Los partidos políticos y las organizaciones sociales alzaron unidos su voz en España, incluido el País Vasco, para condenar la decisión del grupo terrorista ETA de poner fin al cese del fuego.
El comunicado emitido este martes, en el que anuncia "el fin del alto el fuego", es en realidad una declaración de una resolución que en la práctica ya lleva varios meses y se manifestó crudamente con el atentado en el aeropuerto de Madrid, donde murieron dos trabajadores de origen ecuatoriano.
Horas después de conocerse el comunicado, el presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, hizo un llamamiento a todos los partidos políticos para lograr la unanimidad contra ETA y aseguró que el Poder Ejecutivo no cederá "a ninguna de las amenazas o desafíos" lanzados por el grupo terrorista.
"Somos un país fuerte, la sociedad española ha mostrado a través de un periodo ya muy largo que su dolor no debilita su fortaleza, que el sufrimiento no merma su determinación. Lo mostrará ahora de nuevo. Sin ceder a ninguna de las amenazas o los desafíos a los que se la quiere someter", apuntó.
El anuncio del alto al fuego no sorprendió a nadie por varios motivos y quizás el más fuerte de ellos ha sido la posición de Zapatero, quien una y otra vez afirmó que, para negociar, ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence) tenía que hacer previamente una renuncia expresa al uso de la violencia y abandonar las armas definitivamente.
Otro motivo para que no sorprendiera es que, durante la última semana, empresarios vascos comenzaron a recibir cartas de ETA extorsionándolos para que paguen lo que ésta denomina "impuesto revolucionario" y que muchos lo pagan para evitar ser víctimas de atentados, ellos o sus familiares.
El tercer aspecto es que en los últimos meses varias sedes del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del opositor centroderechista Partido Popular (PP) y oficinas bancarias, todas en el País Vasco, fueron objeto de ataques con bombas Molotov, los artefactos incendiarios de fabricación casera.
En su comunicado ETA pone como objetivo lograr la independencia del País Vasco y aclara que su territorio debe estar formado por las tres provincias que hoy integran la comunidad autónoma de ese nombre, la de Navarra y tres departamentos de la vecina Francia.
Un objetivo que no apoya la mayoría absoluta de los ciudadanos de esas regiones, como lo demuestran las encuestas al respecto y los resultados electorales.
La gran duda que muchos se plantean es si el "alto al fuego permanente" anunciado por el grupo terrorista el 22 de marzo de 2006 apuntaba realmente a buscar un camino para la paz o si simplemente quería dedicar tiempo a formar nuevos grupos de acción, ya que había sufrido muchos golpes policiales, tanto en España como en Francia, incluyendo la caída de la que se consideraba su máxima dirección. Mientras duró esa tregua autoimpuesta, las fuerzas policiales siguieron actuando y detuvieron a etarras en varias circunstancias, tanto en España como en Francia, lo que no impidió que Zapatero explorase la posibilidad de llegar a la paz, por intermedio de dirigentes socialistas del País Vasco que se reunieron con representantes de Batasuna, el ilegalizado brazo político de ETA.
Una tenue luz de esperanza se abrió el pasado 20 de marzo, cuando Arnaldo Otegui, quien cumplió penas de cárcel por pertenecer a ETA y en la actualidad es portavoz de Batasuna, afirmó que "sería un error" construir la independencia del País Vasco desde la lucha armada.
Esa esperanza se apagó este martes, por lo que se alzaron voces multitudinarias contra ETA. Además de todos los partidos políticos, con sus matices, se puede destacar el pronunciamiento de las centrales patronales y de los sindicatos.
Eduardo Zubiaurre, presidente de la asociación empresarial Adegi, de la provincia de Guipuzcoa, señaló que ETA, "fiel a su trayectoria, se muestra una vez más ciega y sorda al clamor de la inmensa mayoría de la sociedad vasca que le exige su desaparición de una vez para siempre, y renueva su apuesta por extender el dolor y la destrucción".
La Confederación Empresarial Vasca (Confebask) también expresó su "consternación" por el anuncio etarra, que condenó y expresó su convencimiento de que la sociedad vasca seguirá buscando la paz y que, "con su convicción y fortaleza, logrará que, tarde o temprano, ese deseo pueda convertirse en realidad y el terrorismo desaparezca definitivamente de nuestras vidas".
En términos similares se pronuncio el sindicato nacionalista ELA, mayoritario en esa Comunidad y que convocó para el miércoles una concentración en la ciudad vasca de Bilbao en rechazo a la violencia etarra una vez más.
Además acusó a ETA de perjudicar al nacionalismo pues, señaló en un comunicado, "el proceso para imponer socialmente el derecho de este pueblo a decidir debe ser, necesariamente, civil y democrático. La violencia y la coacción no tienen sitio cuando de lo que se trata es de ganar la voluntad de la ciudadanía".
Sin embargo, también se manifiestan disidencias. Desde el Partido Nacionalista Vasco, que encabeza el gobierno del País Vasco, su portavoz afirmó que, pese a la ruptura del alto al fuego, seguirán hablando con el brazo político de ETA pues, dijo su portavoz Iñigo Urkullu, "si hace falta bajar al infierno y hablar con el diablo nosotros hablaremos".
La portavoz de Eusko Alkartasuna (EA, coaligado con el PNV en el Gobierno Vasco), Begoña Errazti, también apostó por el diálogo, pues consideró que sería un "error volver a un esquema de exclusión y no diálogo", por lo que expresó su esperanza de que tanto Batasuna como el gobierno español digan "que es posible el consenso democrático".
En el polo opuesto, el líder del Partido Popular, la principal fuerza de oposición del país, Mariano Rajoy y el secretario de Seguridad y Justicia del mismo, volvieron a criticar al gobierno diciendo que ahora "no tiene otra opción que rectificar su política antiterrorista", pues consideran que "hubo cesiones permanentes" a los etarras.
El PSOE, por su parte, recordó en un comunicado que una situación como la actual ya se conoció en otras oportunidades, aludiendo a las negociaciones e intentos de buscar la paz que hicieron todos los gobiernos desde que se reinstauró la democracia en España, en 1976, entre ellos el del PP (1996-2004).
ETA rompió la tregua, adicionó, "porque el Estado democrático, a través del gobierno, ha mantenido en todo momento con firmeza los principios esenciales de la democracia".
Puntualizó que los pasos dados por el gobierno lo fueron con el respaldo del Parlamento y respetando la ley, "sin precios políticos".
Refiriéndose a las declaraciones de dirigentes del PP, las califica de "irresponsables" y les reprocha que "en lugar de arremeter contra ETA se están dedicando a cargar contra el gobierno de España".
Para culminar exigiendo a Rajoy y a todo el PP "que no sigan por el camino de los últimos tres años", subrayando que la lucha contra el grupo terrorista "nunca debió ser ni debe ser un elemento de confrontación política entre los demócratas. La unidad es más necesaria que nunca y desde el PSOE vamos a trabajar para que en esa unidad también esté el Partido Popular".
