«No puedo volver a mi país porque la situación allá es muy mala», dice Gloria, una peruana de 25 años que llegó a Chile hace menos de uno, embarazada de su tercer hijo. Pero su vida aquí no es mejor: es inmigrante irregular, vive en un cuarto prestado y no tiene trabajo.
Sus otros dos hijos, de siete y nueve años, quedaron en Perú al cuidado de la abuela, quien limpia casas y lava ropa. "¿Qué voy a hacer con tres hijos allá?", se pregunta Gloria.
También cuenta las peripecias que vivió al arribar a Chile: asegura que un carabinero (policía militarizado) le quitó su visa de turista mientras viajaba en un autobús rumbo a Santiago. Luego unos delincuentes la asaltaron.
Gloria teme que la "boten" (deporten) del país en cualquier momento, dado que no puede regularizar su situación. Para acceder a una visa temporal y recibir una cédula de identidad debe presentar un contrato de trabajo por dos años, como mínimo. Pero la firma de un contrato está supeditada a tener autorización para residir.
Es el círculo vicioso en que se mueven los inmigrantes irregulares, quienes sólo pueden acceder a la atención de salud y otros beneficios sociales mostrando su cédula de identidad.
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Por este motivo, el domingo 2, con motivo de la celebración del Día Nacional del Inmigrante, el Comité de Refugiados Peruanos en Chile pidió a las autoridades de este país una moratoria ("perdonazo") para las personas que se encuentran en forma irregular en el país, que terminan trabajando en condiciones precarias y sin seguridad social.
"No existe voluntad política del gobierno para atender las demandas de los inmigrantes y refugiados", dijo a IPS el presidente del Comité de Refugiados Peruanos, Raúl Paiba. Se estima que ésta es una de las principales colonias extranjeras y la que sufre la mayor discriminación.
Paiba organizó, para sensibilizar a la población y presionar a las autoridades, un baile solidario para este sábado, al que se irán sumando otras acciones, adelantó.
"No hay información sobre la situación real en que se encuentran los inmigrantes y refugiados en Chile", dijo a IPS Anuar Quesille, investigador del Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Diego Portales, que acaba de presentar su último informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el país.
Además de documentar el estado de desprotección en materia de salud, educación, trabajo y vivienda en el que se encuentran estas personas, por la inexistencia de una política migratoria y la discriminación que sufren, el informe cuestiona la falta de transparencia del gobierno.
Actualmente rige un decreto-ley de 1975 sobre extranjería, que regula aspectos relativos al ingreso, permanencia y salida de inmigrantes, que se suma a otros complementarios. No existe ley de refugio.
Paiba criticó la discrecionalidad con que los funcionarios de los pasos fronterizos deciden quién ingresa al país y quién no. Esto motiva, agregó, la entrada ilegal y la separación familiar. También existe una cláusula que establece que los empleadores deben hacerse cargo del pasaje de regreso del inmigrante cuando termine el vínculo laboral, lo que inhibe la contratación.
Muchos bolivianos, ecuatorianos y peruanos ingresan a este país escondidos en camiones, incluso en los que tienen cámaras frigoríficas, comentó Paiba, por lo que teme que ocurra una tragedia en cualquier momento.
Una vez asentados, viven hacinados. Se ha detectado que galpones divididos en minúsculos cuartos sin servicios básicos han sido habilitados como viviendas, arrendadas a decenas de migrantes, denunció.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales solicitó dos veces por escrito al Departamento de Extranjería, dependiente del Ministerio del Interior, estadísticas actualizadas y desglosadas de inmigrantes y refugiados, así como información sobre nuevas leyes que prepara el gobierno.
Al no recibir respuesta, presentó el 30 de agosto una demanda de amparo por acceso a la información pública en contra del ministro del Interior, Belisario Velasco.
El Censo de 2002 registró 184.464 inmigrantes en Chile: 26 por ciento eran argentinos, 21 por ciento peruanos y seis por ciento bolivianos.
De acuerdo a la información entregada por escrito a IPS por el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, hoy residen en Chile 258.829 extranjeros. A unas mil personas se les ha reconocido la condición de refugiados. El funcionario no especificó otros datos.
Paiba se guía por las estadísticas peruanas que indican que en los últimos tres años han salido cerca de 70.000 peruanos con dirección a Chile y no han regresado. Cerca de 20.000 serían irregulares. También eleva a casi 1.400 el número de refugiados, principalmente colombianos.
Harboe confirmó que se trabaja en dos proyectos de ley, pero no entregó ningún detalle.
"Los plazos para la presentación no han sido definidos, principalmente porque el anteproyecto relativo a refugio se encuentra en proceso de elaboración, con la asesoría de organismos internacionales expertos en el tema, y el anteproyecto relativo a extranjería se encuentra en proceso de revisión en instituciones estatales concernidas en la materia", argumentó.
Una vez terminada su evaluación, los anteproyectos se remitirán a la Secretaría General de Gobierno, donde se evaluará si se los envía al Congreso legislativo.
El gobierno identifica algunos avances en los últimos años: "la incorporación de las mujeres migrantes embarazadas a los sistemas de salud" y la "regularización de la situación de residencia de todo niño que se encuentre matriculado en un establecimiento educacional reconocido por el Estado".
Hay otras tres iniciativas en desarrollo. Una permitirá la regularización de los extranjeros menores de 18 años con el objeto de que puedan acceder en igualdad de condiciones que los chilenos a los sistemas de salud a nivel nacional, más allá de la situación migratoria de sus padres.
Otra posibilitará el acceso a la educación preescolar para niños y niñas inmigrantes y refugiados. Por último, se pretende incorporar como beneficiarios del régimen de prestaciones del sistema público de salud a los extranjeros que solicitan refugio.
Paiba se queja de falta de información sobre las disposiciones que los benefician y de trato discriminatorio por parte de los organismos públicos.
"Chile se presenta como un polo de atracción para inmigrantes", pero no tiene una política adecuada para acogerlos, dijo a IPS Bárbara Romero, del no gubernamental Observatorio Control Interamericano de los Derechos de los y las Migrantes (OCIM).
"Este país abre sus fronteras económicas, pero las cierra para las personas que más lo necesitan", dijo.
El OCIM redactó una ley modelo de migración pensada para ser implementada en todos los países de la región, que recoge aspectos de convenios internacionales y legislación vigente. Ya fue presentada a la Cámara de Diputados de Chile y a la Comisión Andina de Juristas.
"En la primera parte del proyecto se definen todos los conceptos asociados a la migración y el refugio y en segundo lugar se detallan los derechos y deberes de los migrantes. Luego se especifican los deberes del Estado y por último se identifican los recursos judiciales que pueden invocar estas personas", explicó a IPS el redactor del texto, Rodrigo Durán.
Asimismo, el OCIM es una de las instituciones que está detrás de la "Campaña por los Derechos Indígenas y la Interculturalidad en Chile", lanzada el martes 6 en esta capital. El objetivo es sensibilizar a la población sobre la diversidad a través de avisos en diarios, radios y televisión.
Según los expertos, la discriminación es sufrida principalmente por inmigrantes morenos y con rasgos indígenas, aunque posean estudios. Por ello, la suerte de los argentinos es radicalmente distinta a la de los peruanos y bolivianos.
La peruana Karlita Jacobo, de 29 años, es profesora de matemáticas y física. Llegó con visa de turista y gracias a que encontró trabajo en un centro educativo municipal de la capital obtuvo la residencia temporal. Pero hace algunas semanas se revocó su contrato, tras sufrir una persecución por parte de las autoridades del liceo.
Jacobo no se dará por vencida. No descarta trabajar como empleada doméstica mientras consigue otro empleo de maestra. Su objetivo es establecerse en Chile y traer a su hija de cinco años, que está en Perú bajo el cuidado de su abuela.