Abierta la válvula de un gasoducto de 700 kilómetros que llega a la capital peruana desde las selvas de Camisea, al sur del país, aumentan las críticas al proyecto. La Sociedad Nacional del Ambiente (SNA) pidió al Banco Interamericano de Desarrollo, financiador del proyecto, una auditoría independiente del impacto del gasoducto, inaugurado el 5 de este mes, y de la planta de fraccionamiento de gas que se prevé construir en la sudoccidental bahía de Paracas, junto a una reserva natural.
Maria Elena Foronda, presidenta de la SNA, rechazó afirmaciones del ministro de Energía, Jaime Quijandría, quien sostiene que el impacto ecológico y social en Paracas es mínimo.
Según Foronda, la construcción del gasoducto desplazó población local, afectó a fauna silvestre, y causó enfermedades antes desconocidas a casi 80 por ciento de los habitantes de la reserva Nahua Kugapakori.
