El ruido de motores, bocinazos en desconcierto, gente marchando y gritando consignas, explosiones pirotécnicas o dinamitazos comienzan a ahogar al corazón urbano de La Paz, la sede de gobierno de Bolivia, y obligan a pensar en soluciones de mediano plazo.
Con 3.850 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en su parte más alta y 3.400 m.s.n.m. en la más baja, la urbe concentra cerca de un millón de habitantes, la mayoría de origen aymara o parte del mestizaje heredado de la colonia española, que se expresa en la piel morena y el pelo negro de una raza combativa en tiempos de turbulencia política y laboriosa en tiempos de calma.
La migración desde zonas rurales a la contigua ciudad de El Alto, un gigantesco suburbio ubicado en la altiplanicie, y el traslado de centenares de personas al centro paceño para realizar actividades administrativas en el enorme aparato estatal, en el sector privado y en el comercio formal y de puestos de venta callejeros, inundan una urbe diseñada en función de los caprichos de la geografía.
Estrechas calles de piedra cortada donde apenas cabe un vehículo, rodeadas de aceras en las cuales cabe una persona, suben y bajan formando pendientes de hasta 45 grados, dejando poco espacio a la originalidad de los urbanistas y estableciendo un ambiente muy íntimo, pero fuera del contexto de una ciudad del siglo XXI.
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La presencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo crea el escenario apropiado para las expresiones de protesta, demandas sociales, laborales y otras orientadas a modificar las decisiones del gobierno. Esta concentración de instituciones que deciden el futuro de los ciudadanos ha llevado a una asfixia sentida por los habitantes.
"La ciudad está al borde del colapso", afirma a IPS el especialista del Instituto de Transportes y Vías de Comunicación de la estatal Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Yanaguaya.
El cita un estudio realizado al mediodía de una jornada de lento tráfico vehicular y congestionamiento en la céntrica Plaza del Estudiante y sus alrededores, que determinó el consumo de 680 litros de gasolina por parte de 2.000 vehículos durante una hora.
Cada vehículo alcanzó un promedio de velocidad de siete kilómetros por hora, mientras las estimaciones señalan que una persona camina a una velocidad de cinco kilómetros por hora.
Es habitual la presencia de manifestantes interrumpiendo el tránsito en el eje central de la avenida Mariscal Santa Cruz y, en función del número de personas, los motorizados emplean hasta una hora en cubrir los tres kilómetros del centro paceño, si la vía no es cerrada con un bloqueo, una práctica frecuente entre los métodos de presión de los sectores sociales organizados.
Las pérdidas del comercio por las manifestaciones, de los transportistas por la suspensión del tránsito y de otras actividades no han sido cuantificadas, pero generan preocupación entre los empresarios.
Víctor, un joven lustrabotas ubicado en el frontis del edificio principal del gobierno municipal de La Paz, relata que durante los días de manifestaciones limpia sólo 15 pares de calzados, mientras en días de normalidad puede lustrar hasta 30 pares y lograr un ingreso aproximado de dos dólares.
Yanaguaya comenta que la ciudad ha llegado a un momento de decisiones políticas para resolver el problema vial, en defensa de 86 por ciento de las personas que emplean servicios de transporte público, frente a una minoría integrada por propietarios sindicalizados de vehículos de alquiler.
"El gobierno municipal no ha tomando en cuenta a los pobres" en sus planes de desarrollo urbano, asegura y reclama la aplicación de un moderno sistema de transporte masivo que posee sus bases en un estudio de consultoría financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las organizaciones gremiales del transporte público poseen una gran capacidad de presión y fuerte apoyo de partidos políticos de derecha, gracias a los cuales lograron ampliar su actividad con la circulación diaria de 17.000 vehículos que comprenden autobuses, microbuses, furgonetas (minibuses), taxis y "trufis" (taxis de línea fija), según Yanaguaya.
Pero la explosión de peatones, comerciantes y transportistas en el centro de La Paz tiene una explicación social y económica para el director del Programa de Revitalización Urbana (PRU) del gobierno municipal, Marco Camacho, quien revisa la historia de las grandes ciudades de América Latina durante las décadas de 1980 y 1990, y concluye que las reformas estructurales alentaron al comercio informal a invadir las zonas de grandes concentraciones de personas.
"Sólo en La Paz, 270.000 personas circulan por la zona central", explica a IPS. Este grupo humano es potencial comprador de las baratijas, ropa usada y alimentos que miles de comerciantes ofrecen en puestos improvisados en las veredas de las estrechas calles.
Entre 1985 y 1989, el gobierno redujo la planta administrativa del aparato estatal en 30.000 empleos, y muchos hallaron cobijo en el comercio callejero, una actividad que no contribuye con impuestos y elude el costo de los servicios de agua potable y energía eléctrica que tiene el comercio formal, explica Camacho.
Los edificios privados que antes eran empleados por empresas importadoras de textiles, de electrodomésticos y productos diversos, hoy se han convertido en tiendas de múltiples ofertas artesanales, a manera de galerías comerciales, y han depreciado el valor de los inmuebles, explica el director del PRU.
Al cuadro social anterior, Camacho agrega la deficiencia del sistema de drenaje y recuerda el fatídico 19 de febrero de 2001, cuando una tormenta desencadenó una crecida de las aguas que barrieron con el eje central de la ciudad, con olas de hasta tres metros de alto que provocaron la muerte de 42 personas en media hora.
Desde su oficina, ubicada en pleno paseo de El Prado, Camacho dirige un programa de 34 millones de dólares que comenzó con un plan de prevención de riesgos que ha desenterrado viejos sistemas de canalización, remueve toneladas de tierra, interrumpe las vías, pero intenta devolverle la seguridad al ciudadano para los tormentosos meses de enero a marzo, la temporada de lluvias.
En el casco viejo de la ciudad, rodeado por construcciones de la colonia española y la República, Camacho ha trazado un ambicioso plan de crear centros comerciales en los cuales desea albergar a cientos de vendedores informales para liberar las calles y facilitar el tránsito de personas y vehículos.
A pesar de las discrepancias con organizaciones de arquitectos, el plan ha comenzado con la construcción de una pasarela peatonal en la conflictiva plaza Lucio Pérez Velasco, el lugar por donde el paso de vehículos es casi obligatorio, y continuará con la ampliación de la histórica Plaza San Francisco, para devolverle al lugar el espacio de manifestaciones sociales sin dejar de lado el rescate del patrimonio arquitectónico, explica.
La tarea continuará hasta concluir con la construcción del Parque Urbano Central sobre una superficie de 40 hectáreas ubicadas entre la zona central y el barrio tradicional de Miraflores, allí donde se eleva la colina Laikakota, desde la cual se tiene una impresionante vista panorámica del sur de la ciudad.
El conjunto de obras representa un apoyo al desarrollo económico y social y al reordenamiento del comercio en las vías públicas de La Paz, afirma Camacho.
