Con la fuerte oposición del gobierno de Perú, los ciudadanos de las alturas de la región norteña de Piura se pronunciarán este domingo en favor o en contra de la actividad minera en la zona. Los promotores son tres alcaldes y líderes campesinos que esperan así poner fin al conflicto con la firma Majaz.
"Los pueblos tenemos derecho a expresar nuestra opinión y esta consulta es un camino democrático para poner fin a tantos enfrentamientos", señaló a IPS el presidente de la comunidad campesina de Yanta, Cenesio Jiménez, en pleno cierre de campaña de los promotores por la opción del "No" a la minería.
En las tierras de Yanta se levanta el proyecto de cobre y molibdeno Río Blanco, de la empresa Majaz, la subsidiaria de la compañía británica Monterrico Metals que acaba de ser adquirida por el consorcio aurífero chino Zijin.
Los pobladores de Yanta son los principales opositores de la compañía debido a que aseguran que usurpa sus territorios comunales y podría contaminar los ríos.
Yanta es una de las comunidades que participará en esta consulta convocada para este domingo por las municipalidades de los distritos de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera, que cuentan con un padrón electoral de más de 31.000 ciudadanos de los sectores rurales y urbanos.
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La consulta, pese a no tener efectos vinculantes, se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno peruano de Alan García y también en la oportunidad para encontrar una salida pacífica al conflicto entre Majaz y las comunidades del área.
Según un sondeo elaborado a pedido del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, al que tuvo acceso IPS, 86 por ciento de los encuestados en el distrito Carmen de la Frontera están en contra de la minería, 10,1 por ciento a favor y el resto no responde.
En el distrito de Ayabaca, 89,6 por ciento de los entrevistados se oponen a la minería y 7,9 por ciento de ellos están a favor.
El Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú está integrado por alcaldes que impulsan la consulta.
Desde 2002, los enfrentamientos entre la población y la compañía han dejado como saldo la muerte de dos campesinos, varios heridos y más de 200 procesos penales contra comuneros participantes en protestas contra la compañía.
García sólo ha contestado que detrás de la organización de la consulta existen "comunistas revoltosos", que pretenden atentar contra el desarrollo del país. Mientras que los campesinos insisten en que ellos no fueron presionados y que solicitaron la convocatoria de la consulta tal como lo hizo el pueblo de Tambogrande.
En efecto, esta es la segunda vez que se efectúa un proceso de este tipo en el país desde que en los años 90 la actividad minera pasó a manos de capitales privados.
En Tambogrande, ubicado también en la región Piura, se realizó en junio de 2002 un proceso electoral por el cual se conoció que 98 por ciento de los ciudadanos del lugar preferían vivir de la agricultura y rechazaban las operaciones de la firma minera Manhattan Sechura, subsidiaria de la transnacional canadiense Manhattan Minerals.
Aunque esa consulta tampoco tuvo efectos jurídicos, los resultados fueron decisivos para que en la opinión pública se tomara conciencia de que los campesinos también tenían el derecho de decidir en qué actividad económica podían sustentar su desarrollo. El conflicto terminó con el retiro de la empresa canadiense y hoy los vecinos de Majaz esperan conseguir lo mismo.
Luego de que el presidente García saliera a atacar a los promotores de la consulta de este domingo, el primer ministro Jorge del Castillo ha cuestionado el proceso sin descanso, reiterando que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo ha calificado de ilegal porque no está a cargo de las autoridades y es sobre una actividad económica legal como la minería.
El JNE incluso ha acusado a los alcaldes que convocan la consulta de usurpación de funciones y, como último recurso para detener el proceso, solicitó el martes la incautación del material electoral que será utilizado.
Pero el fiscal provincial encargado de Ayabaca, Samuel Guerrero León, en la víspera declaró improcedente la petición.
Gerrero León indicó a IPS que no existen argumentos legales para que proceda un pedido de esta naturaleza. Las fiscalías de Chulucanas y Huancabamba sólo se pronunciarán sobre la incautación del material electoral en Paicaipampa y Carmen de la Frontera a partir del lunes, es decir luego de que se realice la consulta.
"Nosotros estamos siendo presionados por el gobierno central para retroceder en esta solución democrática frente al conflicto, pero no vamos a ceder", dijo a IPS el alcalde Ayabaca, Humberto Marchena, quien es investigado por la policía a pedido del JNE, al igual que otros 19 funcionarios de su municipio por haber convocado a la consulta.
El premier Del Castillo manifestó que pedirá que se investigue si se están utilizando fondos estatales de los municipios para que se realice el proceso. El teniente alcalde de Ayabaca, Deyber Flores, contestó a esa solicitud que los recursos están siendo proporcionados por las organizaciones no gubernamentales que apoyan a los comuneros.
Para Del Castillo, no existen garantías para que el proceso se realice en un clima de tranquilidad y se obtengan resultados transparentes, debido a que un sector de los comuneros que apoya a Majaz es presionado para acudir a votar por el "No" a la actividad minera, aseguró.
Según el funcionario, los promotores de la consulta han amenazado con 40 azotes, el recorte de agua y una multa de 60 soles (casi 20 dólares) a los que no participen. Pero el jefe policial de Ayabaca, José Velásquez, informó que no se han reportado denuncias de amenazas a la población ni enfrentamientos.
"Acá la gente puede participar libremente, no obligamos a nadie porque precisamente es el pueblo el que ha pedido que se realice esta consulta", declaró a IPS el presidente de las comunidades campesinas de Ayabaca.
En Carmen de la Frontera, ubicado en la provincia de Huancabamba, tampoco se han tomado medidas de amedrentamiento, aseveró el vicepresidente de la comunidad de Segunda y Cajas, Eusebio Guerrero, quien representa al otro pueblo que ha denunciado a Majaz por usurpación de tierras y que acudirá mañana a las urnas.
Debido a que en Huancabamba, la minera Majaz sí ha logrado captar adeptos, se especula que en esa zona se puedan registrar algunos hechos de violencia durante la votación.
Sin embargo, la compañía ha negado algún tipo de participación para hacer fracasar la jornada. El gerente de relaciones institucionales, Andrew Bristow, reiteró la voluntad de diálogo de la empresa y aseguró que, incluso, podría postergarse el inicio de la explotación de los minerales si no se logran las condiciones sociales en la zona.
El primer ministro Del Castillo dijo el lunes, durante una frustrada reunión con los alcaldes que convocan a la consulta, que continuará haciendo esfuerzos para conseguir sentarse a dialogar con los opositores a Majaz ahora que los nuevos accionistas mayoritarios de Zijin están dispuestos a lograr consensos.
Pero las autoridades locales y los dirigentes campesinos respondieron que sólo lo harán con los resultados de la votación en la mano.
