La justicia argentina responsabilizó por hechos «aberrantes, atroces y masivos» al sacerdote Christian Von Wernich, paradigma del compromiso de un sector de la Iglesia Católica con el terrorismo de Estado durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.
El sacerdote de 69 años, detenido desde 2003, comenzó a ser juzgado este miércoles por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Von Wernich se ubicó en la sala detrás de un vidrio reforzado que lo separaba del público, integrado principalmente por miembros de la organización de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo.
El acusado tenía puesto un chaleco antibalas y el cuello blanco de sacerdote. Von Wernich se rehusó a dar testimonio. "No voy a declarar ni voy a aceptar preguntas", dijo. El sacerdote se considera un "prisionero de guerra" sometido "a todo tipo de torturas", según una carta suya difundida en marzo de este año por la revista ultraderechista Cabildo.
Von Wernich, quien se desempeñaba como capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires en la década de 1970 con grado de oficial, está acusado por siete homicidios, 42 secuestros y 31 tormentos. Según testigos, el religioso visitaba los centros clandestinos de detención y exhortaba a los prisioneros a colaborar con sus carceleros.
La policía del distrito era comandada entonces por el extinto general Ramón Camps, que recibía asesoramiento espiritual de Von Wernich.
El también fallecido periodista Jacobo Timerman, fundador y director del diario La Opinión, señaló a Camps como el principal responsable de su secuestro en 1977 y describió las tendencias antisemitas de su captor en el libro "Prisionero sin nombre, celda sin número".
El juicio se inició con la acusación y culminará a mediados de septiembre, una vez que hayan comparecido cerca de 130 testigos, la mayoría sobrevivientes de campos clandestinos de detención que tuvieron contacto con el religioso en sus lugares de cautiverio. El sacerdote buscaba ganarse la confianza de los detenidos para que delataran a sus compañeros.
En la lectura de cargos, la fiscalía aseguró tener "elementos suficientes" para probar que imponía "tormentos psicológicos" a los detenidos y asistía a sesiones de tortura. Todo lo hacía en forma "voluntaria", previo acuerdo con los represores a fin de "quebrar" la voluntad de los cautivos.
Organismos de derechos humanos estiman que alrededor de 30.000 personas fueron secuestradas y asesinadas por la dictadura militar argentina. Una comisión especial establecida por el ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) recibió denuncias personalizadas que dieron testimonio de al menos 8.500 "desapariciones".
En diálogo con IPS, el periodista Hernán Brienza, autor del libro "Maldito tú eres" sobre la vida de Von Wernich, sostuvo que es apenas "la figura más emblemática" del conjunto de 30 capellanes militares que fueron vistos en diversos campos de detenidos durante la dictadura.
"Me llamó la atención desde el punto de vista humano que alguien que proclama la palabra de Jesús y que habla a los feligreses desde el púlpito sea capaz de hacer las cosas que hizo este hombre. Evidentemente fue una política. Si no fue de la Iglesia, sí lo fue de las capellanías militares que fueron cómplices de la represión", señaló Brienza.
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien fue citado a declarar como testigo, comentó a IPS que durante el régimen "hubo representantes de la Iglesia comprometidos con el Evangelio y otros con la dictadura" y citó al entonces obispo de La Plata, el ultraconservador Antonio Plaza, a quien respondía Von Wernich.
Sacerdotes y obispos enfrentaron a la dictadura militar, aunque quizás en menor número que sus pares de Brasil y Chile.
Cinco sacerdotes palotinos fueron masacrados en Buenos Aires y el obispo de la provincia de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli, murió el 4 de agosto de 1976 en un accidente automovilístico que está considerado como un asesinato organizado por los militares para silenciar sus críticas.
Pérez Esquivel destacó que "es la primera vez en el mundo que un sacerdote es acusado por crímenes de lesa humanidad" y consideró que se trata de "un hecho muy significativo" que debe hacer reflexionar a toda la sociedad acerca de la participación que tuvieron otros jerarcas religiosos en la desaparición forzosa de personas.
Este mismo punto fue destacado por el presidente Néstor Kirchner. Calificó al proceso contra Von Wernich como una "jornada histórica" y dijo que el sacerdote "deshonra a la Iglesia".
Brienza recogió el testimonio de sobrevivientes y familiares de víctimas que pasaron por cinco centros de detención de la provincia de Buenos Aires en los que fue visto Von Wernich.
Uno de ellos es Osvaldo Lovezzano, quien contó que durante su cautiverio de cuatro meses en la Brigada de Investigaciones de la policía de Buenos Aires presenció cómo el sacerdote recomendaba "hacerle masajes" a un prisionero que se quejaba del dolor que le habían provocado las torturas con picana eléctrica.
Otro testigo que sobrevivió a la represión y que conoció al religioso fue Luis Velazco. Recordó que Von Wernich decía: "¿Saben qué pasa, muchachos? Ustedes le hicieron mucho mal al país con tanto terrorismo, tantas bombas. Atentaron contra la patria y contra Dios, y con eso no se juega".
La amplia mayoría de las víctimas de la represión militar no formaban parte de los grupos guerrilleros que actuaron en ese periodo. Eran simplemente opositores a la dictadura que jamás empuñaron un arma o colocaron una bomba.
Velazco señaló que otro detenido, quien permanece como desaparecido, Héctor Baratti, le preguntó a Von Wernich qué culpa tenía su pequeña hija, nacida durante el cautiverio de su madre, Elena de la Cuadra, desaparecida al igual que la niña. "Los hijos pagarán la culpa de sus padres", respondió el sacerdote.
Según el relato de jóvenes que cumplían con el servicio militar obligatorio en esos años, capellanes de las unidades del ejército decían que matar a una "subversiva" embarazada no era pecado, ya que el bebé también iba a ser un "subversivo". Von Wernich está acusado por siete homicidios de militantes de la agrupación guerrillera Montoneros, identificada con la extrema izquierda del Partido Justicialista (peronista). Familiares de las víctimas coincidieron en declarar que él se encargó personalmente de recolectar dinero, 1.500 dólares por cada familia, según Brienza, para que los detenidos fueran sacados del país.
Fue una trampa, todos fueron asesinados. En 1984, el policía Julio Emmed declaró ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que estuvo junto a Von Wernich en el momento en que el médico policial Jorge Bergés les aplicó una inyección letal a cuatro de los militantes. A pesar de los testimonios en su contra, el religioso vivió en libertad hasta 2003. En 2005, en vísperas de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de amnistía que beneficiaron a represores, Brienza encontró al sacerdote en Chile, donde se desempeñaba como párroco con el apellido "González".
Pocos meses después, el sacerdote se entregó a la justicia argentina. En ese momento admitió que visitaba a los detenidos, se amparó en el secreto de confesión y dijo no recordar las referencias de los testigos acerca de su complicidad en las sesiones de tortura.
También reconoció que bautizó a una niña nacida durante el cautiverio de su madre, la desaparecida Liliana Galarza, y que para hacerlo pidió permiso al obispo Plaza.
El juicio es el tercero que se realiza desde 2005, cuando se declararon inconstitucionales las leyes de amnistía que habían sido sancionadas a mediados de la década de 1980, en momentos en que los militares aún constituían una amenaza para la democracia y habían protagonizado dos alzamientos contra el gobierno constitucional de Alfonsín en protesta por el juzgamiento y condena de represores.
El primero fue contra el suboficial de la Policía Federal Julio Simón, condenado en 2007. Poco después se sentenció a un ex comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz. En el marco de este proceso desapareció el testigo Jorge Julio López, de 77 años, quien testificó en contra del acusado. Se intenta ubicar a López desde hace nueve meses.
El fantasma de esa desaparición generó un clima de temor entre los testigos del juicio a Von Wernich. Dos de ellos se negaron a hablar con IPS luego de que se conociera que el domicilio de la testigo Felisa Marilaf fue violado por desconocidos que se llevaron documentos que iban a ser utilizados en el proceso judicial.
Entidades de derechos humanos responsabilizaron al gobierno por la integridad física de los testigos de este nuevo proceso. La organización Justicia Ya, que reúne a una decena de entidades humanitarias, señaló que la falta de esclarecimiento sobre la desaparición de López "sólo genera más impunidad".
Para proteger a los testigos, el Ministerio del Interior creó este año el programa Verdad y Justicia y designó como responsable al funcionario Marcelo Saín. Pérez Esquivel, sin embargo, señaló a IPS que ese programa aún no cuenta con un lugar físico donde funcionar y carece de personal y presupuesto.
