Un paro organizado por opositores al presidente izquierdista Evo Morales convulsionó a seis regiones de Bolivia, dejó tres heridos y, según el gobierno, pérdidas por 28 millones de dólares a causa del cese de actividades.
La oposición conservadora organizó la jornada de protesta bajo la consigna de la defensa de la libertad y la democracia. Organizaciones cívicas, empresariales y la prefectura del oriental departamento de Santa Cruz convocaron al paro de actividades, al que se sumaron entidades afines de Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Pando y Tarija.
El paro tuvo su origen en las profundas discrepancias políticas entre sus promotores y el gobierno de Morales, centradas principalmente en tres temas.
Uno es el enjuiciamiento de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, a quienes se acusó en mayo de racismo e interferencia con las decisiones de Morales por haber destituido a cuatro magistrados interinos de la Corte Suprema de Justicia designados por el gobierno.
La decisión del oficialismo de excluir el traslado de la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo desde esta ciudad a la capital del país, Sucre, de la agenda de la Asamblea Constituyente que intenta redactar una nueva ley fundamental, se sumó a la lista de quejas de los opositores.
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El temor a que el gobierno desconozca las autonomías departamentales fue el otro ingrediente que alimentó la protesta.
El paro no afectó a las regiones occidentales de La Paz, Oruro y Potosí.
En la central ciudad de Santa Cruz dos personas resultaron heridas, una de ellas embestida por un vehículo de la opositora Unión Juvenil Cruceñista.
Los heridos fueron atacados en el Mercado del Abasto, un popular centro comercial, que no se adhirió a la protesta y generó la reacción de un grupo de choque que destruyó vitrinas, muebles y otros bienes de los vendedores, en su mayoría de condición humilde.
La policía intervino para evitar enfrentamientos entre los organizadores del paro y habitantes de barrios pobres provenientes de la región occidental que apoyan a Morales. Las diferencias sociales y un marcado regionalismo son cuestiones recurrentes en Santa Cruz.
En la central ciudad de Cochabamba, partidarios del gobierno despejaron calles bloqueadas por las organizaciones cívicas y hubo incidentes en los que resultó herido un policía antimotines.
"Este es un paro signado por la violencia", dijo el ministro de Seguridad Interna, Félix Rada.
"Los grupos económicos temen perder sus privilegios de acceso al poder político y las ventajas del Estado y eso sucede por las transformaciones como la nacionalización de los hidrocarburos", dijo a IPS el ideólogo del Plan Nacional de Desarrollo y ex viceministro de Planificación, John Vargas.
Vargas argumentó que existe un cambio de matriz de desarrollo, promovido por el gobierno izquierdista de Morales, que quiebra el curso del modelo exportador de materias primas "con un aparato estatal bajo dominación colonial, dirigido por elites que controlaron el poder bajo una tonalidad democrática".
El nuevo modelo económico, diversificado y apuntado a ampliar el poder de otros sectores sociales, dijo Vargas, resta poder a las elites regionales, y el paro estaba orientado a defender privilegios en el aprovechamiento de la riqueza nacional y el acceso a los créditos estatales, subrayó.
La analista política María Teresa Zegada, señaló a IPS que la crisis de conducción gubernamental muestra que el balance de fuerzas aún no está resuelto y que ningún sector puede ejercer la hegemonía.
Aunque se intentó promover un cambio pacífico a través de reformas en la Asamblea Constituyente, agregó Zegada, no fue un espacio idóneo por los temas críticos irresueltos y ahora las fuerzas políticas y sociales tienden a desplazarse a las calles. "Es preocupante", expresó.
Después de una resolución aprobada por la mayoría oficialista y sectores sociales representados en la Asamblea Constituyente, para suprimir el debate sobre el traslado del Ejecutivo y Legislativo a Sucre, ese foro ha quedado en suspenso.
A pesar de los intentos por reanudar las sesiones, marchas y protestas de la población de Sucre interrumpieron las actividades de los asambleístas y muchos abandonaron la sede de la Constituyente por temor a sufrir agresiones.
"Los temas del traslado a Sucre, las autonomías y el estado plurinacional", que reconozca a los diversos grupos étnicos de este país, "debieron ser abordados por la Constituyente", dijo Zegada.
"Los líderes deben hallar una salida al colapso de la Asamblea. Estamos a tiempo para evitar un escenario de confrontación y recuperar los escenarios institucionales", agregó.
El gobierno intenta un diálogo con dirigentes cívicos de Sucre, a quienes ofreció la posibilidad de trasladar algunas comisiones legislativas como una forma de atender a sus demandas.
El oficialismo está dispuesto a negociar una salida a la crisis generada por la cuestión del traslado, la "capitalidad plena" de Sucre, y desea salvar la Asamblea Constituyente porque en ella también debe considerarse el deseo de Morales de poder acceder a la reelección.
Sin embargo, ese intento de diálogo contrasta con la convocatoria del vicepresidente Álvaro García Linera a una marcha y concentración de los movimientos sociales afines al gobierno, en la ciudad de Sucre, el próximo 10 de septiembre, para "garantizar" las actividades de la Asamblea.
Vargas estima que la estrategia de confrontación planteada durante los últimos meses por las organizaciones cívicas y empresariales de Santa Cruz tiende a estancarse.
Por otra parte, agregó, el gobierno se fortalece con el apoyo de movimientos sociales y diversos sectores que, a pesar de sus intereses particulares, poseen objetivos comunes y "son protagonistas de una disputa del poder con los sectores privilegiados".
Al finalizar la jornada de protesta el gobierno difundió con insistencia por televisión un aviso pago en el que se observa la violencia desatada por la juventud cruceñista, el momento en que una persona es embestida por el automóvil y escenas donde la población resiste a los promotores del paro.
