están dadas" para someter el informe final al plenario de la cámara baja antes del 15 de octubre. Luego el pleno tendrá que decidir la pertinencia o no de despenalizar el aborto.
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