Crece la preocupación en Washington por la actitud del gobierno de Pakistán frente al extremismo islámico, sobre todo luego de la crisis de rehenes en Islamabad, que culminó este martes con decenas de muertos.
La política que ha practicado hasta ahora el presidente Pervez Musharraf con el movimiento islamista afgano Talibán y con la red terrorista Al Qaeda pasó a ser severamente cuestionada sobre todo luego de la crisis en la Mezquita Roja de Islamabad, donde extremistas islámicos armados mantuvieron secuestrados durante varios días a un grupo de estudiantes.
Este martes, el ejército pakistaní ingresó al recinto tras el fracaso de las negociaciones. En la operación habrían muerto más de 50 personas, entre ellas el líder de los radicales, el clérigo musulmán Abdul Rashid Ghazi. Los extremistas atrincherados exigían la instauración de la "shariá" o ley islámica en Pakistán.
La crisis había comenzado apenas unos días después de que el periódico The New York Times informó el 28 de junio que el propio Ministerio del Interior pakistaní le había alertado a Musharraf que la "política de contemporización con el Talibán" sólo sirvió para "fortalecer aun más" al extremismo islámico.
[related_articles]
No obstante, el gobierno de Bush ha mantenido su oferta de apoyo incondicional a Musharraf. El portavoz del Departamento de Estado (cancillería) estadounidense, Sean McCormack, se limitó a decir a periodistas que "todavía hay mucho por hacer" para someter a los radicales islámicos en Pakistán y destacó que Washington "respalda los esfuerzos" de Islamabad.
La administración de Bush sabe que Musharraf ha mantenido un doble juego con Al Qaeda y con el Talibán. Hace cuatro meses, el presidente pakistaní mostró cierta resistencia a la presión de Washington para que endureciera su postura. De todas formas, Estados Unidos sigue considerándolo un aliado en la "guerra contra el terrorismo".
El vicepresidente Dick Cheney visitó Islamabad en febrero, acompañado del vicedirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Stephen R. Kappes, cuando funcionarios estadounidenses no identificados dijeron al periódico The Washington Post que tenían evidencias de que campamentos de Al Qaeda en Pakistán estaban entrenando a combatientes islámicos.
Horas después de trascender que Cheney advirtió con suspender la asistencia a Pakistán si Islamabad no actuaba decididamente contra Al Qaeda, el gobierno de Musharraf divulgó un comunicado subrayando que "Pakistán no acepta los dictados de nadie".
Esa dura respuesta dejó en claro que Musharraf no está dispuesto a cambiar su política frente al terrorismo islámico.
En Washington, las declaraciones oficiales intentan minimizar este diferendo con Islamabad. El asistente del secretario de Estado, Richard Boucher, incluso negó que Cheney hubiera hecho una advertencia a Musharraf. "Se han dado pasos y la cooperación mejoró", aseguró.
Funcionarios estadounidenses, afganos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) concluyeron que el servicio de inteligencia pakistaní ha seguido colaborando con las bases del Talibán y Al Qaeda en las provincias de Waziristán del Norte y del Sur.
Las autoridades afganas distribuyeron entre periodistas en enero una grabación de vídeo en la que Muhammad Hanif, portavoz del Talibán detenido por las fuerzas de la coalición, aseguraba que el mulá Omar, máximo líder de los talibanes, vivía en la occidental ciudad pakistaní de Quetta bajo protección de los servicios de inteligencia de Pakistán.
El analista Barnett Rubin, especializado en temas afganos para la Universidad de Nueva York, dijo en una entrevista a la cadena de televisión pública estadounidense PBS que los militares de la coalición en Afganistán creían que Pakistán podía hacer un daño severo a las fuerzas talibanes si detenían a sus líderes en Quetta.
Los acuerdos que logró el gobierno de Musharraf en 2004 y 2006 con los grupo pro-talibanes en las provincias fronterizas Waziristán del Sur y del Norte ayudaron al movimiento islamista afgano a crecer en número de combatientes y en capacidad logística.
Según un informe del independiente Grupo Internacional de Crisis divulgado en diciembre, el gobierno pakistaní "liberó a combatientes, les devolvió sus armas, desarmó puestos de vigilancia y permitió a terroristas extranjeros permanecer dentro del territorio si renunciaban a la violencia".
Esta política "facilitó el crecimiento de la militancia y de los ataques en Afganistán, dándole a los elementos pro-talibanes libertad para reclutar, entrenar y armar", añade el informe.
Cuando la periodista Carlotta Gall, corresponsal del diario The New York Times, vistió la frontera afgano-pakistaní en enero, descubrió "señales de que las autoridades de Pakistán fomentan a los insurgentes, si no los auspician".
En las provincias pakistaníes fronterizas con Afganistán abundan las madrasas (escuelas islámicas), de donde surgen combatientes musulmanes. El número de partidarios del terrorismo islámico en Pakistán se estima en cientos de miles.
"El principal centro del terrorismo mundial es Pakistán", dijo Rubin en un testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
La actitud tolerante del gobierno de Musharraf con el extremismo islámico se explica como una estrategia para usar a los partidos políticos de esa ideología como base de apoyo para contrarrestar a las fuerzas democráticas opuestas al régimen instaurado en el golpe de Estado de 1999.
Musharraf ayudó al partido Jammat-e-Islami, que tuvo en el pasado vínculos con Al Qaeda, y a otros cinco grupos musulmanes aliados a ganar las elecciones regionales de octubre de 2002 en las provincias fronterizas con Afganistán.
Luego de esa victoria electoral, líderes de esos partidos comenzaron a colaborar activamente en las operaciones transfronterizas del Talibán y de Al Qaeda.
Funcionarios de Washington subrayan que los arrestos de varios líderes de Al Qaeda hechos por Pakistán desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington son una evidencia de la buena fe de Islamabad.
Pero el periodista James Risen, corresponsal de The New York Times, señaló en su libro "State of War" ("Estado de guerra") que el gobierno de Musharraf está lejos de cooperar con Estados Unidos en los esfuerzos para destruir a Al Qaeda.
Risen indicó que miembros de esa red terrorista instalaron un nuevo centro de operaciones en Waziristán del Sur tras huir de Afganistán en 2002, y que los militares pakistaníes impidieron que las fuerzas estadounidenses los persiguieran.
Agentes de la CIA luego se instalaron en Pakistán para buscar al líder terrorista saudita Osama bin Laden, pero estos eran siempre escoltados por funcionarios pakistaníes que limitaban sus acciones, aseguró Risen.
* Gareth Porter es historiador y experto en políticas de seguridad nacional de Estados Unidos. "Peligro de dominio: Desequilibrio de poder y el camino hacia la guerra en Vietnam", su último libro, fue publicado en junio de 2005.
