Una marcha en defensa de las autonomías indígenas desde la ciudad central de Santa Cruz de la Sierra hasta la capital de Bolivia, Sucre, pone marco al ciclo final de la Asamblea Constituyente, prolongado hasta el 14 de diciembre.
Unos 400 hombres, mujeres y niños de grupos étnicos de zonas tropicales agrupados en la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) volvieron a la carretera y emprendieron el fin de semana una caminata de 608 kilómetros entre Santa Cruz de la Sierra y la sede de la Constituyente, instalada desde agosto de 2006 en Sucre.
Como en 1990, cuando decenas de indígenas dieron el primer paso por la defensa de su territorio y por las reformas constitucionales, con una marcha de 600 kilómetros entre la norteña ciudad de Trinidad, y La Paz, sede del gobierno, hoy se repiten las movilizaciones a favor de las autonomías para 36 grupos étnicos.
La protesta y presión sobre los 255 asambleístas surge una semana después de que una masiva concentración de habitantes de Santa Cruz de la Sierra se pronunció a favor de establecer la autonomía de cuatro departamentos, pero en contra de la autogestión indígena, bajo el argumento de que una mayor descentralización representaría una amenaza para la unidad del país.
El dirigente de la Cidob, Adolfo Chávez, afirmó que la movilización defiende las autonomías indígenas, su representación en el Poder Legislativo, la creación de un Estado plurinacional y el respeto a sus territorios y recursos naturales.
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Las acciones de los indígenas orientales comienzan a pocos días de la ampliación del período de deliberaciones de la Constituyente hasta el 14 de diciembre, aunque quienes dirigen el proceso intentan aprobar una nueva carta magna antes del 6 de agosto, cuando vencía el plazo original de las sesiones de la Asamblea.
A pesar de la independencia de gestión reclamada por los asambleístas, las normas obligarán a tramitar la extensión de los debates en el Congreso legislativo, donde el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) posee mayoría.
En 11 meses de sesiones, han quedado definidas dos visiones del país, y los ejes de discusión tienen relación con las autonomías, la posesión de la tierra y los recursos naturales, la forma de administración descentralizada y el Estado laico, dijo a IPS el coordinador de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, Franklin Pareja.
La Constituyente "genera una confrontación dialéctica y no beligerante", explicó Pareja. Además, se han incorporado otros temas, como la demanda de las autoridades de Sucre para que los poderes Ejecutivo y Legislativo se muden a la capital.
Actualmente, sólo el Poder Judicial está radicado en Sucre, capital de la República desde su fundación en agosto de 1825.
El cambio de sede de gobierno se ha convertido en "elemento de chantaje" de los constituyentes de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, también denominados la "media luna", que impulsan esa reforma a cambio del tratamiento de las autonomías regionales, el asunto que es de su verdadero interés, comentó Pareja.
La construcción del nuevo Estado, en su opinión, es propuesta desde dos posiciones: una nueva arquitectura gubernamental desde las autonomías indígenas y otra con base en las autonomías departamentales.
Para llegar a este punto se atravesó un proceso complejo, en el marco de una crisis política y económica y una polarización entre los sectores dominantes del occidente rico y más desarrollado y del oriente empobrecido, dijo a IPS el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Roberto Aguilar.
La presidencia de la Asamblea tuvo que vencer una imagen externa negativa de aparente lentitud del trabajo, en medio de un aprendizaje para construir consensos, mientras los partidos políticos jugaron a los extremos del fracaso o a la aplicación de visiones radicales, expresó.
Exactamente esos extremos se manifestaron la semana pasada en Santa Cruz.
El Comité Cívico Pro Santa Cruz, una organización liderada por empresarios y terratenientes, celebró el primer aniversario de la victoria en las urnas de la propuesta de autonomía departamental, presentando un polémico estatuto que supone dominio absoluto de las tierras, riquezas naturales, justicia y fuerzas del orden del departamento, además de proponer el control migratorio de los bolivianos que quieran radicarse en tierras cruceñas.
Casi de modo simultáneo, los indígenas orientales comenzaron su caminata en franca oposición a esa propuesta conservadora. Emplearán entre dos y tres semanas para llegar a Sucre donde expondrán su fortaleza ante los asambleístas.
Pero los indígenas del oriente no fueron los primeros en presionar a la Asamblea Constituyente, que ya recibió en la tranquila Sucre a violentos universitarios de casas de estudio estatales, en defensa de las autonomías administrativas, y a estudiantes de universidades privadas abogando por sus instituciones de enseñanza.
Aguilar está convencido de que un Estado pluricultural no representará una desintegración del país y sugiere una adecuada distribución de competencias y acceso a las decisiones para consolidar el proceso de descentralización.
"La autonomía es una forma de arquitectura del Estado y no tiene nada que ver con la fragmentación y no debe tener relación con una confrontación étnica", coincidió Pareja.
La autonomía es un modo de crear una estructura estatal bajo la ingeniería fiscal de desconcentración del poder, para permitir a las regiones la adopción de cualidades de autogobierno, explicó Pareja.
Estados federales como Brasil, Argentina y Estados Unidos no corren riesgos de desmembramiento por haber otorgado autonomía a sus regiones, agregó.
Pero hay que anteponerse a las visiones irreconciliables, pues "el discurso autonómico no puede ser instrumento de la clase dominante para proteger intereses particulares y tampoco debe ser empleado por sectores afines al gobierno como rediseño radical de la territorialización", advirtió.
Tras la desazón y descrédito de los partidos tradicionales, el gobierno de Evo Morales, investido de legalidad, tiene el desafío histórico de reconducir al país en el marco de la democracia como la mejor forma de convivencia, opinó Pareja.
