El nuevo sistema de derechos humanos de la ONU definió finalmente su contorno jurídico, merced al entendimiento concertado por una inédita alianza entre los países del Sur y la Unión Europea que dejó aislados a Canadá y Estados Unidos.
El Consejo de Derechos Humanos, creado en marzo de 2006 por la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para reemplazar a la desacreditada Comisión de Derechos Humanos, se dotó esta semana del armazón institucional que deberá permitirle cumplir con su misión de promover y proteger esas garantías fundamentales.
La estructura del nuevo cuerpo mantiene, aunque con variantes, algunos mecanismos de la desaparecida Comisión, pero introduce ciertas innovaciones polémicas, como la implantación de un código de conducta para los expertos independientes que colaboran con la ONU o la supresión de los relatores especiales para Belarús y Cuba.
Pero la gran novedad del Consejo será la puesta en ejecución de un mecanismo de examen periódico de la vigencia de los derechos humanos en todos los países.
Este procedimiento, que deberá iniciarse desde la siguiente sesión del cuerpo, en septiembre venidero, ocupará gradualmente las funciones de los relatores por países designados para investigar casos de abusos graves.
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La elaboración de los mecanismos de "edificación institucional" del sistema de derechos humanos demandó más de un año de debate, y el acuerdo sólo fue posible luego de un entendimiento político entre bloques regionales que tradicionalmente actúan distanciados.
La delegación de Cuba describió esa alianza al explicar con satisfacción cómo obtuvo la eliminación del mandato de la experta de la ONU, Christine Chanet, encargada del seguimiento de las violaciones de derechos humanos en ese país.
El respaldo del Movimiento de Países No Alineados y de otros países en desarrollo fue esencial para lograr este resultado, dijo la representación del gobierno cubano.
"Hasta los países de la Unión Europea, aliados permanentes de los Estados Unidos en sus acciones contra nuestro país" en la antigua Comisión de Derechos Humanos "no les quedó más opción que aceptar" el cese del mandato contra Cuba, agrega la declaración.
Los textos aprobados por los 47 Estados integrantes del Consejo merecieron comentarios favorables de esos gobiernos y también de los países observadores.
Las organizaciones de la sociedad civil mostraron una conformidad más cautelosa y, en general, recibieron con recelo el establecimiento del código de conducta.
El documento aprobado por consenso "es un buen texto, sobre todo si lo comparamos con las declaraciones negativas formuladas por algunos Estados durante el último año", dijo Adrien Claude Zoller, de la organización no gubernamental Ginebra por los Derechos Humanos.
Sin embargo, Zoller aclaró a IPS que "por supuesto, las organizaciones de defensores de los derechos humanos hubieran esperado más".
La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), con sedes en París y Ginebra, expresó que si bien no está totalmente satisfecha con los resultados, se siente aliviada porque la gran mayoría de los mecanismos de protección creados por la antigua Comisión han sido confirmados.
Por su parte, la organización no gubernamental Human Rights Watch, con oficinas centrales en Nueva York, estimó que la eliminación de los mandatos de relatores para Belarus y Cuba fue negociada a cambio del mantenimiento de los expertos que investigan violaciones en Birmania, Burundi, República Democrática del Congo, Haití, Liberia, Corea del Norte, Palestina, Somalia y Sudán.
El representante de México, Luis Alfonso de Alba, presidente del Consejo durante su primer año de funcionamiento, sostuvo que la estructura institucional del nuevo organismo mejora de manera substancial el esquema de la anterior Comisión de Derechos Humanos.
El diplomático mexicano, que entregó este martes la presidencia al delegado de Rumania Doru Costea, admitió que para lograr el documento final "tuvimos que hacer compromisos". No es un texto perfecto, dijo.
La única delegación que cuestionó el acuerdo fue la de Canadá, que objetó la inscripción en el orden del día del Consejo, como un tema permanente, de la cuestión de los territorios palestinos ocupados.
La representación canadiense reprochó que, en contraste, a los mandatos sobre otros países se les fija un término y que se elimine a los relatores de Belarús y Cuba.
Estados Unidos coincidió con esos argumentos. El jefe de la delegación estadounidense, Warren Tichenor, afirmó que las cuestiones de Palestina, Belarús y Cuba, abren serios interrogantes acerca de las prioridades institucionales del Consejo. Tichenor opinó que la estructura jurídica del cuerpo es imperfecta.
Zoller interpretó que la representación canadiense actuó de esa manera porque había recibido instrucciones. Es "un gobierno pro Bush", insistió, en referencia al presidente de Estados Unidos George W. Bush.
El experto de Ginebra por Derechos Humanos evaluó que la delegación canadiense ya no se asemeja a las enviadas por ese país a la Comisión en la década del 90 y a comienzos de la presente. Han cambiado, subrayó.
La representación de Canadá intentó el martes que el Consejo revisara la decisión adoptada la medianoche anterior de aprobar los textos presentados por de Alba.
El nuevo presidente Costea sometió a votación la pretensión canadiense, que fue rechazada por 46 votos contra uno, el propio de Canadá.
El resultado de esa consulta mostró el entendimiento alcanzado entre los cinco grupos regionales, de Africa, América Latina y el Caribe, Asia, Europa del Este, Europa Occidental y otros. Canadá no obtuvo apoyo alguno.
El hecho de que ese gobierno reclame y cuestione todo otra vez, luego de las intensas negociaciones, es totalmente irresponsable, opinó Zoller.
Y no es ciertamente al embajador canadiense a quien hay que culpar. Es su gobierno y probablemente Estados Unidos que les pidió su intervención, dijo.
En su primera reunión del segundo año de sesiones, el Consejo aprobó la propuesta del representante brasileño Sergio de Abreu e Lima Florencio para la designación de las personalidades que acompañarán a Costea en la mesa de la presidencia.
La función de relator del Consejo recayó en el representante permanente de Uruguay, Alejandro Artucio, del grupo de América Latina y el Caribe.
Los tres vicepresidentes elegidos son Mohamed-Siad Doualehof, de Yibuti, por el grupo de Africa, Boudewijin Van Eenennaam, de Holanda, por el Grupo de Europa Occidental y otros países, y Dayan Jayathilake, de Sri Lanka, por el grupo de Asia.
