El aplazamiento de la ejecución en Arabia Saudita de una mucama nacida en Sri Lanka atrajo la atención internacional sobre el sistema judicial de ese país de Medio Oriente, que condena a muerte sin otorgar a los acusados el derecho a la defensa legal.
Rizana Nafeek, una inmigrante de 19 años que trabajaba como empleada doméstica, fue sentenciada a la pena capital el 16 de junio, tras ser encontrada culpable de matar intencionalmente a un bebé de cuatro meses, en mayo de 2005, que se ahogó mientras le daba la mamadera.
La joven tenía 30 días para presentar una apelación, que vencían el 16 de este mes. En caso contrario, sería decapitada con una espada y su cadáver expuesto en público como disuasión para hipotéticos futuros delincuentes.
Su ejecución se hubiera sumado a las más de 100 ya realizadas en lo que va del año, en un país que registra una escalada de muertes provocadas por el Estado, según denunció Amnistía Internacional.
La mayoría de los condenados son extranjeros. Arabia Saudita tiene una población de 27 millones, que incluye 5,5 millones de inmigrantes. El año pasado, según Amnistía, fueron ejecutadas 39 personas, 26 de ellas ciudadanos de otros países.
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La postergación de último minuto de la ejecución de Nafeek fue obtenida por la Comisión Asiática de Derechos Humanos (AHRC, por su sigla en inglés), con sede en Hong Kong, que lanzó una campaña internacional a favor de la joven. Con aprobación de la embajada de Sri Lanka en Arabia Saudita, la comisión pagó los honorarios de un estudio legal en Riyad para apelar judicialmente la condena.
"Presentamos la apelación en término", le dijo a IPS el viceministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, Hussain Bhaila, antes de viajar a la capital de Arabia Saudita este fin de semana en misión humanitaria. Lo acompañaron los padres de Nafeek y un líder musulmán local.
El viaje constituye otra vía para salvar la vida de la joven. La intención es lograr una entrevista con los padres del bebé fallecido y, a través de diversos intermediarios, obtener un perdón para Nafeek. También tienen la esperanza de visitar a la joven en prisión.
"No será sencillo reunirse con los padres" del bebé, advirtió Bhaila, quien comentó que la pareja ya había rechazado un encuentro con el embajador de Sri Lanka. Según la ley saudita, sólo los padres pueden otorgar un indulto, al que ya se habían negado cuando fue dictada la sentencia de muerte.
Los esfuerzos internacionales para salvar a la joven ilustran la casi imposibilidad de otros inmigrantes condenados de contar con ayuda legal, incluso si son conscientes de que los asiste ese derecho.
Nafeek proviene de una familia pobre de Sri Lanka y había estado trabajando apenas dos semanas en la casa de su empleador saudita cuando se produjo la muerte del bebé.
El costo de la apelación fue inicialmente fijado en 66.000 dólares, pero la embajada de Sri Lanka logró reducirlos a 38.000.
Aunque ahora se procederá a la revisión del caso, los abogados todavía están esperando que los funcionarios sauditas les entreguen documentos esenciales, como una copia de la sentencia. Una semana antes del fin del plazo para presentar la apelación, la embajada de Sri Lanka hizo un "pedido urgente" para la obtención de éste y otros elementos clave que necesitan los defensores.
Nafeek cuenta ahora con asistencia de un abogado por primera vez desde que fue arrestada. Durante el juicio, no tuvo asesoramiento legal, señaló la AHRC. Lo mismo ocurrió con otros cuatro inmigrantes de Sri Lanka ejecutados en febrero de este año por robo a mano armada, indicó Amnistía Internacional.
Estos casos pueden ser representativos de otros en los que la vida de trabajadores inmigrantes está en juego.
Nafeek fue forzada a firmar una declaración inculpatoria, utilizada luego en el juicio para condenarla por estrangular al bebé.
"La policía la trató muy duramente. No tuvo asistencia de un traductor o de alguien que le explicara lo que estaba sucediendo", señaló la AHRC.
En el caso de los cuatro trabajadores decapitados, ellos dijeron al juez que habían sido golpeados por la policía durante el interrogatorio.
Uno de ellos dijo en una entrevista telefónica con un representante de la entidad de derechos humanos Human Rights Watch, una semana antes de la ejecución, que de no mediar la confesión que le obligaron a firmar, probablemente no habría sido condenado a muerte.
Asimismo, agregó que el juez en ningún momento le informó de que podía apelar la sentencia, ni una copia de la misma le fue entregada a ninguno de los cuatro. Según Amnistía, otro de los condenados creyó que había recibido una pena de 15 años en prisión.
La conducta del juez en el caso de Nafeek está bajo estudio. Según la AHRC, la joven les informó que tenía 17 años cuando llegó a Arabia Saudita en 2005, no 23. La fecha de nacimiento en su pasaporte fue falsificada por la agencia de empleos. En tal caso, ella era menor de edad en el momento de la muerte del bebé.
El juez no comprobó el hecho, agregó la organización de derechos humanos. El 8 de julio, la embajada de Sri Lanka emitió una declaración en la que confirmó que una copia certificada de la partida de nacimiento de Nafeek demostraba que había nacido el 4 de febrero de 1988.
La legislación saudita establece en 22 años la edad mínima para obtener trabajo, indicó el presidente de la Asociación de Agencias de Empleo en el Exterior en esta capital, Suraj Dandeniya.
La práctica de falsificar documentos está muy extendida. Se estima que entre 10 y 25 por ciento de las mujeres de Sri Lanka que trabajan en el exterior son menores de edad que viajaron con documentos y pasaportes con datos falsos. Actualmente, unos 300.000 ciudadanos de este país trabajan en Arabia Saudita, un tercio de los cuales son mujeres de religión musulmana.
"Todos los involucrados en este proceso ilegal son culpables, no sólo las agencias de empleo", dijo Dandeniya.
David Soysa, director del Centro de Trabajadores Emigrantes, una institución con sede en esta capital que ofrece ayuda a quienes se trasladan al exterior, indicó que el caso de Nafeek ilustra la falta de preparación de los emigrantes respecto de sus deberes y labores en una casa de familia en Medio Oriente.
La Oficina de Empleo en el Exterior de Sri Lanka, una dependencia gubernamental que promueve los empleos en el extranjero, sólo ofrece 12 días de entrenamiento.
"Hay un obvio problema de falta de preparación. Ella no sabía qué hacer si el bebé se atragantaba mientras lo alimentaba, algo que es común. Una persona entrenada hubiera manejado el problema fácilmente", dijo Soysa.
Por otra parte, la situación de Nafeek obedece a un caso de explotación de menores. "Los responsables deben ser castigados", afirmó.
Arabia Saudita firmó la Convención de los Derechos de los Niños, que prohíbe a sus adherentes ejecutar a cualquiera que haya cometido un crimen siendo menor de 18 años.
La apelación en el caso de Nafeek no tiene aún fecha para ser tratada por un tribunal de apelaciones.
