La jornada de conmemoración del 34 aniversario del derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende finalmente mostró dos caras en la capital chilena: respeto de día y violencia de noche, con un saldo de un policía muerto y otros 42 heridos.
La presidenta de Chile, la también socialista Michelle Bachelet, visitó este miércoles a los carabineros (policías uniformados) que resultaron heridos en los enfrentamientos con manifestantes ocurridos en la noche del martes en comunas periféricas de Santiago.
"A mí me parece inaceptable que en una fecha que tiene un sentido para los chilenos, de mirar cómo somos capaces de vivir en democracia y seguir construyendo un país más justo, pero a la vez más democrático, haya actos de violencia, de matonaje y pillaje como los que hemos visto", dijo.
Bachelet afirmó contundente que esos hechos "no tienen relación con la conmemoración de una fecha trágica como es el 11 de septiembre", en referencia al aniversario número 34 del cruento golpe de Estado perpetrado por el general Augusto Pinochet contra el presidente constitucional Allende, quien se suicidó en la sede de gobierno bombardeada y rodeada por militares.
Esta conmemoración es la primera que se realiza tras la muerte en diciembre pasado de Pinochet, líder del golpe y de la posterior dictadura de 17 años.
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En una jornada de relativa calma, la presidenta recordó en la víspera a Allende en el lugar del Palacio de La Moneda donde murió y participó una ceremonia ecuménica en su honor, mientras que organizaciones sociales y políticas rindieron homenajes parcelados y resguardados por la policía en la puerta donde salió el cuerpo sin vida del ex mandatario.
Pero en la noche comenzó la violencia. Los manifestantes formaron barricadas, cortaron la luz en 105.000 hogares lanzando cadenas a los cables eléctricos de transmisión y cometieron saqueos en casas particulares, locales comerciales, estaciones de gasolina y supermercados.
Inclusive desvalijaron seis centros educacionales y apedrearon autobuses del cuestionado plan de transporte público de la capital, llamado Transantiago.
Los carabineros detectaron el uso de bombas incendiarias, una metralleta M-16 y armas con mira láser, además de revólveres. El saldo inicial de la violencia fue la de 42 policías heridos, nueve de ellos en estado grave, y más de 300 detenidos en todo el país, 208 de los cuales fueron apresados en Santiago.
El cabo de la policía uniformada Cristián Vera Contreras, de 36 años y padre de dos hijos, murió a las 07:00 hora local al recibir un balazo en la cabeza. El carabinero se encontraba en las afueras de su comisaría ubicada en la comuna de Pudahuel, la que fue atacada por una decena de personas.
En otro sector de la capital chilena, un capitán de carabineros recibió una botella con ácido en su cara, lo cual le provocó importantes quemaduras. "Matar a un carabinero en este país, lo digo de corazón y con mucha conciencia, es matar el derecho, es matar el país y eso es lo que hicieron anoche", declaró este martes visiblemente emocionado el general director de Carabineros, José Alejandro Bernales.
Tanto el gobierno como carabineros han insistido en que los actos fueron protagonizados por delincuentes, muchos de ellos menores de edad. Inclusive Bernales adjudicó responsabilidad a los padres de los jóvenes manifestantes.
"Los hechos de anoche fueron lisa y llanamente delincuencia pura y dura", que debe ser combatida "con la mano firme de la justicia", dijo el portavoz del gobierno, Ricardo Lagos Weber.
Enfatizó que no hubo "ninguna reivindicación de ninguna naturaleza", sino hechos delictivos cometidos por quienes "se aprovechan de la oscuridad para usar una violencia innecesaria, reclamando contra nada, exigiendo nada a cambio y afectando la vida de muchos chilenos".
Para coordinar las acciones a seguir, este miércoles se realizó una "cumbre de la seguridad" en La Moneda en la que participaron las máximas autoridades del Ministerio del Interior, representantes del Ministerio Público y el director de orden de seguridad de Carabineros.
Además, la intendenta de Santiago, Adriana Delpiano, presentó cinco querellas criminales contra quienes resulten responsables de los daños y las agresiones.
No obstante, el investigador del Centro de Estudios Socioculturales (Cesc), sociólogo Mauricio Carrasco Jara, piensa que no se puede hacer una análisis tan simplificador de los hechos.
"Creo que es una mala política de comunicación de parte del gobierno desconocer el aspecto político que tienen las manifestaciones. Identificar una motivación delictiva es demasiado fácil, y para un país que se dice en vías de desarrollo, cuestionable", dijo a IPS el experto.
Según Carrasco, es difícil saber si los jóvenes se manifestaban específicamente contra el aniversario del golpe militar de 1973, pero sí es probable que lo hagan como "reivindicación democrática".
A su juicio, la raíz del descontento está en la profunda desigualdad del país, donde el 10 por ciento más rico de la población participa en el 38,6 por ciento de los ingresos nacionales, mientras que el 10 por ciento más pobre sólo es responsable del 1,2 por ciento.
La criminóloga Patricia Arias cree que efectivamente el 11 de septiembre se ha transformado "en el día del deporte nacional del lumpen", pero que es necesario detenerse en sus causas.
"No podemos hacernos los lesos (como sociedad) y dejar de reconocer que hay un factor latente en estas manifestaciones de violencia que es la rabia, el resentimiento que tienen muchas personas producto de las brechas económicas existentes en el país", explicó Arias a IPS.
En este sentido, la subdirectora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales cree que el gobierno ha mostrado "una tendencia permanente a decir lo que cree que la ciudadanía quiere escuchar", es decir, más mano dura, lo que no siempre es efectivo.
Desde su perspectiva, el gobierno debería "ordenar la reflexión" sobre las raíces de la violencia y "priorizar" los recursos en programas educacionales y de salud familiar efectivos.
