IRAQ-EEUU: Gatillo fácil de mercenarios llega al límite

Al revocar el permiso de una de las empresas privadas de seguridad más importantes de Estados Unidos, el gobierno de Iraq dejó en evidencia otro motivo de fricción con el país ocupante, que recurre a ese tipo de compañías para proteger a sus funcionarios.

Guardias de Blackwater posan en el sitio web de la compañía Crédito: Blackwater USA
Guardias de Blackwater posan en el sitio web de la compañía Crédito: Blackwater USA
La decisión de anular la licencia de Blackwater USA, a cargo, entre otras funciones, de la seguridad del embajador Ryan Crocker, se anunció el lunes, al día siguiente de un tiroteo en Bagdad que dejó ocho civiles muertos.

Fue el último de una serie de episodios que involucraron a empresas de seguridad privadas cuyas operaciones causan rencor en la población local.

El gobierno iraquí también prometió juzgar a los responsables de las muertes, otra medida que también puede ser una fuente de tensión con Estados Unidos y traslada a este país la nebulosa legal en la que operan los guardias.

Abdul-Karim Khalaf, portavoz del Ministerio del Interior iraquí, dijo creer que fueron empleados de Blackwater los que abrieron fuego contra civiles al oeste de Bagdad el domingo, en un incidente que dejó de un saldo de ocho personas muertas y 13 heridas.
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El incidente comenzó cuando un convoy de vehículos del Departamento de Estado (cancillería) estadounidense recibió disparos de armas pequeñas, según informó la agencia Associated Press citando funcionarios de Estados Unidos.

"Cancelamos la licencia de Blackwater y le prohibimos trabajar en todo el territorio iraquí", declaró Khalaf. "También derivaremos a los implicados a la justicia."

Pero, según la portavoz de la empresa, Anne Tyrrell, "los guardias de Blackwater actuaron de forma adecuada y legal para repeler un ataque en Bagdad, el domingo".

"Blackwater lamenta la pérdida de vidas humanas, pero el convoy fue atacado con violencia por insurgentes armados, no civiles, y nuestra gente hizo su trabajo para defender" a los integrantes del grupo, explica el comunicado emitido por Tyrrel el lunes a última hora.

La expulsión de los guardias de Blackwater puede dificultar mucho el trabajo del ejército de Estados Unidos en Iraq, que depende de esa empresa para garantizar la seguridad de importantes funcionarios de este país, incluido el embajador Crocker.

Pero aun si Blackwater no pudiera seguir trabajando en Iraq, la mayoría de sus empleados podrán pasar a otras empresas y la seguridad general de Estados Unidos no cambiaría mucho, dijo a IPS Prattap Chatterjee, de la organización no gubernamental CorpWatch.

"Es difícil vigilar un grupo itinerante de combatientes móviles. Aun si Blackwater tiene prohibido operar, es probable que sus empleados puedan encontrar trabajo en Aegis o Triple Canopy", otras empresas de seguridad, indicó Chatterjee.

La secretaria de Estado (canciller) de este país, Condoleezza Rice, llamó por teléfono al primer ministro iraquí Nouri al-Maliki a última hora del lunes y acordaron llevar adelante una "investigación justa y transparente" de la matanza.

Pero nada asegura que los esfuerzos de Rice sean suficientes para contener la ira de los iraquíes hacia lo que perciben como delitos e impunidad de los guardias de Blackwater.

Más de 180.000 civiles trabajan para el gobierno de Estados Unidos en Iraq, según cifras publicadas en julio por el Departamento de Estado y el de Defensa. La mayoría son iraquíes, pero también hay más de 20.000 estadounidenses y más de 40.000 de otras nacionalidades.

La cantidad de guardias privados superan a los 160.000 soldados estadounidenses en ese país de Medio Oriente, según la misma fuente.

Los empleados de mayor perfil son los guardias de seguridad, responsables de proteger a las personas importantes, algunos sitios y los convoyes.

Los guardias de seguridad tienen prohibido participar en combates, pero su misión puede ponerlos en una situación que se superpone con la del ejército cuando los atacan.

Las empresas de seguridad cuentan con unos 30.000 guardias en Iraq, aunque las estimaciones varían bastante.

Blackwater, que tiene unos 1.000 empleados y contratos con el gobierno estadounidense por 800 millones de dólares, es una de las empresas más conocidas en ese país.

Entre sus tareas más significativas, esa empresa estuvo a cargo de la protección de L. Paul Bremer, director de la Autoridad Provisional de la Coalición ocupante, y la de Crocker.

La firma se hizo conocida en marzo de 2004, cuando cuatro de sus empleados fueron asesinados y mutilados por una muchedumbre en Faluya, 60 kilómetros al oeste de Bagdad.

El incidente puso de relieve el fallido intento de Estados Unidos de recuperar el control de esa ciudad en abril de ese mismo año.

Familiares de los cuatro empleados asesinados en esa ciudad demandaron a Blackwater y alegaron que la empresa no les brindó el equipo ni los recursos que podrían haberles salvado la vida.

Blackwater ya había sido criticada por recurrir a tácticas provocadoras.

Unos de sus críticos, el coronel retirado de la Armada Thomas X. Hammes, arguyó que su agresivo enfoque de protección socava los esfuerzos tendentes a evitar que la contrainsurgencia se gane a la población local.

"El problema es que defienden su principio de agresividad excesiva y cada vez que operan ofenden a la población local, la obligan a hacerse a un lado, la agobian e intimidan, a veces hasta sacan vehículos fuera del camino, ganándose enemigos cada vez que trabajan", dijo Hammes a PBS en 2005.

El tiroteo del domingo en Bagdad fue el último de una serie de incidentes que involucraron a empleados de Blackwater en Iraq y que puso de relieve el ambiguo estatus legal de los guardias de seguridad privados.

El 24 de diciembre de 2006, un empleado ebrio de esa empresa y que no estaba de turno disparó y mató a un guardaespaldas del vicepresidente Adil Abdul-Mahdi. El guardia fue despedido y repatriado a Estados Unidos, pero hasta ahora no se han presentado cargos en su contra.

En mayo de este año, otro guardia asesinó a un conductor iraquí cerca del Ministerio del Interior, en Bagdad, lo que hizo estallar un enfrentamiento entre un convoy de Blackwater y fuerzas de esa cartera.

Al igual que los empleados del sector privado, los guardias de seguridad no están sujetos a la ley marcial, pero bajo una decreto de 2004, de la Autoridad Provisional de la Coalición, tampoco pueden ser procesados por la justicia iraquí.

Por ahora, ningún guardia privado ha sido condenado por el asesinato de civiles iraquíes.

Es notorio que gran parte de la población iraquí considera que los guardias de seguridad de Estados Unidos actúan con total impunidad, lo cual es causa de resentimiento.

Ese malestar habría llevado a Washington a prometer el lunes que los responsables de la masacre del domingo en la capital serían procesados en tribunales iraquíes.

De todos modos, la promesa parece constituir un intento de evitar que eso suceda y de que el asunto permanezca bajo control de Estados Unidos.

Blackwater fue fundada en 1997 por Erik Prince, miembro de una multimillonaria familia cristiana y conservadora y ex integrante del comando especial Seal (acrónimo de aire, mar y tierra, en inglés) de la marina de guerra de Estados Unidos. La empresa cuenta ahora con unos 2.300 empleados en todo el mundo.

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